Gobierno admitió que no pudo pagar millones a LUMA y Genera por falta de liquidez

Rafelli González

El Gobierno de Puerto Rico reconoció ante el Tribunal Federal que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no pudo cumplir con el pago completo de $726 millones solicitado por LUMA Energy y Genera PR en abril de 2025, debido a “limitaciones de liquidez”.

La admisión surge del documento examinado por INDIARIO intitulado “AAFAF’s Joinder to Debtor’s Objection to PREPA Bondholders’ Motion for Allowance of Administrative Expense Claim”. Esta moción fue radicada el 2 de mayo de 2025 en el caso de quiebra de la corporación pública bajo el Título III de la Ley PROMESA.

Según el escrito, la AEE “no pudo cumplir plenamente con la solicitud de financiamiento de $726 millones de LUMA y Genera, proveyendo solo $264 millones del monto requerido debido a limitaciones de liquidez”. La afirmación fue presentada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), entidad que representa los intereses fiscales del gobierno ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

Este reconocimiento implica que el gobierno aceptó implícitamente hace más de 5 meses la existencia de una obligación contractual pendiente con las empresas privadas encargadas de operar la transmisión, distribución y generación de electricidad en la Isla. No obstante, el documento no fue presentado en el marco de una disputa con LUMA Energy o Genera PR, sino como parte de la defensa del gobierno frente a los bonistas de la AEE, quienes reclaman compensación adicional como “gasto administrativo” dentro del proceso de reestructuración.

El contraste entre lo que el Gobierno de Puerto Rico admitió ante el tribunal federal y lo que la gobernadora Jenniffer González Colón y el zar de energía Josué Colón Ortiz han dicho públicamente es significativo. En el documento judicial, el propio gobierno reconoce que AEE no pudo cumplir con el pago completo de $726 millones solicitados. Esa admisión implica que el Estado pudo haber reconocido la existencia de una obligación contractual que no se ha podido cubrir en su totalidad.

Sin embargo, en el plano público, la gobernadora González Colón ha sostenido un discurso distinto. En declaraciones recogidas por El Nuevo Día el 30 de abril de 2025, afirmó que “hay controversia sobre si se debe pagar o no” el pedido de cerca de $800 millones reclamado por LUMA Energy, marcando distancia respecto a cualquier reconocimiento de deuda.

En entrevistas posteriores, insistió en que su administración no tiene intención de continuar financiando operaciones privadas con fondos públicos y reiteró su compromiso de revisar o incluso terminar el contrato con LUMA Energy. Sus declaraciones se han enmarcado más en la fiscalización política y en la defensa de la posición del Ejecutivo, que en la aceptación de una obligación financiera concreta.

Por su parte, el zar de energía Josué Colón Ortiz ha sido todavía más categórico. En expresiones publicadas por Primera Hora el 11 de mayo de 2025, nueve días después de que se presentara la moción en la que se aceptó la falta de liquidez y el impedimento de satisfacer las cuantías reclamadas por los operadores del sistema eléctrico, aseguró que “la AEE no le debe un chavo ni a Genera ni a LUMA”, negando de forma tajante la existencia de una deuda. En junio de ese mismo año, al ser confrontado con quejas de Genera PR por supuestos incumplimientos de pagos, el ingeniero Colón atribuyó los problemas de liquidez a fallas de LUMA en la recaudación de ingresos y defendió que la AEE solo puede transferir fondos disponibles.

En esencia, el funcionario trasladó la responsabilidad del déficit operativo hacia los contratistas y no aceptó la existencia de cualquier obligación financiera pendiente.

El resultado es una discordancia clara entre el discurso público y el reconocimiento judicial.

Esta dicotomía entre lo que se escribe versus lo que se dice también plantea interrogantes sobre la transparencia del gobierno en el manejo de los contratos de LUMA Energy y Genera PR, justo en medio de un proceso de quiebra.

En la moción del 2 de mayo, AAFAF también argumentó que la AEE enfrenta una situación fiscal crítica, pese a contar con cerca de $1,200 millones en efectivo, la mayoría de los cuales están comprometidos bajo los acuerdos operacionales. El escrito también detalla que la corporación ha dependido de préstamos y asignaciones del gobierno central, entre ellos $750 millones para LUMA Energy y $447 millones para Genera PR, para mantener sus operaciones.

El reconocimiento indirecto del incumplimiento de pago ocurre mientras continúa el proceso judicial para aprobar el plan de ajuste de la deuda de la AEE, el único de los casos de quiebra bajo PROMESA que aún no ha sido resuelto definitivamente.