DOCUMENTO: LUMA pide trasladar al foro federal controversia sobre nulidad de su contrato extendido
El futuro del litigio incoado por el Gobierno de Puerto Rico está en suspenso con esta solicitud, la cual añade una nueva capa de complejidad a la controversia
Por Rafelli Gonzalez|Energía|
LUMA Energy solicitó formalmente el traslado (removal) del pleito presentado por el Gobierno de Puerto Rico desde el Tribunal de Primera Instancia de San Juan al Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico, a alegar que el caso debe atenderse bajo la jurisdicción federal vinculada al Título III de PROMESA.
La solicitud de "removal" no constituye una determinación final ni implica que el caso haya sido aceptado automáticamente por el foro federal. Conforme a las Reglas Federales de Procedimiento Civil y al estatuto federal de remoción, el traslado queda sujeto a evaluación del tribunal, y el Gobierno puede solicitar que el caso sea devuelto al foro estatal mediante un recurso de "remand".
En su notificación, LUMA sostiene que la demanda del Gobierno a través de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) guarda relación directa con el proceso de quiebra de la AEE bajo PROMESA, por lo que el tribunal federal sería el foro adecuado para atender la controversia contractual.
En una declaración enviada a INDIARIO, LUMA Energy defendió su postura y atribuyó el pleito a motivaciones políticas:
“Hemos solicitado que la acción legal de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3A) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), que busca invalidar el contrato de LUMA, sea trasladada al Tribunal Federal bajo el Título III, ya que creemos firmemente que este es el foro más apropiado para atender este caso".
El consorcio añadió que las acciones del Gobierno ponen en riesgo proyectos en curso y el progreso alcanzado desde que asumió la operación del sistema eléctrico.
“Las recientes acciones motivadas por la política para revertir un contrato legalmente vinculante solo sirven para poner en riesgo todo el progreso real que hemos logrado, perjudicando al pueblo de Puerto Rico al amenazar proyectos críticos destinados a revitalizar y fortalecer la red eléctrica" .
LUMA también rechazó los señalamientos de incumplimiento contenidos en la demanda, al alegar que la "acción legal injustificada de la P3A y la AEE carece de fundamento".
Según la empresa, este tipo de litigios podría tener un efecto disuasivo sobre futuras inversiones en la isla y “sientan un precedente negativo, generando serias preocupaciones para cualquier empresa que considere operar o invertir en Puerto Rico, y representan un obstáculo innecesario para la economía de la isla".
Finalmente, el consorcio reiteró su compromiso con el servicio eléctrico y con su fuerza laboral.
“LUMA y sus 4,000 empleados siguen comprometidos y dedicados a servir a nuestros clientes. Continuaremos enfocándonos en el progreso por encima de la política mientras trabajamos para ofrecer la red eléctrica segura, confiable y resiliente que el pueblo de Puerto Rico merece y necesita con urgencia".
Mientras el tribunal federal evalúa la solicitud de removal, el Gobierno de Puerto Rico conserva la opción de impugnar el traslado y solicitar que el caso regrese al Tribunal de Primera Instancia. Hasta que se resuelva ese trámite procesal, el futuro inmediato del litigio permanece en suspenso y añade una nueva capa de complejidad al pleito que podría redefinir la relación contractual entre el Estado y LUMA Energy.