Proyecto Dignidad presenta agenda contra la corrupción
La colectividad impulsa controles sobre donativos políticos, contratos públicos, cabildeo y uso de fondos gubernamentales.
Por Francisco Rodríguez-Burns|Política|
El liderato de Proyecto Dignidad presentaron este lunes, desde la escalinata norte del Capitolio, una agenda legislativa centrada en establecer nuevos controles sobre la contratación gubernamental, el financiamiento político, el cabildeo y el manejo de fondos públicos.
La colectividad recibió a los medios para detallar un paquete de medidas que, según explicó, busca establecer mecanismos preventivos contra posibles actos de corrupción y aumentar la transparencia sobre las personas y entidades que ejercen influencia sobre las decisiones del Gobierno.
“Puerto Rico no necesita más discursos contra la corrupción. Necesita controles claros que prevengan la corrupción antes de que ocurra, que permitan al pueblo conocer quién intenta influenciar las decisiones del Gobierno y que separen el dinero político de la contratación pública. También tenemos que estar dispuestos a respaldar buenas medidas independientemente del partido o sector de donde provengan”, indicó Nilda Pérez Martínez, presidenta de Proyecto Dignidad.
La agenda incluye cinco proyectos de la Cámara, presentados por la representante por acumulación y portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz. También contempla el respaldo al Proyecto de la Cámara 42, dirigido a reglamentar y fiscalizar el cabildeo, así como a una iniciativa propuesta por Jorge Colberg para prohibir el uso de fondos públicos destinados a proyectos gubernamentales para pagar servicios de cabildeo.
Entre las propuestas figura una medida que busca establecer una separación entre la contratación gubernamental y los donativos políticos. La medida requeriría que toda persona o entidad interesada en obtener o modificar un contrato con el Gobierno presente una declaración jurada detallando los donativos políticos y determinados gastos realizados durante los cuatro años anteriores. Una vez formalizado el contrato, el contratista tendría que abstenerse de hacer donativos políticos mientras esté vigente la contratación.
Otra de las medidas impediría que agencias, municipios, corporaciones públicas y otras instrumentalidades otorguen contratos a entidades jurídicas con menos de cuatro años de constituidas y menos de tres años de experiencia en el servicio que buscan ofrecer. El proyecto pretende evitar que compañías recién creadas y sin trayectoria comprobada sean utilizadas para obtener contratos públicos.
Proyecto Dignidad también propone mediante un proyecto establecer mayores controles sobre determinados gastos legislativos. La medida fijaría un máximo de $5,000 anuales para viajes oficiales, exigiría informes y recibos para su reembolso, eliminaría una asignación de $2,500 para llamadas telefónicas y reduciría a $500 el límite anual para gastos de correo postal.
Mientras, otro proyecto busca ampliar expresamente la definición de fondos públicos bajo el Código Penal para incluir recursos provenientes del Gobierno federal que sean administrados, custodiados o desembolsados en Puerto Rico por entidades gubernamentales o privadas que actúen por delegación del Gobierno.
La colectividad también impulsa una medida para establecer un periodo de dos años antes de que determinados exfuncionarios puedan ejercer como cabilderos. La restricción aplicaría, entre otros, a exlegisladores y a determinados funcionarios del Ejecutivo y los municipios, incluidos gobernadores, secretarios, jefes de agencia, asesores y alcaldes.
Como parte de su agenda, Proyecto Dignidad respaldó además un proiyecto que propone crear un registro de cabilderos y de las entidades que realizan ese tipo de gestiones ante el Gobierno. La legislación requeriría el registro antes de comenzar las gestiones de cabildeo y dispondría que la información esté accesible al público principalmente por medios electrónicos.
La colectividad también se sumó a una propuesta de carácter multisectorial promovida por Jorge Colberg para desarrollar legislación que prohíba utilizar fondos públicos asignados a proyectos gubernamentales para sufragar servicios de cabildeo relacionados con esos mismos proyectos.
Proyecto Dignidad agrupó sus propuestas bajo cuatro objetivos principales: aumentar la transparencia en el cabildeo, separar los contratos gubernamentales de los donativos políticos, establecer restricciones a la llamada “puerta giratoria” entre el servicio público y el cabildeo privado, y reforzar la protección de los fondos públicos.
“Tenemos que romper con la percepción y con las prácticas que vinculan las aportaciones políticas con el acceso privilegiado a la contratación gubernamental", indicó Pérez Martínez.
