Soto Aguilú fue el único voto en contra de regular el cabildeo

La senadora Roxanna Soto Aguilú, conocida como la abogada motorizada, fue la única integrante del Senado que votó en contra del Proyecto del Senado 1190, la medida que por primera vez convertiría en ley el registro obligatorio de cabilderos en Puerto Rico según el registro oficial de la votación disponible en el sistema de trámite legislativo. La votación registrada el lunes 5 de octubre terminó. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, votó a favor. Soto Aguilú, senadora por acumulación del Partido Nuevo Progresista, quedó sola en la columna de los votos en contra. No ha explicado públicamente por qué. No fue la primera vez. Cuando el pleno aprobó la medida a viva voz el 24 de septiembre, con enmiendas en sala presentadas por la senadora independiente Joanne Rodríguez Veve, la abogada motorizada ya había sido la única legisladora de la mayoría en votar en contra. El proyecto, de la autoría del portavoz alterno de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, crea la Ley para la Reglamentación del Cabildeo en Puerto Rico. Prohíbe cabildear sin inscripción previa en un Registro de Cabilderos adscrito al Departamento de Justicia, obliga a divulgar los clientes y los intereses empresariales relacionados con la gestión, impone una veda de dos años a ciertos exfuncionarios públicos, fija multas administrativas de hasta $100,000 por violaciones a sabiendas y permite suspender la inscripción hasta por dos años en casos intencionales y reiterados. Además cierra la puerta a usar terceros para burlar las restricciones posteriores al servicio público.

"El País necesita que tengamos reglas claras", expresó Morales Rodríguez. "La aprobación nos permitirá avanzar hacia una gestión íntegra, responsable y digna de la confianza del Pueblo de Puerto Rico".

LA ÚNICA DEFENSORA DE DOMENECH El voto de Soto Aguilú no llega en el vacío. La senadora ha sido la única integrante del Senado que pública y continuamente ha defendido a Francisco Domenech, el exsecretario de la Gobernación cuyos vínculos con la firma de cabildeo Politank motivaron la Comisión Total del 24 de marzo, tres semanas antes de que Morales Rodríguez radicara este proyecto. La víspera de ese interrogatorio, Soto Aguilú ocupó un turno en el hemiciclo para sostener que nunca se había impugnado la constitucionalidad de los poderes delegados al secretario de la Gobernación, que ese funcionario responde únicamente a la gobernadora y que el proceso se asemejaba a un "residenciamiento". Ante la Comisión Total, Domenech defendió la venta de Politank por unos $4 millones sin identificar a los dueños finales de la firma. En junio, cuando el Senado aprobó la resolución para investigar las denuncias del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, que incluían gestiones a favor de empresas vinculadas a Politank, la votación fue 25 a 1. El único voto en contra fue el de Soto Aguilú. Domenech salió de La Fortaleza el 7 de agosto y es objeto de una investigación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. No ha sido acusado de ningún delito. La senadora lleva más de un año sin comisiones. A mediados de 2025 Rivera Schatz la removió de todas las comisiones del Senado y ella rechazó renunciar a su escaño, con el argumento de que era la segunda senadora con más proyectos radicados.

UN REGISTRO QUE SOLO EXISTE POR ORDEN EJECUTIVA

Puerto Rico nunca ha tenido una ley que regule el cabildeo. El registro actual nació de la orden ejecutiva OE-2019-031, impulsada por el entonces Secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira, el entonces Secretario de la Gobernación Ricardo Llerandi junto a otros funcionarios y firmada por Ricardo Rosselló en julio de 2019, semanas antes de su renuncia. Más allá de que cualquier gobernador puede dejarlo sin efecto, la orden ejecutiva no aplica a los que ejercen el cabildeo si no que prohibe a los jefes de agencia a no reunirse con personas que no consten en el registro. Lo anterior nace de una limitación jurídica al no existir legislación. En 2021 la Cámara impulsó el Proyecto de la Cámara 31 con el mismo propósito y la medida recibió informe positivo en comisión, pero no llegó a convertirse en ley. El texto original del PS 1190, radicado en abril, proponía una veda de cuatro años que se extendía a los cónyuges y parejas de los exfuncionarios. En el trámite legislativo el periodo bajó a dos años. El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, ha señalado que la isla carece de una regulación abarcadora del cabildeo y necesita legislación que atienda los honorarios de contingencia y las extensiones de contratos. La medida pasa ahora a la Cámara de Representantes. Si se convierte en ley, el registro que hoy depende de una orden ejecutiva pasará a tener rango de estatuto, multas de seis cifras y una veda con fuerza de ley. En el Senado, el único voto contra ese cambio lleva la firma de la senadora que defendió a Domenech en la víspera de la Comisión Total y volvió a hacerlo, sola, cuando el Senado decidió investigarlo.