Alza eléctrica pone en riesgo farmacias de comunidad

La Asociación de Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFCPR) advirtió este jueves que los recientes aumentos en la tarifa eléctrica podrían provocar reducciones de horarios, limitaciones en servicios clínicos e incluso el cierre de establecimientos, poniendo en riesgo el acceso a medicamentos y servicios esenciales de salud en distintas comunidades de la Isla.

El presidente de la Junta de Directores de la organización, el farmacéutico Isaías Serrano, denunció que los incrementos en los costos energéticos, combinados con otros gastos operacionales, están comprometiendo la estabilidad económica de estos pequeños y medianos negocios.

La situación se agravó con el aumento de 5.28 centavos por kilovatio hora (kWh) aprobado por el Negociado de Energía para el trimestre de octubre a diciembre de 2026, que representa un incremento aproximado de 17.1% para el pequeño comercio de referencia.

Según Serrano, algunas farmacias enfrentan aumentos cercanos al 20% en sus facturas eléctricas, sin contar los gastos adicionales relacionados con generadores de emergencia y combustible.

Farmacias no pueden transferir el aumento a los pacientes

Una de las principales dificultades del sector es su limitada capacidad para recuperar los costos adicionales mediante aumentos en los precios de los medicamentos recetados.

Serrano explicó que, a diferencia de las grandes cadenas comerciales, las farmacias de comunidad dependen de las ventas del recetario para más del 80% de sus ingresos.

Los precios y reembolsos por medicamentos están sujetos a acuerdos con los Manejadores de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) y programas gubernamentales como el Plan Vital, lo que limita la capacidad de estos establecimientos para trasladar los aumentos operacionales directamente a los pacientes.

Esta situación reduce los márgenes económicos de las farmacias, que deben continuar pagando electricidad, empleados, alquileres, inventarios y otros gastos indispensables para mantenerse abiertas.

Medicamentos y vacunas dependen de la electricidad

La Asociación destacó que las farmacias tienen necesidades energéticas particulares que las distinguen de otros establecimientos comerciales.

Entre ellas figura la obligación de mantener refrigerados medicamentos como la insulina y determinadas vacunas, cuya conservación requiere temperaturas controladas para preservar su seguridad y efectividad.

Además, estos establecimientos necesitan electricidad para operar sistemas de dispensación, expedientes electrónicos, equipos de facturación y servicios clínicos como vacunación, pruebas diagnósticas y manejo de condiciones crónicas.

Las constantes interrupciones eléctricas también obligan a invertir en generadores y combustible para garantizar la continuidad de sus operaciones y proteger los medicamentos almacenados.

De acuerdo con la organización, la combinación de aumentos tarifarios e inestabilidad del sistema eléctrico amenaza particularmente a las farmacias independientes que operan con márgenes económicos reducidos.

Reclaman acción del Negociado de Energía

Serrano hizo un llamado al presidente del Negociado de Energía, Edison Avilés Deliz, para evitar nuevos incrementos tarifarios que agraven la situación de los comerciantes.

“Los pequeños y medianos comercios de la isla no aguantamos un aumento más”, advirtió el farmacéutico.

La organización recordó que el pasado 5 de febrero remitió una comunicación al organismo regulador exponiendo las dificultades que enfrentan las farmacias como consecuencia de los continuos aumentos eléctricos.

También ha planteado la posibilidad de establecer una tarifa diferenciada para las farmacias de comunidad, reconociendo su función como proveedores de servicios esenciales de salud.

Un problema que afecta a toda la cadena de salud

La advertencia del sector farmacéutico se suma a las preocupaciones expresadas recientemente por hospitales y otras instituciones de salud ante el encarecimiento de la electricidad.

Mientras los hospitales alertan sobre posibles cierres y mayores costos para los planes médicos, las farmacias independientes enfrentan dificultades para sostener sus operaciones sin reducir servicios a sus pacientes.

Actualmente, Puerto Rico cuenta con aproximadamente 850 farmacias de comunidad, según datos citados por la Asociación.

Aunque la organización no presentó una cifra específica de establecimientos que podrían cerrar, advirtió que nuevos aumentos representarían una amenaza para la continuidad de estos negocios.