Corrupción en USAID: oficial y ejecutivos se declaran culpables

Un oficial de contrataciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y tres ejecutivos de empresas llegaron a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales por su participación en un masivo esquema de sobornos que se extendió por una década. La trama involucró al menos 14 contratos valorados en más de $550 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, y fue facilitada por leyes federales de contratación preferencial racial. Además, dos de las compañías involucradas también admitieron su responsabilidad penal como parte de sus propios acuerdos.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de EE. UU., los individuos que se declararon culpables son:

• Roderick Watson, de 57 años, de Woodstock, Maryland, quien trabajaba como oficial de contrataciones de USAID, se declaró culpable de soborno a un funcionario público.

• Walter Barnes III, de 46 años, de Potomac, Maryland, propietario y presidente de Vistant (anteriormente PM Consulting Group), se declaró culpable de conspiración para cometer soborno y fraude de valores.

• Darryl Britt, de 64 años, de Myakka City, Florida, propietario y presidente de Apprio, Inc., se declaró culpable de conspiración para cometer soborno.

• Paul Young, de 62 años, de Columbia, Maryland, presidente de una subcontratista de Vistant y Apprio, se declaró culpable de conspiración para cometer soborno.

Adicionalmente, las compañías Apprio y Vistant, ambas contratistas de USAID, llegaron a un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, bajo una figura legal conocida como acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) de tres años. Como parte de estos acuerdos, ambas empresas admitieron haber participado en una conspiración para cometer soborno y fraude de valores.

“Los acusados buscaron enriquecerse a expensas de los contribuyentes estadounidenses a través del soborno y el fraude”, dijo Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Criminal del Departamento de Justicia. “Su esquema violó la confianza pública al corromper el proceso de adquisición del gobierno federal. (...) Aquellos que participan en esquemas de soborno para explotar los programas económicos vitales de la SBA para pequeñas empresas —ya sean individuos o corporaciones actuando a través de ellos— serán llamados a rendir cuentas”.

Así Funcionaba el Esquema de Soborno

El esquema fue posible, según los informes, debido a las leyes federales de contratación preferencial racial conocidas como contratación 8(a), que permiten a los oficiales de contratación otorgar contratos directamente a empresas propiedad de minorías, mujeres o veteranos, sin pasar por el proceso competitivo habitual.

Según los documentos judiciales, la trama comenzó en 2013, cuando Watson, en su rol en USAID, acordó con Darryl Britt recibir sobornos a cambio de usar su influencia para adjudicar contratos a su firma, Apprio Inc., que ha recibido $271 millones en contratos federales desde 2004. Britt, notablemente, es miembro del Consejo Asesor de Negocios de la Universidad Carnegie Mellon.

La compañía de Walter Barnes, Vistant, obtuvo contratos bajo el pretexto de estar en "desventaja" porque Barnes es negro, incluso mientras recibía decenas de millones de dólares. Vistant inicialmente actuó como subcontratista de Apprio. Cuando una firma 8(a) se vuelve demasiado grande, se "gradúa" de su estatus de "desventaja". Sin embargo, el sistema es notoriamente explotado. En este caso, cuando Apprio "se graduó", el esquema simplemente se invirtió: Vistant se convirtió en el contratista principal y Apprio en el subcontratista en los contratos de USAID adjudicados por Watson entre 2018 y 2022.

Durante el esquema, Britt y Barnes pagaron sobornos a Watson, a menudo ocultándolos a través de Young. Walter Barnes III admitió haber pagado sobornos que incluían una boda en un club de campo, dinero en efectivo y un viaje a Martha’s Vineyard. Los sobornos a Watson también incluían laptops, miles de dólares en boletos para una suite en un juego de la NBA, pagos iniciales para dos hipotecas residenciales, teléfonos celulares y empleos para familiares. Se alega que Watson recibió sobornos valorados en más de $1 millón. Un detalle que llamó la atención fue que Barnes utilizó un defensor público en su caso judicial, lo que provocó una reprimenda del juez, quien presumió que tenía amplios recursos para pagar su propio abogado.

Detalles incluidos en el acuerdo de culpabilidad, obtenido por este medio, revelan la naturaleza de las coordinaciones. En un intercambio de mensajes de texto del 27 de abril de 2017, BARNES y otro conspirador (identificado como CC-3) discutieron una estrategia para obtener contratos. Al mes siguiente, CC-3 le escribió a BARNES sobre una reunión y señaló: "[CC-1] me está molestando por el dinero, así que volveré a preguntar esta noche". BARNES respondió: "¿Sobre pagarle a él o qué vamos a asignar?". La respuesta de CC-3 fue directa: "Su pago actual". BARNES luego preguntó: "¿Así que vas al banco, cierto?", a lo que CC-3 replicó: "Cuando el dinero llegue a mi cuenta". Este tipo de intercambios evidencia la mecánica interna del esquema de sobornos.

A cambio de los pagos, Watson influenció la adjudicación de contratos manipulando el proceso de adquisición en USAID, incluyendo la recomendación de estas compañías para adjudicaciones no competitivas, la divulgación de información sensible, la provisión de evaluaciones de desempeño positivas y la aprobación de decisiones contractuales como aumentos de fondos.

“Watson abusó de su posición de confianza para beneficio personal mientras contratistas federales participaban en un esquema de ‘pagar para jugar’”, dijo Sean Bottary, Asistente Interino del Inspector General para Investigaciones de la Oficina del Inspector General de USAID (USAID-OIG).

Guy Ficco, de la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), añadió en un comunicado: “Watson explotó su posición en USAID para llenarse los bolsillos con sobornos a cambio de más de $550 millones en contratos. Mientras ayudaba a tres propietarios y presidentes de compañías a eludir el proceso de licitación justo, fue colmado de efectivo y regalos lujosos.”

Fraude de Valores

Además del soborno, el Departamento de Justicia detalló esquemas de fraude de valores. En 2022, Barnes y Watson defraudaron a una compañía de inversión para que ejecutara un acuerdo de crédito con Vistant por $14 millones, de los cuales Barnes se pagaría a sí mismo un dividendo de $10 millones, ocultando el esquema de sobornos. De manera similar, en 2023, Britt y Apprio indujeron fraudulentamente a una firma de capital privado a comprar una participación del 20% en la compañía por $4 millones y a extenderle un préstamo de $4 millones.

Como parte de sus acuerdos de culpabilidad, Apprio y Vistant deberán cooperar con la investigación, implementar un programa de cumplimiento y ética, y pagar acuerdos civiles de $500,000 y $100,000 respectivamente. El Departamento de Justicia determinó que el pago de las multas penales completas, calculadas en más de $51 millones para Apprio y más de $86 millones para Vistant, amenazaría la viabilidad de ambas compañías.

En cuanto a los individuos, Watson enfrenta una pena máxima de 15 años de prisión, mientras que Young, Britt y Barnes enfrentan una pena máxima de cinco años cada uno. Sus sentencias están programadas para finales de este año.

“Las declaraciones de culpabilidad reflejan el compromiso inquebrantable del FBI de hacer responsables a todos aquellos que abusan de la autoridad y la responsabilidad del servicio público”, concluyó Joe Perez, Director Asistente de la División Criminal del FBI.

La investigación de estos casos fue llevada a cabo por el FBI, USAID-OIG y la División de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI). Para ver el acuerdo de culpabilidad oprima aquí.