PPD denuncia "golpe de Estado" con reforma judicial

Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes y el Senado, Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández Ortiz, respectivamente, denunciaron que la aprobación del Proyecto del Senado 1096 representa un intento del Partido Nuevo Progresista (PNP) de alterar mediante legislación ordinaria la distribución constitucional de poderes en la Rama Judicial.

Ambos legisladores coincidieron en que la medida, que establece una nueva Ley del Poder Judicial de Puerto Rico y deroga la Ley de la Judicatura de 2003, amenaza la independencia judicial al transferir determinadas facultades administrativas de la presidencia del Tribunal Supremo al pleno de ese organismo.

Ferrer Santiago calificó la iniciativa como un intento de darle un "golpe de Estado" a la Constitución, mientras Hernández Ortiz sostuvo que los cambios propuestos requieren una enmienda constitucional sometida a la consideración del electorado.

"Lo que ocurrió en la Cámara y el Senado es sumamente peligroso para nuestra democracia. La mayoría del PNP, en su afán de controlar las estructuras del Gobierno, pretende darle un golpe de Estado a nuestra Constitución. La Constitución no es un documento que se pueda acomodar a los caprichos políticos de una mayoría legislativa", expresó Ferrer Santiago.

La medida, presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recibió 32 votos a favor y 15 en contra en la Cámara de Representantes el jueves. Posteriormente, el Senado concurrió con las enmiendas camerales, completando el trámite legislativo.

Advierten sobre alteración de facultades constitucionales

Hernández Ortiz, quien también es abogado, argumentó que la legislación pretende modificar una estructura administrativa establecida desde la aprobación de la Constitución de Puerto Rico en 1952.

El senador explicó que durante los pasados 74 años la dirección administrativa de los tribunales ha correspondido al juez presidente del Tribunal Supremo, conforme a las disposiciones del Artículo V, Sección 7 de la Constitución.

Según detalló, la nueva legislación transfiere al pleno del Tribunal Supremo la facultad de designar jueces administradores y de intervenir en el nombramiento de funcionarios subordinados al director administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales.

"Si la Constitución le confía al Juez Presidente el nombramiento del Director Administrativo, no hay justificación para quitarle la facultad sobre funcionarios de menor jerarquía", planteó Hernández Ortiz.

El portavoz senatorial sostuvo que la Legislatura carece de autoridad para modificar mediante una ley ordinaria las responsabilidades que la Constitución asigna expresamente a la presidencia del Tribunal Supremo.

"El PNP señala que este proyecto pretende corregir un alegado error histórico, y eso es falso. El PNP lo que intenta es controlar la administración del Poder Judicial por la vía legislativa", afirmó.

Ferrer cuestiona separación entre autoridad y responsabilidad

Por su parte, Ferrer Santiago advirtió que la redistribución de facultades administrativas podría provocar una separación entre quien tiene la responsabilidad constitucional de dirigir los tribunales y quienes ejercerían determinadas funciones decisionales.

"No se puede separar la autoridad de la responsabilidad y pretender que eso representa una reforma responsable. La mayoría del PNP tiene que explicarle al país por qué insiste en aprobar una medida que levanta serias preocupaciones sobre la independencia y el funcionamiento de una de las ramas de nuestro Gobierno", manifestó.

El representante también cuestionó que la mayoría legislativa desatendiera las advertencias presentadas por la Rama Judicial durante el proceso de evaluación de la medida.

Ambos portavoces populares insistieron en que cualquier modificación sustancial a la estructura constitucional de administración de los tribunales debe realizarse mediante el procedimiento correspondiente de enmienda a la Constitución.

"Si el PNP entiende que es necesario cambiar la distribución de responsabilidades que establece nuestra Constitución, ¿por qué no sigue el proceso de enmienda constitucional y somete ese cambio a la consideración del pueblo? ¿Por qué pretende hacerlo mediante una ley ordinaria?", cuestionó Ferrer Santiago.

Hernández Ortiz coincidió con ese planteamiento al sostener que la decisión debe recaer en los electores.

"Si el PNP entiende que la estructura del Poder Judicial debe cambiar, el camino no es una nueva Ley del Poder Judicial, es una enmienda a la Constitución de Puerto Rico y que el Pueblo sea quien decida mediante el voto en las urnas", sentenció.

PNP defiende administración colegiada

Los defensores del Proyecto del Senado 1096 sostienen que la medida moderniza la organización de los tribunales y fortalece la participación del pleno del Tribunal Supremo en las decisiones administrativas.

Según la exposición oficial del Senado, la legislación reafirma un modelo de administración compartida entre el Tribunal Supremo y su presidencia, además de reorganizar oficinas administrativas y eliminar progresivamente la categoría de jueces municipales.

Sin embargo, los portavoces populares rechazan que esas modificaciones puedan justificarse como una simple reorganización administrativa y consideran que afectan el balance de poderes establecido constitucionalmente.

La controversia plantea una disputa jurídica sobre el alcance de las facultades que la Constitución asigna a la presidencia del Tribunal Supremo frente a las competencias administrativas y reglamentarias del pleno. La alegada inconstitucionalidad de las disposiciones cuestionadas no constituye, por el momento, una determinación judicial.

Emplazan a Jenniffer González a ejercer el veto

Ferrer Santiago y Hernández Ortiz solicitaron expresamente a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el proyecto antes de que se convierta en ley.

El reclamo coincide con la posición de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, quien también ha advertido sobre las consecuencias institucionales de la medida y solicitado un veto.

"La gobernadora tiene ante sí una decisión trascendental. Puede detener este atropello al orden constitucional o permitir que se convierta en ley una reforma que compromete el diseño constitucional de la administración judicial", expresó Ferrer Santiago.

Con el trámite legislativo completado, la controversia se traslada ahora a La Fortaleza, donde González Colón deberá decidir si firma o veta la legislación.

Mientras el PNP sostiene que la reforma moderniza la Rama Judicial, los portavoces populares insisten en que las modificaciones administrativas propuestas invaden facultades protegidas por la Constitución.

De convertirse en ley, las disposiciones cuestionadas podrían ser objeto de impugnaciones judiciales dirigidas a determinar si la Asamblea Legislativa excedió sus facultades al modificar la estructura de administración de los tribunales.