Rivera Schatz reta a Domenech: inmunidad si declara

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, elevó nuevamente la presión sobre el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, al afirmar que el cuerpo legislativo podría considerar tramitar inmunidad si el funcionario decide declarar sobre posibles esquemas contrarios a la ley y produce información útil para erradicar la corrupción.

La expresión representa un nuevo giro en la pugna que mantiene bajo fuego a La Fortaleza, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), tras las denuncias del exsecretario Sebastián Negrón Reichard y las querellas posteriores presentadas por Domenech contra el exfuncionario.

“Pronto comenzaremos y podemos considerar tramitarle inmunidad a él o a quienes la pidan si confiesan sus delitos y producen resultados que erradiquen la corrupción”, expresó Rivera Schatz, en declaraciones públicas dirigidas a Domenech y a cualquier otra persona que alegue tener conocimiento de actos ilegales.

El mensaje del presidente senatorial fue claro: si Domenech tiene información sobre corrupción, deberá presentarla bajo los procesos investigativos del Senado y no limitarse a señalamientos públicos, cartas o denuncias en agencias ejecutivas.

La advertencia ocurre luego de que Domenech presentara declaraciones juradas ante el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental contra Negrón Reichard, en medio del conflicto que ha sacudido al DDEC y a la OGPe. El secretario de la Gobernación ha rechazado los señalamientos en su contra y ha acusado al exjefe del DDEC de realizar imputaciones falsas o incompletas.

Rivera Schatz, sin embargo, ha insistido en que el Senado debe investigar el asunto de forma independiente. Esta semana radicó la Resolución del Senado 548 para ordenar una pesquisa legislativa sobre las alegaciones contenidas en la querella de Negrón Reichard, así como sobre posibles intervenciones indebidas, conflictos de interés y violaciones de ley vinculadas a procesos de contratación en la OGPe.

La medida encomienda la investigación a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por el senador Ángel Toledo. La pesquisa incluiría señalamientos contra Domenech, la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y cualquier otro funcionario o particular que pudiera estar relacionado con los hechos denunciados.

El alcance de la investigación es amplio. No se limita al referido original sobre funcionarios de la OGPe, sino que también contempla los eventos posteriores denunciados por Negrón Reichard, incluyendo presuntas presiones, instrucciones para detener acciones administrativas y alegadas intervenciones desde La Fortaleza.

La controversia comenzó con un proceso de contratación en la OGPe que, según los documentos reseñados públicamente, fue objeto de señalamientos internos por presuntas presiones indebidas sobre un comité evaluador. Negrón Reichard alegó que ordenó detener el proceso y referir los hallazgos a las autoridades correspondientes.

Posteriormente, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente designó fiscales especiales para investigar a exfuncionarios de la OGPe y determinó que la carta de Negrón, junto con sus anejos, formaría parte del expediente a evaluar. Esa decisión abrió la puerta a que la pesquisa no se limite a empleados de la oficina de permisos, sino que examine también la conducta de funcionarios de mayor jerarquía.

En ese contexto, la oferta de Rivera Schatz sobre inmunidad añade una dimensión política y procesal al caso. El presidente del Senado no está simplemente pidiendo explicaciones; está invitando a que cualquier funcionario que alegue conocer delitos se someta a un proceso formal, declare y produzca resultados.

La palabra “inmunidad” también aumenta la tensión. En términos prácticos, una inmunidad no es una absolución política ni una defensa automática. Requiere un trámite formal y suele estar condicionada a cooperación sustancial, admisiones y utilidad real para una investigación. Pero el solo hecho de que el presidente del Senado la mencione públicamente coloca el caso en un terreno más serio.

Rivera Schatz también ha insistido en que Domenech debe renunciar al cargo de secretario de la Gobernación. A su juicio, las controversias que rodean al principal funcionario de La Fortaleza afectan la imagen del gobierno, arrastran al Partido Nuevo Progresista y comprometen la confianza pública.

El choque ya no se limita a una diferencia entre funcionarios del Ejecutivo. El Senado ha asumido una postura de confrontación directa y parece dispuesto a convertir el caso en una investigación pública sobre cómo se manejan los permisos, los contratos, los fondos federales y las decisiones internas en agencias clave para el desarrollo económico.

El señalamiento llega en un momento especialmente sensible para Puerto Rico. La controversia en el DDEC y la OGPe ocurre mientras sectores empresariales han advertido que las pugnas internas en el gobierno pueden afectar el clima de inversión, la certeza jurídica y la confianza de compañías interesadas en establecerse o expandir operaciones en la isla.

La Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y Proyecto Dignidad han levantado preocupaciones sobre el impacto de la inestabilidad administrativa en el desarrollo económico. El mensaje común ha sido que Puerto Rico no puede atraer inversión si las agencias responsables de permisos, incentivos y desarrollo económico aparecen envueltas en disputas, denuncias y referidos.

Con su nueva advertencia, Rivera Schatz busca colocar a Domenech en una posición incómoda: si el secretario de la Gobernación dice conocer corrupción, que lo declare ante el Senado; si no, que no utilice esas denuncias como defensa política frente a las imputaciones en su contra.

La investigación legislativa apenas comienza, pero el tono ya quedó establecido. El Senado no parece dispuesto a tratar el caso como una simple pugna de versiones entre Domenech y Negrón. Para Rivera Schatz, el asunto debe investigarse como una posible trama de corrupción gubernamental.

Y ahora, con la posibilidad de inmunidad sobre la mesa, el mensaje desde el Capitolio es directo: quien tenga información, que hable; quien haya cometido delitos, que los confiese; y quien esté encubriendo corrupción, que se prepare para comparecer.