DOCUMENTO: Petición del Gobierno al Supremo para trasladar caso sobre contrato de LUMA Energy

Mientras el Tribunal de Primera Instancia en San Juan evalúa la demanda radicada en la tarde de ayer, jueves, contra LUMA Energy, el Gobierno de Puerto Rico también acudió directamente al Tribunal Supremo para solicitar que asuma jurisdicción inmediata sobre la controversia y resuelva de forma definitiva la validez de la relación contractual entre el Estado y el operador del sistema eléctrico.

En el recurso de certificación intrajurisdiccional obtenido por INDIARIO esta mañana a través de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) explican que la acción responde a la urgencia y al impacto público del caso, el cual gira en torno a la llamada Carta-Extensión firmada el 30 de noviembre de 2022.

Según el escrito, esa carta permitió que el contrato interino con LUMA se prolongara de manera indefinida, aplazando la entrada en vigor del acuerdo principal conocido como el T&D OMA .

El Gobierno sostiene que esa extensión alteró por completo el diseño original del contrato, al permitir que LUMA continuara operando el sistema de transmisión y distribución sin una fecha cierta de terminación y sin estar sujeta a métricas de desempeño. En el recurso se argumenta que esto dejó al País atado a un acuerdo indefinido, sin los mecanismos de fiscalización que originalmente se habían establecido para proteger el interés público .

Los peticionarios también subrayan que la Carta-Extensión nunca cumplió con los requisitos legales indispensables para su validez. Entre ellos, destacan que no contó con la evaluación ni con el Certificado de Cumplimiento de Energía del Negociado de Energía, requisito que la Ley 120 impone para cualquier contrato o modificación relacionada con la AEE.

De igual forma, señalan que la Junta de Directores de P3 nunca aprobó válidamente la extensión, ya que no obtuvo el voto afirmativo de ambos representantes del interés público, como exige la ley .

En cuanto a la razón para acudir directamente al Tribunal Supremo, el Gobierno plantea que el caso presenta controversias puramente jurídicas, novedosas y de alto interés público, cuya resolución no solo afecta a las partes en litigio, sino a toda la población. En el escrito se advierte que la determinación que se adopte tendrá consecuencias directas sobre la operación y el manejo del sistema eléctrico de la isla, así como sobre el uso de fondos públicos .

El recurso también pone énfasis en el costo de mantener vigente la Carta-Extensión mientras se dilucida el caso. Según el Gobierno, cada día que pasa bajo ese esquema implica continuar pagando por un servicio que consideran ineficiente y desligado de las métricas contractuales originalmente pactadas, lo que, a su juicio, agrava el daño al erario y al interés público .

Por estas razones, las agencias solicitaron que el Tribunal Supremo asuma jurisdicción inmediata, atienda el caso en primera instancia y resuelva con prontitud si la Carta-Extensión es nula, evitando así que LUMA continúe operando al amparo de un acuerdo que el propio Gobierno califica como inválido .

La presentación del recurso coloca ahora la controversia contractual de LUMA simultáneamente ante el Tribunal Supremo y el Tribunal de Primera Instancia, en un litigio que podría redefinir el futuro del sistema eléctrico de Puerto Rico.

INDIARIO continuará dando seguimiento a cualquier determinación que emita el máximo foro judicial.