Congresistas piden al DOE actuar ante riesgo de apagones
Pablo José Hernández lidera gestión bipartidista para activar medidas de emergencia y reforzar la generación eléctrica en Puerto Rico.
Por Francisco Rodríguez-Burns|Energía|
El comisionado residente Pablo José Hernández encabezó un esfuerzo bipartidista en el Congreso para solicitar al Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) que adopte cuatro medidas dirigidas a reducir el riesgo de nuevos apagones en Puerto Rico, en momentos en que el sistema eléctrico enfrenta limitaciones de generación.
La gestión surge tras la controversia y posterior cancelación del contrato de generación temporera con Power Expectations, que buscaba incorporar capacidad adicional al sistema eléctrico. Hernández advirtió que la ausencia de esos recursos deja a la red con un menor margen para responder a fallas en las unidades de generación.
En una carta dirigida al secretario de Energía, Hernández y un grupo de congresistas demócratas y republicanos solicitaron al DOE que convoque a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), LUMA Energy, Genera PR, el Negociado de Energía de Puerto Rico y funcionarios del Gobierno para coordinar una respuesta conjunta a la situación.
También recomendaron que el departamento federal dirija la implantación de un plan operacional de confiabilidad para los próximos 90 días y utilice las facultades disponibles bajo la orden de emergencia para facilitar recursos adicionales de generación.
Como cuarta medida, solicitaron el envío de expertos técnicos del DOE para evaluar las plantas existentes y determinar cuáles podrían regresar a servicio en periodos de siete, 14 y 30 días, con el objetivo de aumentar la capacidad disponible y disminuir el riesgo de interrupciones.
Al esfuerzo se unieron, entre otros, el congresista demócrata Rob Menendez, miembro del Comité de Energía y Comercio; el representante Sean Casten, vicepresidente de la Coalición de Energía Sostenible y Medio Ambiente de la Cámara; y el delegado republicano de Guam, James Moylan.
La petición ocurre después de la cancelación del contrato de $5,900 millones para generación temporera, una transacción que había generado cuestionamientos sobre su proceso de contratación y que pretendía añadir capacidad al sistema energético de Puerto Rico.
