Senado pasa juicio sobre la AAA en medio de crisis de agua

La crisis de agua en la zona metropolitana dejó de ser este miércoles un problema exclusivamente técnico de bombas, filtros y tuberías. En el Senado, la emergencia se convirtió en un juicio público a la gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), con reclamos de renuncia, imputaciones de negligencia, señalamientos cruzados entre funcionarios y hasta una denuncia de presunta intimidación atribuida al exsenador Abel Nazario.

La Comisión Total convocada por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, expuso no solo el deterioro acumulado de la infraestructura de agua potable, sino también el profundo malestar político que ha provocado una crisis que mantiene a miles de abonados entre interrupciones, baja presión, camiones cisterna, oasis y promesas de reparación.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, llegó al Capitolio a defender su gestión, pero terminó enfrentando una de las comparecencias más duras de su incumbencia. Legisladores de mayoría, minoría e independientes lo confrontaron por la falta de mantenimiento preventivo, el manejo de la comunicación pública y el aparente desconocimiento de averías críticas en el sistema.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando el senador Juan Oscar Morales Rodríguez le pidió directamente la renuncia al funcionario. El reclamo surgió luego de que González Delgado no pudiera responder con precisión sobre una avería en una tubería de 42 pulgadas vinculada al tanque Covadonga, una infraestructura clave para la distribución de agua en la región metropolitana.

“Presidente, hágale un favor al pueblo de Puerto Rico. Renuncie a la presidencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados”, le dijo Morales, en una intervención que marcó el tono político de la vista.

El senador independiente Eliezer Molina también se unió al reclamo y sostuvo que el problema de la AAA no es únicamente de infraestructura, sino de administración. A su juicio, la corporación pública necesita un cambio de mando capaz de ejecutar con urgencia y sin excusas.

Rivera Schatz, por su parte, mantuvo una línea de presión directa sobre González Delgado. El presidente senatorial le advirtió que, si existen funcionarios que no actuaron correctamente, el jefe de la AAA tiene la obligación de identificarlos, referirlos y tomar medidas. De lo contrario, planteó, la responsabilidad termina recayendo sobre él como principal ejecutivo de la corporación pública.

La vista también abrió un frente delicado contra el ingeniero Roberto Martínez Toledo, exdirector de la Región Metro de la AAA y ahora vinculado al Municipio de San Juan como representante técnico dentro del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua creado tras el acuerdo judicial entre la AAA y la capital.

González Delgado responsabilizó a Martínez por decisiones que, según dijo, no se tomaron a tiempo para estabilizar el sistema metropolitano. Entre los ejemplos mencionó bombas adquiridas para Carraízo que permanecieron almacenadas durante años sin ser instaladas, lo que habría limitado la redundancia operacional del sistema y agravado la vulnerabilidad ante averías recientes.

El jefe de la AAA sostuvo que, de haberse completado esos trabajos, Carraízo habría contado con mayor capacidad de respuesta. Señaló que la falta de acción en el pasado provocó que hoy la corporación tenga que enfrentar las consecuencias de proyectos pospuestos y mantenimiento acumulado.

Pero el señalamiento a Martínez no pasó inadvertido. Morales cuestionó si la salida del exdirector regional fue consultada con La Fortaleza y, específicamente, con el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. González Delgado admitió que las decisiones sobre personal de confianza se consultan con la Secretaría de la Gobernación, aunque sostuvo que la determinación final correspondió al equipo ejecutivo de la AAA.

El intercambio dejó sobre la mesa una pregunta política incómoda: si Martínez era parte del problema técnico, como sostuvo la AAA, o si su salida respondió también a criterios políticos desde La Fortaleza. Para el Municipio de San Juan, la controversia es aún más sensible, pues Martínez fue incorporado precisamente como pieza técnica para fiscalizar y recomendar medidas operacionales ante la crisis.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, fue uno de los primeros en comparecer ante la Comisión Total y elevó el tono contra la gerencia de la AAA. El ejecutivo municipal describió la situación como una cadena de once meses de interrupciones, bajas presiones, falta de comunicación y decisiones tardías que han afectado a comunidades completas de la capital.

Romero acusó a la corporación pública de actuar con “soberbia institucional”, falta de transparencia y poca disposición para aceptar recomendaciones técnicas. Planteó que San Juan ha tenido que asumir tareas que corresponden a la AAA, incluyendo la distribución de millones de galones de agua mediante camiones cisterna, la atención a comunidades vulnerables y la operación de mecanismos municipales de emergencia.

“El acceso al agua potable no es un privilegio”, sostuvo el alcalde, al insistir en que se trata de un servicio esencial que el Estado tiene la obligación de garantizar. Romero también dejó abierta la posibilidad de regresar al tribunal si entiende que la AAA continúa ignorando recomendaciones del comité creado bajo el acuerdo judicial.

La comparecencia, sin embargo, no se limitó al problema de infraestructura. Durante la jornada, la senadora Jamie Barlucea denunció un presunto acercamiento indebido de Abel Nazario, exsenador, exalcalde de Yauco y asesor de la gobernadora Jenniffer González Colón. Según la denuncia, Nazario habría intentado intimidar a un empleado de la AAA en destaque en la oficina de la senadora, supuestamente con la amenaza de cancelar ese destaque.

El señalamiento provocó una reacción inmediata de Rivera Schatz, quien anunció que referirá el asunto al Departamento de Justicia. El presidente senatorial advirtió que no permitirá presiones contra senadores de mayoría ni de minoría, y sostuvo que, si hubiera implicaciones relacionadas con las condiciones legales de Nazario como convicto federal, también se notificaría a las autoridades correspondientes.

La Fortaleza, por voz del secretario auxiliar de Asuntos Legislativos, Carlos Rivera Justiniano, rechazó que Nazario tenga autoridad sobre los procesos de destaque o que participe en las reuniones donde se evalúan esas solicitudes. La controversia, no obstante, añadió otro elemento de tensión a una vista que ya estaba cargada por el choque entre el Senado, la AAA y sectores de la propia administración.

El contexto político venía caliente desde antes de comenzar la Comisión Total. Horas antes, Rivera Schatz había cuestionado públicamente la capacidad gerencial de la AAA y también había pedido la renuncia del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, y de la subsecretaria Itza García, en medio de otros señalamientos sobre el manejo de asuntos gubernamentales.

En el salón senatorial, González Delgado intentó defender la estrategia de la corporación pública. Insistió en que la AAA impulsa un programa de reconstrucción y modernización de aproximadamente $7,000 millones y que las obras pendientes en Carraízo, la planta Sergio Cuevas y otros componentes del sistema buscan atender décadas de abandono.

También pidió disculpas a los ciudadanos afectados por la falta de agua y reconoció que la infraestructura no recibió el mantenimiento necesario durante años. Pero sus explicaciones no lograron contener el reclamo central de los senadores: menos diagnósticos y más responsables.

La Comisión Total dejó al descubierto una crisis de varias capas. Está la crisis operacional, marcada por bombas sin instalar, filtros fuera de servicio, roturas y falta de redundancia. Está la crisis gerencial, alimentada por la percepción de que la AAA ha reaccionado tarde y ha comunicado mal. Y está la crisis política, donde el Senado comienza a reclamar cabezas, exigir referidos y confrontar directamente a La Fortaleza.