Te leen la tablilla: la red de cámaras que crece en PR

Usted va camino al trabajo. Pasa por una avenida, entra a un centro comercial y, horas después, regresa a su casa. Durante ese recorrido, su vehículo pudo haber sido fotografiado varias veces, su tablilla identificada y la hora y ubicación de cada encuentro almacenadas en una base de datos.

Y probablemente nunca se enteró.

Los llamados lectores automáticos de tablillas, conocidos por sus siglas en inglés como ALPR, se han multiplicado en Estados Unidos y también están presentes en Puerto Rico, donde comienzan a provocar un debate que hasta ahora había recibido poca atención pública.

Una de las compañías más conocidas en ese mercado es Flock Safety, aunque no todas las cámaras ALPR instaladas en Puerto Rico pertenecen a esa empresa.

Los sistemas utilizan cámaras y programas de reconocimiento óptico para identificar las matrículas de los vehículos que pasan frente a ellas. En el caso de Flock, la información recopilada puede incluir la imagen del vehículo y su tablilla, número y jurisdicción de la matrícula, características como color o marca, fecha, hora y ubicación de la cámara.

Flock asegura que sus lectores no utilizan reconocimiento facial ni recopilan directamente información sobre la identidad del conductor. Sin embargo, la preocupación de los críticos no está necesariamente en conocer quién conduce, sino en lo que puede hacerse cuando decenas o cientos de puntos de lectura permiten establecer dónde apareció repetidamente un mismo vehículo.

221 lectores documentados en Puerto Rico

No existe actualmente un inventario público oficial que permita determinar con precisión cuántos lectores automáticos de tablillas operan en Puerto Rico.

Sin embargo, la plataforma independiente Finding Flock, que utiliza información recopilada por voluntarios de OpenStreetMap, contabilizaba 221 lectores ALPR documentados en Puerto Rico al 12 de septiembre de 2026. La propia organización advierte que la cifra debe considerarse un mínimo documentado y no un censo oficial, pues pueden existir equipos que todavía no han sido identificados o incorporados al mapa.

Solo en San Juan, voluntarios habían localizado 40 lectores automáticos al 11 de septiembre.

De estos, 16 fueron identificados como equipos Genetec, 10 como Flock Safety, 10 como Motorola Solutions, tres de otros fabricantes y uno cuyo fabricante no pudo determinarse. Según la base de datos, todos los equipos documentados en San Juan estaban orientados hacia calles o tráfico público.

En San Lorenzo aparecen otros 20 lectores documentados, 11 de ellos identificados como Flock Safety. En Vieques, el mapa registra 25 dispositivos de diferentes fabricantes.

Las cifras no necesariamente significan que los municipios sean propietarios de todas esas cámaras. Algunos equipos pueden pertenecer a negocios, urbanizaciones u operadores privados.

Eso añade otra interrogante: ¿quién controla todos los puntos desde los cuales se recopilan datos sobre los vehículos que transitan por las carreteras de Puerto Rico?

Al menos 15 municipios utilizan ALPR

Una investigación publicada por El Nuevo Día en agosto identificó al menos 15 municipios que habían adquirido sistemas de lectura automática de tablillas.

Dos de ellos —Humacao y Santa Isabel— adquirieron específicamente equipos de Flock Safety. Otros municipios utilizan tecnologías de compañías como Genetec, Axon y Motorola.

En Santa Isabel, por ejemplo, información contractual reseñada públicamente apunta a la instalación de 12 cámaras Flock mediante un acuerdo con Resilient International. Humacao también contrató cámaras de esa marca.

La proliferación forma parte de una tendencia más amplia. Al menos 39 municipios de Puerto Rico ya cuentan con algún tipo de sistema avanzado de videovigilancia, según información reseñada durante el debate legislativo sobre el tema.

¿Qué sabe el ciudadano?

Aquí aparece una de las preguntas más importantes.

Una cámara ALPR no funciona necesariamente como una cámara para expedir multas por velocidad o por violaciones de tránsito. No tiene que esperar a que el conductor cometa una infracción.

Simplemente registra los vehículos que pasan por su campo de visión.

En el caso de Flock, la compañía indica que sus cámaras pueden capturar entre seis y 12 imágenes de un automóvil durante una sola pasada, dependiendo de la configuración del equipo y el volumen de tránsito.

Eso significa que una persona que nunca ha sido sospechosa de un delito puede quedar igualmente registrada.

En una revisión de las disposiciones vigentes sobre sistemas automatizados de tránsito, INDIARIO no encontró un requisito general que obligue a colocar junto a cada lector ALPR un aviso específico informándole al conductor que su tablilla, ubicación y hora de paso están siendo almacenadas.

La Ley de Vehículos y Tránsito sí contiene requisitos particulares para sistemas automatizados utilizados en la imposición de determinadas multas y para notificar las infracciones, pero eso es distinto al registro rutinario de vehículos mediante una red ALPR.

En términos prácticos, un ciudadano puede pasar regularmente frente a uno de estos lectores sin saber que acaba de generarse un registro electrónico de su vehículo.

El valor para combatir el crimen

Las autoridades y la industria sostienen que esa capacidad tiene un enorme valor investigativo.

Los sistemas pueden comparar las matrículas detectadas con listas de vehículos robados, automóviles relacionados con personas desaparecidas o tablillas vinculadas con investigaciones criminales.

