Advierten que grabar terapias podría silenciar a menores

La presidenta de la organización sin fines de lucro Alternativas para el Autismo, la doctora Jennifer Del Valle, advirtió que el Proyecto del Senado 1301 podría terminar provocando el efecto contrario al que persigue, al permitir la grabación en audio y video de sesiones terapéuticas individuales de menores cuando permanezcan solos con su terapista.

Aunque la medida se presenta como una herramienta de protección para documentar posibles alegaciones de conducta impropia, Del Valle sostuvo que el proyecto no toma en cuenta una realidad sensible: muchos casos de abuso, negligencia o maltrato infantil ocurren dentro del propio entorno familiar o son cometidos por personas cercanas a la víctima.

“Si ese menor se siente en confianza con el patólogo del habla y le dice que en su casa está pasando determinada situación, y eso se está grabando, ese menor no va a tener una protección adecuada, porque no va a tener un espacio seguro para traer las situaciones que está viviendo”, expresó la doctora.

La especialista sostuvo que la terapia debe ser un espacio seguro para el menor, no un escenario de vigilancia que provoque miedo, reserva o silencio. A su juicio, grabar las sesiones podría romper la confianza entre el niño y el profesional que lo atiende, especialmente cuando se trata de menores con condiciones dentro del Trastorno del Espectro Autista o con dificultades para comunicar situaciones sensibles.

La preocupación de Del Valle cobra mayor relevancia ante el panorama del maltrato infantil en Puerto Rico. Según datos citados por la organización, en la isla se reporta un incidente de maltrato infantil aproximadamente cada 65 minutos, mientras el Departamento de la Familia recibe más de 1,400 referidos mensuales por posibles casos de maltrato o negligencia.

Solo en enero de 2026 se recibieron 1,466 referidos, cifra superior a los 1,242 casos reportados en el mismo mes de 2024. Además, durante los primeros 50 días de 2026 ya se habían contabilizado más de 2,400 referidos.

Las estadísticas también apuntan a que la negligencia física, emocional y educativa continúa siendo la modalidad de maltrato más frecuente, representando cerca de dos terceras partes de las tipologías reportadas. En muchos casos fundamentados, los perpetradores suelen ser personas cercanas al menor, incluyendo padres biológicos, padrastros, parejas sentimentales de los padres u otros familiares directos.

Preocupación por el uso de las grabaciones

Según la exposición de motivos del P. del S. 1301, las grabaciones formarían parte del expediente clínico o terapéutico y podrían utilizarse para propósitos clínicos, protección del menor, investigaciones administrativas o criminales, procedimientos judiciales y cualquier otro uso autorizado expresamente por el padre, madre, tutor o encargado legal.

Ese último punto preocupa particularmente a la presidenta de Alternativas para el Autismo, quien entiende que abre una puerta demasiado amplia sobre el uso de información altamente sensible de menores.

“Incluir en el proyecto de ley una frase que diga cualquier otro uso autorizado expresamente por padre, madre o tutor encargado es algo contradictorio”, señaló Del Valle.

La doctora también rechazó que se presente la medida como si en Puerto Rico no existieran controles para proteger a los menores en escenarios terapéuticos. Recordó que los profesionales de la salud están sujetos a verificaciones de antecedentes, toma de huellas, requisitos éticos y obligaciones legales de reportar situaciones de riesgo.

“En Puerto Rico contamos con profesionales de la salud sumamente comprometidos con la población, sobre todo con la población vulnerable, ya que hay un compromiso ético y legal de proteger a los menores”, afirmó.

Piden detener la medida en su forma actual

Del Valle hizo un llamado a detener la aprobación del proyecto en su forma actual y abrir una discusión más amplia sobre cómo proteger verdaderamente a los menores sin destruir la confidencialidad terapéutica.

“La prioridad siempre va a ser proteger a los menores, y ya tenemos los mecanismos. Lo importante es ayudar a los padres a entender esos mecanismos”, indicó.

La especialista insistió en que el camino correcto no es grabar terapias ni sembrar dudas generalizadas sobre los profesionales, sino fortalecer la orientación a las familias, proteger los servicios de educación especial y garantizar que los menores reciban apoyo de profesionales capacitados.

“Si queremos proteger a los menores, es importante proteger los servicios de educación especial, que son los que van a ayudar a esos menores a poder hablar sobre las cosas que les pasan, a mejorar en sus áreas de vulnerabilidad y a recibir el apoyo necesario”, expresó.

Para Alternativas para el Autismo, la protección infantil no debe construirse a costa de romper la confianza terapéutica. La organización favorece un modelo de colaboración entre familias, profesionales de la salud, escuelas, agencias y proveedores de servicios.

“Es importante crear lazos colaborativos, más que separación y duda”, puntualizó Del Valle.