Proyecto Dignidad rechaza bajar mayoría de edad a 18 años
El partido advierte riesgos legales y pide no repetir errores del pasado
Por Redacción InDiario|Política|
Proyecto Dignidad expresó su oposición al Proyecto del Senado 1245, medida que propone reducir la mayoría de edad en Puerto Rico de 21 a 18 años, al entender que, aunque la propuesta busca adelantar la autonomía económica de los jóvenes, podría provocar conflictos legales y consecuencias no previstas para las familias.
La colectividad sostuvo que el proyecto aparenta estar dirigido a facilitar que jóvenes mayores de 18 años puedan contratar, emprender y participar con mayor libertad en transacciones comerciales. Sin embargo, advirtió que el texto de la medida no define con suficiente claridad cómo se armonizaría ese cambio con leyes especiales que todavía utilizan los 21 años como criterio para reconocer derechos, beneficios y protecciones.
Entre las preocupaciones señaladas por Proyecto Dignidad figuran posibles efectos sobre obligaciones alimentarias administradas por ASUME, cubiertas bajo planes médicos familiares y otras protecciones dirigidas a jóvenes entre 18 y 21 años que aún dependen económica o académicamente de sus padres.
La presidenta de la colectividad, Nilda Pérez, indicó que el partido favorece que exista coherencia entre los derechos y responsabilidades reconocidos a los ciudadanos de 18 años, pero insistió en que cualquier cambio debe hacerse con cautela.
“Proyecto Dignidad favorece que exista coherencia entre los derechos y responsabilidades que nuestra sociedad reconoce a los ciudadanos de 18 años. Sin embargo, cualquier modificación a la mayoría de edad debe preservar la estabilidad familiar, proteger a los jóvenes más vulnerables y garantizar que la libertad vaya acompañada de responsabilidad”, expresó Pérez.
La oposición del partido también se apoya en la experiencia previa de Puerto Rico con este tema. En el año 2000, la Ley Núm. 289 redujo la mayoría de edad a los 18 años, pero menos de un año después fue derogada mediante la Ley Núm. 59-2001, luego de que surgieran múltiples consecuencias jurídicas no anticipadas en distintas áreas del ordenamiento legal.
El vicepresidente de Proyecto Dignidad, Luis Yordán Frau, sostuvo que si la intención legislativa es permitir que los jóvenes emprendan o contraten, existen alternativas más específicas que no requieren alterar de forma amplia la mayoría de edad.
“Si el propósito es facilitar que los jóvenes emprendan, contraten o participen activamente en la economía, existen alternativas más específicas y menos riesgosas. No debemos sacrificar protecciones importantes en materia de alimentos, salud y apoyo familiar por una reforma apresurada que puede generar efectos adversos no previstos”, señaló Yordán Frau.
Por su parte, el fundador y líder de la colectividad, César Vázquez Muñiz, cuestionó lo que describió como una contradicción entre autoridad y responsabilidad dentro del núcleo familiar. A su juicio, el proyecto podría mantener obligaciones económicas sobre los padres mientras reduce su autoridad sobre hijos mayores de 18 años.
“No creo que muchos jóvenes tengan todavía la madurez necesaria para asumir plenamente todas las responsabilidades de la vida adulta. Pero el problema principal de este proyecto es que mantiene las responsabilidades económicas de los padres mientras les quita la autoridad sobre sus hijos de 18 años o más”, sostuvo Vázquez Muñiz.
El exsenador añadió que la medida parece promover “lo mejor de dos mundos”, al permitir que jóvenes reclamen autoridad plena sobre sus decisiones mientras mantienen ciertas dependencias económicas de sus padres. “El que reclama autoridad sobre sus decisiones también debe asumir la responsabilidad por las consecuencias de esas decisiones”, expresó.
Aunque Proyecto Dignidad reconoció que existe un interés legítimo en ampliar la autonomía económica de jóvenes mayores de 18 años, planteó que esa discusión debe estar acompañada de iniciativas concretas de formación. Entre ellas, propuso educación financiera obligatoria en escuela superior, orientación sobre contratos y derechos del consumidor, formación sobre responsabilidades legales y familiares, y programas de preparación para la vida independiente.
La colectividad insistió en que cualquier cambio a la mayoría de edad debe hacerse mediante una revisión integral del ordenamiento jurídico, con participación de agencias, legisladores, juristas, familias y sectores afectados.
“Puerto Rico no debe repetir los errores del pasado. La experiencia de la implementación de la Ley 289 del año 2000 nos enseñó que reducir la mayoría de edad no es un simple ajuste técnico. Sus consecuencias alcanzan a las familias, a los jóvenes y a múltiples áreas del ordenamiento jurídico”, reiteró Pérez.