Cuando surge una coincidencia, el sistema puede generar una alerta para los oficiales.

La International Association of Chiefs of Police ha respaldado el uso legal y regulado de los ALPR, al señalar que pueden ayudar a localizar vehículos relacionados con delitos violentos, recuperar propiedad robada y encontrar personas desaparecidas.

Flock también argumenta que sus sistemas están diseñados para investigaciones específicas y no para vigilar indiscriminadamente a las personas. La compañía sostiene que las agencias controlan quién puede acceder a los datos y que cada búsqueda queda registrada para propósitos de auditoría.

Pero ese poder investigativo es precisamente lo que alimenta el debate.

De una cámara a una red

La preocupación de organizaciones defensoras de derechos civiles comienza cuando una cámara aislada deja de ser un dispositivo independiente y pasa a formar parte de una red.

Una fotografía indica que un vehículo estuvo en un lugar.

Cinco fotografías pueden comenzar a revelar una ruta.

Cincuenta puntos de lectura distribuidos por una ciudad pueden permitir establecer patrones: dónde estuvo el vehículo por la mañana, qué carretera utilizó, cuánto tiempo permaneció en determinado lugar y hacia dónde se dirigió después.

La ACLU de Puerto Rico sostiene que estas herramientas pueden convertirse en sistemas de vigilancia masiva cuando recopilan movimientos de personas que no están bajo sospecha ni son objeto de una orden judicial. La organización lanzó recientemente su campaña “¡Fuera Flock!” y ha pedido mayor transparencia sobre contratos, localización de cámaras y utilización de los datos.

En agosto, la ACLU también cuestionó el Proyecto de la Cámara 897, que busca fortalecer la Alerta Mayra Elías e integrar tecnologías como lectores automáticos de tablillas para localizar vehículos involucrados en accidentes con fuga.

La organización reclamó una discusión pública más amplia antes de expandir formalmente el uso de esos sistemas.

El debate llegó a la Legislatura

La controversia ya produjo una reacción legislativa.

El Proyecto de la Cámara 1421, presentado por los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, busca crear la “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”.

La propuesta incluye restricciones sobre el uso gubernamental de tecnologías de vigilancia automatizada continua, incluyendo lectores automáticos de tablillas, reconocimiento facial y determinados sistemas biométricos.

El Departamento de Seguridad Pública, entretanto, ha defendido la importancia de utilizar nuevas tecnologías para combatir el crimen y atender emergencias.

La discusión local comienza en momentos en que Estados Unidos experimenta una reacción bipartidista contra algunas redes ALPR.

Texas restringió recientemente el uso de fondos estatales para adquirir estas cámaras y Florida ordenó retirar determinados equipos instalados en carreteras estatales. En Pensilvania, legisladores republicanos y demócratas han presentado iniciativas para imponer límites, requisitos de acceso y controles sobre la información.

A nivel federal, los representantes republicanos Thomas Massie y Eric Burlison presentaron legislación para impedir el uso de fondos federales en determinadas redes ALPR.

La controversia ha creado una alianza poco habitual entre conservadores preocupados por el poder del Estado y organizaciones liberales defensoras de derechos civiles.

¿Quién puede buscar su tablilla?

La pregunta crucial no es únicamente dónde están las cámaras.

También importa saber quién puede entrar al sistema.

La política de Flock establece que los datos pertenecen al cliente que utiliza el sistema y que ese cliente determina qué usuarios están autorizados y con qué otras entidades comparte su información. Las consultas almacenan datos como el usuario que realizó la búsqueda, fecha, hora, motivo de la consulta y matrícula utilizada.

Flock anunció en agosto nuevas medidas para reducir a siete días el período predeterminado de retención de información de sus lectores, aunque el período puede variar según legislación local, contratos y configuraciones particulares. La compañía también permite preservar determinados registros relacionados con investigaciones activas.

Precisamente por esas variables, conocer cuántas cámaras existen no resuelve todas las preguntas.

Hay que conocer cuánto tiempo conserva cada municipio la información, quién puede acceder, con qué otras agencias se comparte, bajo qué circunstancias se realizan búsquedas y qué mecanismos existen para detectar un uso indebido.

Un mapa que el gobierno no tiene

Quizás la paradoja más reveladora del debate es que actualmente resulta más sencillo para un ciudadano entrar a un mapa elaborado por voluntarios y localizar lectores ALPR que encontrar un inventario gubernamental centralizado que explique dónde están, quién los opera y cuáles son las reglas aplicables.

Finding Flock recalca que sus 221 equipos documentados en Puerto Rico no representan necesariamente todos los existentes.

Es decir, la cifra real podría ser mayor.

La tecnología puede ayudar a encontrar un automóvil robado, localizar un sospechoso o reconstruir las horas posteriores a un crimen.

Pero la misma infraestructura tiene capacidad para registrar los movimientos cotidianos de miles de ciudadanos que nunca han sido sospechosos de nada.

Ese es el debate que Puerto Rico apenas comienza a enfrentar.

La pregunta ya no es solamente si hay cámaras observando nuestras carreteras.

La pregunta es otra:

¿Cuántas veces registraron hoy su vehículo, quién conserva esa información y quién puede verla sin que usted siquiera sepa que existe?