“Tienen que leerse la Constitución”: gobernadora defiende al designado secretario de Estado

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, defendió este jueves la designación del general Arthur Garffer como secretario de Estado, en respuesta a cuestionamientos sobre si el funcionario cumple con el requisito constitucional de “residencia bona fide” en la Isla, a pesar de haber recibido órdenes militares que lo han ubicado fuera del país.

“Tienen que leerse la Constitución de Puerto Rico”, afirmó González Colón en conferencia de prensa en la que fue abordada sobre las preocupaciones expresadas por la minoría popular en la Legislatura tras enterarse de la designación.

“Tienen que leer el diario de sesiones de la Asamblea Constituyente, que establece que cuando una persona está ejerciendo como militar al servicio del gobierno federal fuera de Puerto Rico, ese tiempo se cuenta como parte de su residencia”, añadió a preguntas de los periodistas desde Patillas.

La primera ejecutiva subrayó que Garffer ha formado parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante las pasadas dos décadas y que, aunque ha sido activado en múltiples ocasiones, mantiene su domicilio en la Isla.

“El hecho de estar asignado a alguna base militar no significa que perdió su residencia en Puerto Rico”, recalcó, utilizando como referencia una discusión que tuvieron los creadores de la Constitución.

Las expresiones de la gobernadora hacen eco del diario de sesiones de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico en 1951, donde se discutió explícitamente el significado de “residente bona fide” en el contexto del Artículo IV, Sección 3 de la Constitución, disposición legal que contiene los requisitos para ser gobernador, los cuales le aplican al secretario de Estado.

Durante la conversación, los delegados aclararon que una persona que ocupa un cargo público o sirve en el ejército fuera de Puerto Rico puede mantener su domicilio en la Isla, siempre que conserve la intención de regresar.

Uno de los constituyentes explicó que el término residente bona fide significa que el funcionario “tiene su domicilio en Puerto Rico, aunque tenga su residencia temporal fuera de Puerto Rico, como en el caso, por ejemplo, del Comisionado Residente”.

Este marco interpretativo, según la gobernadora, es suficiente para validar el nombramiento de Garffer, quien además ya ha sido confirmado por el Senado de Puerto Rico para el cargo de secretario del Departamento de Seguridad Pública que aún ocupa.

Méritos y trayectoria

González Colón destacó además que Garffer es uno de los pocos generales puertorriqueños confirmados por el Senado de los Estados Unidos, que evaluó su carácter, credenciales y cumplimiento con altos estándares de seguridad nacional, incluyendo las certificaciones más rigurosas como el Clearance Top Secret.

“Es un candidato excepcional que conoce a cabalidad la relación entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal”, sostuvo.

La gobernadora también dijo que figuras anteriores, como el capitán Elmer Román, sirvieron como secretarios de Estado a pesar de haber sido activados militarmente, sin que eso invalidara su designación. Aunque reconoce que el Senado tiene la potestad final de evaluar el nombramiento, la mandataria hizo un llamado a la Legislatura para que lo considere en su mérito.

“Yo puedo entender que la minoría quiera oponerse por oponerse, pero les hago una exhortación con mucha humildad: que lean la Asamblea Constituyente, el diario de sesiones, donde se establece que una persona en funciones militares no pierde su residencia en Puerto Rico”, subrayó.

PPD exige retiro del nombramiento por no cumplir con los requisitos

El Partido Popular Democrático (PPD), por su parte, reaccionó enérgicamente a la designación. El secretario general de la colectividad, Manuel Calderón Cerame, reclamó el retiro inmediato del nombramiento, al alegar que el propio Garffer reconoció no cumplir con el requisito de cinco años de residencia en Puerto Rico que exige la Constitución.

“Ayer el nominado a secretario de Estado dijo en declaraciones a la prensa que lleva viviendo en Puerto Rico desde diciembre del año 2020, lo que significa que para cumplir con el término establecido por la Constitución, tendría que esperar a diciembre de 2025 para ser nominado”, indicó Calderón Cerame en comunicado de prensa.

El líder popular también cuestionó la defensa ofrecida por el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, quien sostuvo que el requisito de residencia no aplica a Garffer por tratarse de un militar en servicio.

“Sepa el secretario de Asuntos Públicos que los requisitos constitucionales van por encima de cualquier ley o interpretación legal y en este caso son claros, precisos y puntuales”, insistió.

Citando el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado, Calderón recordó que:

“Nadie podrá ser Gobernador a menos que, a la fecha de la elección, haya sido durante los cinco años precedentes, ciudadano de los Estados Unidos de América y ciudadano y residente bona fide de Puerto Rico”.

Además, sostuvo que la Sección 5 de ese mismo artículo establece que esos requisitos se extienden al secretario de Estado. “Nuestra Constitución es clara en cuanto a los requisitos que le aplican al secretario de Estado, quien viene a figurar como una especie de vicegobernador en el gobierno del ELA".

Calderón concluyó su reclamo con la advertencia de que si no se retira el nombramiento antes de las vistas de confirmación en Cámara y Senado, el PPD “aplicará los más altos estándares de rigor” como parte de su deber como oposición responsable.

“Velarán con seriedad que se cumplan con los requisitos constitucionales ante la falta de seriedad y organización en cuanto a los nombramientos que ha demostrado la gobernadora Jenniffer González”, finiquitó.

Santini también tuvo algo que decir

Entretanto, el secretario general del PNP y exalcalde de San Juan, Jorge Santini, rechazó categóricamente las alegaciones del PPD que cuestionan que el nominado secretario de Estado ha sido un residente bona fide por los pasados cinco años. Santini catalogó las expresiones como un ataque político carente de fundamento y desconectado de la realidad de los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Esta gente no se conforma con hacer el ridículo los domingos sino que ahora los jueves también se utilizan para decir mentiras sin fundamentos”, aseguró Santini.

“El General Garffer ha servido con distinción a nuestro país desde que comenzó su carrera militar en 1997. Excepto por el periodo entre 2005 y 2018, cuando residió en Florida, su domicilio siempre ha sido en Puerto Rico, aun cuando ha sido movilizado en cumplimiento de sus deberes militares. El PPD ignora —o pretende ignorar— que los militares en despliegues o asignaciones especiales no pierden su domicilio por el hecho de servir fuera de la Isla”, expresó.

En declaraciones escritas, sostuvo que desde su regreso en julio de 2018, el General Garffer ha mantenido su domicilio en Puerto Rico, residiendo primero en San Juan y luego en Guaynabo. Incluso durante su penúltimo despliegue en Siria e Irak (diciembre de 2019 a noviembre de 2020) y su actual misión en Kosovo (abril 2024 a abril 2025), su domicilio sigue siendo Puerto Rico.

Santini también recordó el caso del Capitán Elmer Román, quien con una trayectoria militar similar, fue confirmado como Secretario de Estado entre 2019 y 2020, sin que su domicilio en Yauco fuera puesto en duda.

“Es lamentable que el PPD politice este proceso y busque desacreditar a un puertorriqueño que ha sacrificado tanto por la patria. El General Garffer ha mantenido su domicilio en Puerto Rico por los últimos siete años, desde 2018, y merece un proceso justo, libre de ataques politiqueros”, concluyó.