Unión exige salida de Roig y cuatro jefes de Familia
Servidores Públicos Unidos denuncia represalias, favoritismo político y descontrol administrativo, mientras reclama una investigación de los contratos
Por Redacción InDiario|Política|
La controversia que enfrenta la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, sumó este viernes un nuevo capítulo, luego de que Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPUPR), Concilio 95 AFSCME, exigiera a la gobernadora Jenniffer González Colón la destitución de la funcionaria y de los jefes de las cuatro administraciones de la agencia.
La presidenta de la organización sindical, Jessica Martínez Santos, denunció un supuesto ambiente de desorganización administrativa, favoritismo político, irregularidades en los procesos de contratación y represalias contra empleados que cuestionan las decisiones de sus superiores.
El reclamo no se limita a Roig Fuertes. La unión solicita cambios en la dirección de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), la Administración de Familias y Niños (ADFAN), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN).
Según Martínez Santos, los administradores de esas dependencias operan sin la debida coordinación ni mecanismos adecuados de rendición de cuentas, situación que atribuye a una falta de supervisión desde el Secretariado.
Exigen investigar contratos y favoritismos
La organización sindical reclamó una investigación exhaustiva de los contratos otorgados bajo la actual administración, ante señalamientos sobre posibles favoritismos y procedimientos administrativos cuestionables.
Asimismo, exigió que los empleados que permanecen destacados en otras dependencias sean devueltos a sus agencias de origen, al denunciar que algunos de esos movimientos responden a intereses políticos.
“No vamos a permitir que se siga utilizando el Departamento de la Familia como botín político”, sostuvo Martínez Santos.
La dirigente también denunció que empleados temen expresar sus preocupaciones ante la posibilidad de enfrentar traslados, medidas disciplinarias, despidos u otras acciones que consideran represalias.
A juicio de la unión, estas situaciones, sumadas a la falta de personal y recursos, afectan los servicios dirigidos a menores, adultos mayores y familias vulnerables.
Nueva presión en medio del escándalo de ADSEF
El reclamo sindical ocurre mientras Roig Fuertes enfrenta cuestionamientos por el fallido contrato de aproximadamente $38.5 millones relacionado con la empresa NOLA Education y el proyecto educativo Star Academy, que pretendía utilizar fondos federales del programa TANF.
La controversia surgió luego de que la destituida administradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, denunciara presiones para autorizar contratos que, según afirmó, no cumplían con los procedimientos correspondientes.
Roig Fuertes ha rechazado esas acusaciones y sostiene que el acuerdo cuestionado nunca llegó a formalizarse.
La funcionaria compareció el miércoles ante una comisión del Senado, donde defendió sus actuaciones y negó haber ejercido presiones indebidas.
Además, en declaraciones ofrecidas el jueves, la secretaria rechazó que existan represalias contra empleados y aseguró estar dispuesta a recibir sus planteamientos.
Gobernadora mantiene su respaldo
La exigencia de la unión se produce apenas un día después de que la gobernadora Jenniffer González Colón reiterara públicamente que no destituirá a Roig Fuertes, pese a los múltiples reclamos de renuncia provenientes de sectores políticos.
La secretaria también ha descartado abandonar voluntariamente el cargo, insistiendo en que no ha cometido irregularidades que justifiquen su salida.
Con el pronunciamiento de Servidores Públicos Unidos, los cuestionamientos a la dirección del Departamento de la Familia trascienden la controversia contractual de ADSEF y se extienden a las condiciones laborales, la administración del personal y la prestación de servicios esenciales.
La organización sindical insistió en que respaldará a los trabajadores que denuncien posibles represalias y reclamó a La Fortaleza una intervención inmediata en la dirección del Departamento.
Por el momento, los señalamientos de irregularidades, favoritismo y persecución laboral constituyen denuncias de la organización sindical que requieren investigación y corroboración independiente.
