Gobernadora pide a Justicia investigar decisión de LUMA de suspender brigadas nocturnas

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció públicamente que ha solicitado al Departamento de Justicia una evaluación para determinar si la decisión de LUMA Energy de retirar brigadas de servicio en horario nocturno cuando las interrupciones afectan menos de 1,000 abonados puede constituir una acción criminal.

Según su versión ofrecida hoy en conferencia de prensa para anunciar la entrada en servicio de la Unidad 4 de Palo Seco, LUMA Energy estaría coordinando “apagones seleccionados”, pese a que el sistema cuenta con generación que, a su juicio, ha sido suficiente.

González Colón sostuvo que desde su administración se han incorporado 1,210 megavatios al sistema eléctrico en apenas 10 meses desde que asumió la gobernación, una capacidad adicional que, según ella, permitió evitar los apagones masivos que LUMA Energy había pronosticado para el verano.

La gobernadora aseguró ante los medios que lo que ocurre con frecuencia son apagones localizados no por falla de generación, sino por decisiones unilaterales de LUMA Energy sobre transmisión y distribución.

En su discurso, cuestionó que la empresa no justifique que puede operar sin brigadas nocturnas, y adelantó que el contrato con el operador también podría ser cancelado si se confirman incumplimientos adicionales a los que ya han detectado.

De otra parte, LUMA Energy respondió a apagones masivos, como el ocurrido durante la Semana Santa de 2025, al afirmar que fue causado por una combinación de factores como una falla en el sistema de protección junto con vegetación en una línea de transmisión entre Cambalache y Manatí.

En ese episodio, más de 1.4 millones de clientes quedaron sin luz y se estimó que recuperar el 90% del servicio llevaría entre 48 y 72 horas.

LUMA Energy también ha justificado apagones programados como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, señalando que se suspenden servicios temporales para proteger sus brigadas y garantizar seguridad.

Entretanto, la gobernadora ha rechazado recientes solicitudes de LUMA Energy para un aumento tarifario de emergencia, al argumentar que la empresa no ha demostrado control en sus gastos. Desde el Ejecutivo, también se han criticado datos que, según González Colón, LUMA ha presentado incorrectamente.

En paralelo, el Zar de Energía de Puerto Rico, Ingeniero Josué Colón Ortiz, continúa involucrado activamente en la supervisión del contrato y en la posibilidad de su cancelación si se demuestra un incumplimiento.

Muchos sectores han cuestionado la continuidad de apagones frecuentes, fallas en respuesta por parte de LUMA Energy y pérdidas económicas para negocios y hogares.

Este asunto ahora pasa al escrutinio de la secretaria de Justicia estatal, Lourdes Gómez Torres, que deberá determinar si la decisión operativa de la empresa viola normativas o incurre en responsabilidad penal. La gobernadora dio por iniciada esa ruta hoy, mientras mantiene la amenaza de cancelar el contrato con el operador, dependiendo de los hallazgos técnicos y legales.

Si se comprobara que LUMA Energy interrumpe el servicio eléctrico de forma intencional o selectiva sin justificación técnica, podrían aplicarse delitos del Código Penal relacionados con la interferencia con servicios públicos esenciales o el sabotaje del sistema eléctrico. Estas disposiciones castigan a quien altere, obstruya o impida el funcionamiento normal de un servicio público (como lo es la electricidad) causando perjuicio a la ciudadanía.

Además, si se prueba que la empresa actúa de manera negligente o faltando a sus deberes contractuales que afectan el interés público, podrían considerarse figuras como incumplimiento del deber, negligencia en el cumplimiento del deber o incluso aprovechamiento ilícito de recursos públicos.

Por otro lado, si alguna decisión administrativa provocara beneficios económicos indebidos o perjuicios a la propiedad pública, podrían investigarse delitos de enriquecimiento ilícito, fraude o abuso de autoridad. Estas figuras penales no solo aplican a funcionarios públicos, sino también a concesionarias privadas que ejercen funciones delegadas del Estado, como LUMA Energy. La gobernadora Jenniffer González alude precisamente a esta posibilidad al referir el caso al Departamento de Justicia al solicitar que se determine si la medida de retirar brigadas nocturnas constituye una acción criminal por privar a los abonados de un servicio esencial garantizado por contrato.