"Sugar" Díaz bajo fuego: la controversia de los gallos llega a Grandes Ligas

Las redes sociales, medios deportivos y organizaciones defensoras de animales han colocado en el centro de la controversia al estelar relevista puertorriqueño Edwin Díaz, conocido como “Sugar”, y a su hermano Alexis Díaz, tras alegaciones sobre vínculos con actividades relacionadas a peleas de gallos en Puerto Rico.

La controversia tomó fuerza luego de publicaciones y reportajes reseñados en medios deportivos estadounidenses, donde se señala que ambos peloteros habrían aparecido vinculados a eventos gallísticos mediante fotografías, promociones y expresiones públicas relacionadas a esa práctica. 

Sin embargo, más allá del escándalo mediático, el caso ha reabierto un debate mucho más profundo en Puerto Rico: el choque entre una tradición cultural centenaria y la legislación federal estadounidense que prohibió las peleas de gallos en la Isla en 2019.

Para muchos puertorriqueños —particularmente en pueblos rurales y sectores vinculados históricamente a la agricultura— las peleas de gallos nunca fueron vistas únicamente como apuestas clandestinas o espectáculos violentos. Durante décadas, la industria gallística ha operado bajo un modelo regulado por el gobierno de Puerto Rico, con licencias, arbitrios, inspecciones y reglamentación oficial.

A diferencia de muchos estados de Estados Unidos donde las peleas de gallos eran consideradas actividades ilegales manejadas en circuitos clandestinos, en Puerto Rico existía toda una estructura legal y económica alrededor de la práctica. Los coliseos funcionan con permisos oficiales, los criadores pagan licencias y el gobierno obtiene recaudos provenientes de la industria.

Incluso, defensores de la gallística han argumentado históricamente que el modelo puertorriqueño era uno de los más regulados del mundo, con normas específicas sobre manejo de animales, operación de eventos y supervisión gubernamental. 

Tras la prohibición federal aprobada por el Congreso de Estados Unidos y validada posteriormente por el Tribunal Supremo federal, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico intentó mantener viva la industria mediante legislación local enfocada en operaciones estrictamente internas, sin entrar en comercio interestatal.

La teoría jurídica impulsada entonces por sectores gallísticos y legisladores locales sostuvo que Puerto Rico podía permitir actividades exclusivamente intraterritoriales, siempre y cuando no involucraran transportación de animales entre jurisdicciones estatales ni comercio interestatal regulado por el gobierno federal.

Ese esfuerzo legislativo buscaba separar el modelo puertorriqueño de las operaciones clandestinas que históricamente existieron en algunos estados continentales. Bajo esa visión, la práctica en Puerto Rico podía continuar bajo reglamentación local, limitada únicamente a la Isla y supervisada por agencias del gobierno puertorriqueño.

El expresidente del Senado, José Luis Dalmau, fue una de las figuras políticas que defendió públicamente esa postura. En 2021, presentó un recurso de “amigo de la corte” ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos argumentando que “el deporte de los gallos es una práctica estrictamente local, altamente regulada por las leyes de Puerto Rico”.

Dalmau Santiago sostuvo además que la prohibición federal representaba una intervención excesiva sobre asuntos internos de Puerto Rico y defendió la industria gallística como parte de las tradiciones culturales y económicas de la Isla.

Desde que entró en vigor la prohibición federal, los arrestos reportados en Puerto Rico han estado mayormente vinculados a operaciones clandestinas o no autorizadas, no a las antiguas galleras reguladas. Este dato demuestra que las regulaciones locales son restrictivas y no chocan con la ley federal.

La controversia sobre Edwin y Alexis Díaz ocurre precisamente en medio de esa sensibilidad cultural. Para algunos críticos, figuras deportivas de alto perfil deberían distanciarse completamente de una actividad prohibida bajo ley federal. Para otros, el señalamiento refleja desconocimiento sobre la historia social y económica de la gallística puertorriqueña.

Hasta el momento, ninguno de los hermanos enfrenta cargos o consecuencias relacionados con los señalamientos públicos. Tampoco Major League Baseball ha anunciado investigaciones o sanciones oficiales. 

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales y medios deportivos, donde la discusión ya dejó de ser únicamente sobre béisbol y pasó a convertirse en otra conversación sobre identidad cultural puertorriqueña, autonomía local y la relación entre Puerto Rico y las leyes federales estadounidenses.