LUMA Energy contesta a gobernadora y culpa a AEE por suspensión de brigadas nocturnas

Tras el anuncio de la gobernadora Jenniffer González Colón de referir al Departamento de Justicia la decisión de LUMA Energy de suspender brigadas después de las 7:00 p. m., la empresa respondió al insistir que las limitaciones operacionales obedecen a falta de fondos transferidos por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y no a decisiones arbitrarias.

“LUMA da la bienvenida y recibe con apertura cualquier proceso que busque atender con transparencia todos los asuntos que han provocado los ajustes presupuestarios que afectan el servicio eléctrico a nuestros 1.5 millones de clientes”, sostuvo la empresa en declaraciones escritas.

Según LUMA, desde 2024 la AEE no ha realizado los depósitos mensuales establecidos en el acuerdo con el Gobierno, lo que ha dejado sin financiamiento partidas esenciales para inventario, respuesta a emergencias y atención de averías.

La empresa subrayó que los recaudos de la factura eléctrica van directamente a las cuentas de la AEE, y que no puede transferir fondos sin autorización de esta.

A pesar de esas limitaciones, LUMA aseguró que las operaciones en horario regular continuarán con normalidad y que las emergencias nocturnas seguirán siendo atendidas. Sin embargo, reconoció que los ajustes presupuestarios afectan su capacidad de respuesta y mantenimiento.

Por su parte, la gobernadora González Colón denunció que la empresa impone “apagones seleccionados” sin justificación técnica, a pesar de que en 10 meses se ha aumentado a 1,210 los megavatios adicionales de generación eléctrica. En sus expresiones, advirtió que decidir unilateralmente retirar brigadas en horario nocturno podría constituir una acción criminal, razón por la cual solicitó una investigación a Justicia.

Mientras LUMA Energy atribuye los ajustes a falta de liquidez provocada por la AEE, la mandataria interpreta la medida como una decisión negligente o concertada para dejar comunidades sin servicio. En esencia, cada parte responsabiliza a la otra, pues el Gobierno acusa al operador de incumplir su contrato y actuar sin transparencia mientras LUMA responde que es la AEE como corporación pública aún dueña del sistema eléctrico quien no está cumpliendo con las transferencias necesarias para operar la red.

La controversia se suma a las tensiones acumuladas entre el Ejecutivo y la empresa privada encargada de la transmisión y distribución de energía desde 2021. Mientras la gobernadora mantiene sobre la mesa la posibilidad de cancelar el contrato con el consorcio, la compañía insiste en que los problemas del sistema reflejan fallas estructurales heredadas y deficiencias en la administración de fondos públicos.