EXCLUSIVA: IEM quiere guisar en secreto, pero una propuesta revela sobre $400 millones en contratos con el gobierno de Puerto Rico

Innovative Emergency Management (IEM), la empresa subcontratada por LUMA Energy para gestionar fondos federales de desastres y quienes mantienen bajo el manto de secretividad partes sustanciales de sus "Work Orders" relacionados al contrato de consultoría con el ente que administra los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, sufrió un duro golpe en su intento por reclamar confidencialidad sobre su gestión pública.

A petición de este medio al amparo de la Ley de Transparencia, LUMA Energy hizo entrega parcial de los documentos con amplias tachaduras en algunas de sus páginas el pasado 28 de febrero. ¿La razón? Alegó que IEM, corporación ahora conocida como IEM International, Inc., objetó la divulgación total y permitió que el subcontratista les proporcionara versiones redactadas de los documentos junto con un registro de privilegios, por entender que existían secretos de negocios que debían protegerse.

LUMA entregó estos documentos sin asumir responsabilidad por los reclamos de confidencialidad de IEM y señaló que cualquier disputa debía resolverse directamente con la empresa contratista. Sin embargo y siete días más tarde, la Autoridad para Alianzas Público Privadas (AAPP) también contestó la solicitud de InDiario y entregó tres de los cinco documentos solicitados, sin hacer valer reclamos de confidencialidad.

La respuesta oficial, firmada por Carlos J. Meléndez-Zayas, Oficial de Información de la AAPP, confirmó que ciertos contratos bajo la modalidad de 'Work Orders' fueron provistos por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), agencia que maneja los fondos de FEMA que LUMA recibiría de vuelta, pues el consorcio solicitó ser reembolsado por el gasto incurrido para pagarle a IEM por sus servicios.

La entrega de estos documentos contradice directamente la postura de IEM, que ha intentado limitar el acceso público a esta información bajo el argumento de que contienen datos comerciales confidenciales. Sin embargo, si COR3 –una entidad gubernamental– ya los compartió sin restricciones, ¿puede realmente IEM o LUMA impedir su divulgación?

InDiario también descubrió más información no divulgada al público en un documento sometido por la propia empresa como parte de un proceso de solicitud de propuestas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Del documento se desprende que al 2022 IEM mantenía acuerdos vigentes que totalizan más de $400 millones con distintas entidades estatales y corporaciones públicas. La mayoría de ellos no aparecen registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, incluyendo el contrato suscrito en 2020 con LUMA Energy por $350 millones hasta el 2035.

En las páginas 75, 76 y 77 del Exhibit G de dicha propuesta a DTOP, IEM reveló a existencia de los siguientes acuerdos contractuales, descripciones breves de las tareas asignadas y otros datos relacionados:

LUMA Energy, LLC

Monto: $350,000,000

Duración: 22 de junio de 2020 al 31 de diciembre de 2035

Servicios: Manejo de fondos federales y respuesta a emergencias

Departamento de la Vivienda de Puerto Rico (dos contratos)

Contrato 1- Monto: $57,155,427.27

Duración: 15 de julio de 2019 al 14 de julio de 2024

Servicios: Gerencia de programa R3 para rehabilitación de viviendas

Contrato 2- Monto: $8,522,985.60

Duración: 10 de noviembre de 2021 al 9 de noviembre de 2023

Servicios: Programa de pareo de fondos no federales (CDBG-DR)

Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3) y COR3

Monto: $9,401,973.75

Duración: 6 de junio de 2021 al 28 de febrero de 2023

Servicios: Asistencia técnica para el programa de mitigación de riesgos de FEMA

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

Monto: $6,899,245.00

Duración: 4 de agosto de 2021 al 30 de junio de 2025

Servicios: Manejo del programa de asistencia a propietarios de viviendas (HAF)

Total de contratos revelados de IEM hasta 2022: $431,979,631.62

El contrato con LUMA Energy es el más voluminoso de todos en cuanto a tiempo y cuantía. Son precisamente los "Work Orders" relacionados a este acuerdo los que IEM intentaron mantener parcialmente confidenciales, lo cual impide saber cómo se han consumido los $350 millones que forman parte del acuerdo suscrito en 2020, cuánto dinero queda por pagarse y si el contrato ha sufrido enmiendas con el pasar del tiempo.

¿Quién tiene autoridad para clasificar información como confidencial?

Bajo la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito de Acceso a Información Pública (Ley 141-2019) toda información en posesión del gobierno se presume pública, salvo excepciones específicas como secretos comerciales, datos personales o información de seguridad.

Sin embargo, IEM no es una entidad gubernamental, sino una contratista privada, lo que plantea una interrogante clave: ¿puede una empresa privada determinar qué información se debe censurar en documentos de una corporación pública?

El hecho de que COR3 haya entregado la misma información que IEM busca proteger sugiere que la clasificación de confidencialidad no se realizó en el momento de la entrega al gobierno. Esto significa que, a nivel gubernamental, los documentos ni parte de estos nunca fueron considerados como reservados.

El dilema se centra ahora en la postura de LUMA Energy, que opera con fondos públicos bajo un contrato con la AEE. Si COR3 entregó la información sin restricciones, ¿bajo qué justificación podría LUMA divulgarla a medias? Además, ¿por qué IEM querría intentar limitar la divulgación de información que el gobierno ya ha hecho pública?

La situación podría derivar en un enfrentamiento legal, ya que la Ley 141-2019 establece que el acceso a la información gubernamental no puede restringirse arbitrariamente. De persistir la negativa de LUMA o IEM, el caso podría ser llevado ante los tribunales para determinar si todos los documentos relacionados al acuerdo suscrito entre ambos en 2020 deben ser divulgados en su totalidad.