LUMA activa nuevamente el traslado de demanda al tribunal federal bajo Título III

LUMA Energy volvió a activar el mecanismo de removal para trasladar al Tribunal Federal, bajo el Título III de PROMESA, la nueva demanda presentada por el Gobierno de Puerto Rico, luego de que el Ejecutivo radicara una segunda acción legal en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

A diferencia de una solicitud tradicional, el removal no requiere una orden previa del tribunal para surtir efecto. Bajo las reglas federales, el traslado ocurre de forma automática una vez el demandado presenta la notificación correspondiente en el tribunal federal y la notifica al foro estatal. En ese momento, el tribunal local debe detener los procedimientos relacionados con el caso.

Esto no significa que el tribunal federal haya decidido todavía si el caso permanecerá bajo su jurisdicción. Luego de la remoción, el juez federal revisa si el traslado fue válido y el demandante puede pedir que el caso sea devuelto al tribunal estatal mediante un recurso conocido como remand. Esa determinación se toma posteriormente.

"Nos preocupa profundamente que estas acciones motivadas políticamente continúen en nombre del gobierno, ya que solo ponen en peligro el progreso real y medible logrado desde 2021. En lugar de trabajar junto a nuestros equipos, el gobierno insiste en un proceso que podría generar más retrasos en la restauración de la red eléctrica que la AEE descuidó durante décadas impactando la vida de millones de clientes en Puerto Rico", indicó el consorcio en declaraciones escritas.

LUMA recurrió nuevamente a este mecanismo tras la radicación de la nueva demanda por parte del Gobierno, que busca una sentencia declaratoria sobre la validez de la extensión contractual con la empresa. Según LUMA, ambas acciones están vinculadas al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, por lo que deben atenderse en el foro federal.

"Mientras el gobierno continúa emprendiendo acciones legales infundadas, LUMA y sus más de 4,000 empleados siguen plenamente comprometidos con operar, mantener y fortalecer el sistema eléctrico, así como con la red de seguridad segura, confiable y resiliente que los clientes de Puerto Rico merecen y necesitan con urgencia", añadió la empresa.

Mientras el tribunal federal evalúa si retiene o no el caso, el trámite en los tribunales locales queda en suspenso. El Gobierno de Puerto Rico, por su parte, mantiene la opción de impugnar la remoción y solicitar que la controversia regrese al foro estatal.