Presentan medida para fortalecer derechos de estudiantes embarazadas

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a las senadoras Joanne Rodríguez Veve, Marially Álvarez Conde, Migdalia Padilla Alvelo y Zoé Soto Tolentino, radicó el 9 de abril el Proyecto del Senado 1192, que busca enmendar la Ley Núm. 220 de 2004, conocida como la Ley de la Carta de Derechos de la Estudiante Embarazada, para modernizar y fortalecer los mecanismos de protección, divulgación y apoyo académico a estudiantes embarazadas en escuelas públicas y el sistema universitario público, incluyendo la Universidad de Puerto Rico.

La medida establece que el Departamento de Educación deberá mantener la Carta de Derechos "disponible de forma continua y prominente en su portal oficial en internet, optimizada para dispositivos móviles", con una sección titulada "Ruta de Apoyo a la Estudiante Embarazada" que incluya los derechos reconocidos, el proceso para solicitar acomodos académicos, referidos a recursos de salud materno-infantil y una guía clara de cómo radicar querellas por discrimen, hostigamiento o represalia por razón del embarazo.

Una de las adiciones más concretas del proyecto es la creación del Enlace de Apoyo a la Estudiante Embarazada en cada plantel escolar y por recinto universitario. Según el texto, este enlace coordinará a solicitud de la estudiante un Plan Individual de Continuidad Académica que podrá incluir "ausencias justificadas por citas o condiciones médicas relacionadas al embarazo, reprogramación razonable de evaluaciones y alternativas temporeras equivalentes para cumplir requisitos académicos." El cargo puede ser asumido por personal ya existente en el plantel.

La medida también establece protecciones expresas contra represalias. El texto dispone que "ninguna estudiante podrá ser objeto de represalia, hostigamiento, intimidación, trato adverso, o discrimen por divulgar su embarazo, solicitar información, solicitar o utilizar acomodos, acudir al Enlace, solicitar referidos, o presentar o intentar presentar una querella relacionada con su embarazo."

Para asegurar cumplimiento, el proyecto requiere que el Departamento de Educación y la UPR rindan un informe anual a la Asamblea Legislativa no más tarde del 30 de septiembre de cada año, con métricas de cumplimiento, barreras identificadas y recomendaciones. La ley entraría en vigor treinta días luego de su aprobación.