Representante exige pesquisa tras hallazgos de Contralora en Cataño

El representante por acumulación Ramón Torres exigió al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales actuar con urgencia tras la publicación del Informe de Investigación OC-26-29 de la Oficina de la Contralora, que documentó alegadas irregularidades en el uso de computadoras, correos electrónicos, vehículos, empleados y fondos públicos del Municipio de Cataño para actividades ajenas al interés público.

El informe, publicado por la Oficina de la Contralora el 15 de mayo de 2026, examinó el periodo del 10 de diciembre de 2020 al 12 de febrero de 2025 y concluyó que la investigación incluyó entrevistas, inspecciones, análisis forense digital, revisión documental y verificación de contratos y certificaciones oficiales. 

“El informe de la Contralora describe una cultura de abuso de poder y utilización ilegal de recursos públicos que no puede quedar impune. Aquí no estamos hablando de errores administrativos menores; estamos hablando de posibles violaciones de ley, uso de propiedad del gobierno para fines político-partidistas y mal manejo de dinero del pueblo”, expresó Torres.

Entre los hallazgos, la Contralora señaló que una ayudante del alcalde y una empleada de la Oficina de Ayuda al Ciudadano habrían utilizado computadoras municipales y cuentas oficiales de correo electrónico para almacenar o manejar documentos, propaganda, listados electorales, formularios de la CEE, facturas por artículos promocionales y fotos con logos de campaña. El informe concluyó que esto constituyó un uso indebido de propiedad y sistemas municipales para fines políticos. 

La pesquisa también encontró que el Municipio contrató servicios de una compañía publicitaria cuyo arte y elementos gráficos coincidían con los utilizados en la campaña política del alcalde. Según el informe, se pagaron diseños, impresiones, artículos promocionales y materiales con una estética similar a la utilizada por el comité político del alcalde, e incluso se facturaron artículos de campaña directamente al Municipio. 

“Cuando la Contralora hace referidos a Justicia y Ética Gubernamental, el país espera acción inmediata y consecuencias reales. Ambas agencias tienen la responsabilidad de investigar con rapidez y profundidad cada uno de estos señalamientos y determinar responsabilidades civiles, administrativas y criminales”, sostuvo Torres.

El informe también documentó que, el 16 de octubre de 2024, durante una actividad oficial del Mercado Familiar, el alcalde utilizó una guagua de sonido municipal para hacer anuncios mientras vestía una camisa alusiva a su candidatura política. Además, la Contralora indicó que entregas de ayudas de la Oficina de Ayuda al Ciudadano fueron utilizadas para fotografías publicadas en redes sociales personales del alcalde, y no en las cuentas oficiales del Municipio. 

Otro de los hallazgos apunta a un diferencial de sueldo de $12,656 pagado a una empleada designada como directora interina de la Oficina de Planificación, pese a que, según el informe, no cumplía con los requisitos mínimos del puesto. La Contralora también señaló que el Municipio terminó contratando posteriormente a un planificador licenciado con un costo adicional de $32,000. 

En el área contractual, la investigación identificó presuntos pagos indebidos por $75,623 a un bufete que habría excedido los montos máximos de dos contratos sin que estos fueran enmendados previamente. Además, el informe señaló pagos por $298,586 por servicios no relacionados con el propósito contractual original, a pesar de que el Municipio cuenta con una Oficina de Asuntos Legales. 

La Contralora también documentó el uso de un camión municipal y una excavadora arrendada para remover arena en un sector privado y transportarla a una residencia privada, presuntamente durante horas laborables y sin autorización del DRNA. Asimismo, identificó deficiencias en las bitácoras de vehículos municipales, incluyendo el uso de al menos 18 vehículos en fines de semana y días feriados sin documentos que registraran millaje, destino u horas de operación, además de más de 400 cargos de AutoExpreso sin respaldo en bitácoras. 

Como resultado, la Oficina de la Contralora remitió tres referidos al Departamento de Justicia, dos a la Oficina de Ética Gubernamental y uno al DRNA. También recomendó el recobro de $402 utilizados para campaña política, $12,656 por el diferencial de sueldo y $75,623 por servicios legales presuntamente pagados en exceso. 

El informe se produce meses después de que auditores de la Oficina del Contralor intervinieran en la alcaldía de Cataño. En septiembre de 2025, medios reseñaron que auditores incautaron computadoras en dependencias municipales, incluyendo equipos vinculados a la vicealcaldía, la administración municipal, la oficina de una ayudante especial y la Oficina de Ayuda al Ciudadano. El alcalde Julio Alicea Vasallo sostuvo entonces que su administración cooperaría con la pesquisa y defendió que en Cataño se gobierna con transparencia. 

El trasfondo también incluye una determinación previa del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, que en octubre de 2025 no designó un FEI contra el alcalde de Cataño por entender que no existía el quantum de prueba necesario para un proceso penal, pero sí refirió el expediente a Ética Gubernamental, al Contralor Electoral y a la Oficina del Contralor para que profundizaran en posibles irregularidades administrativas, controles internos de asistencia y flota vehicular. 

Torres insistió en que el nuevo informe no puede convertirse en otro documento sin consecuencias.

“Puerto Rico está cansado de informes que terminan engavetados. El pueblo merece transparencia, consecuencias y rendición de cuentas”, afirmó el legislador.