No hay acuerdo: Prácticos son “imprácticos” por rechazar remolcadores sin pruebas y con evidencia en contra

La controversia en la Bahía de San Juan sobre la entrada de embarcaciones de gas natural licuado mediante el uso de remolcadores continúa escalando a pasos agigantados, a pesar de que se ha divulgado en los medios un supuesto acuerdo que en realidad no existe.

“Fuentes con conocimiento del proceso que se ventila en el Tribunal Federal en Puerto Rico advirtieron a INDIARIO que algunos prácticos han actuado de manera “impráctica” y poco colaborativa, adoptando una postura rígida y confrontativa en lugar de cooperar con las autoridades y operadores para viabilizar las maniobras con los remolcadores disponibles en Puerto Rico. Esta falta de colaboración no se limita a su relación con New Fortress Energy (NFE), sino que ha sido una práctica recurrente en su trato con otros actores del sector marítimo, generando fricción y retrasos en la coordinación de operaciones esenciales dentro de la bahía de San Juan. La actitud de resistencia se da a pesar de que la operación ya se ha realizado en dos ocasiones de forma segura y sin irregularidades.

“Se han hecho maniobras con remolcadores locales en el pasado y no ha habido ningún accidente que reportar. Sin embargo, los prácticos se niegan a validar con simulaciones que la operación pueda hacerse de forma segura con los recursos actuales”, afirmó la fuente bajo condición de anonimato.

En entrevista exclusiva, una de las fuentes anónimas fue clara al cuestionar la veracidad de lo que algunos medios han publicado sobre el tranque entre New Fortress Energy y los prácticos de la Bahía.

En específico, dijo que en ciertos reportajes se ha insinuado que la decisión de usar remolcadores locales obedece únicamente a razones económicas o intereses corporativos, lo cual desmintió tajantemente.

“Eso no es cierto. Aquí no estamos poniendo dinero por encima de seguridad. Lo que se está proponiendo es seguro porque ya se ha hecho antes, se ha probado en simulaciones y está respaldado por un estudio del Cuerpo de Ingenieros. No hay interés con ninguna compañía contratante ni con los remolcadores locales. Esto no es por dinero, es por seguridad y porque Puerto Rico no puede seguir pagando más por luz usando diésel”, afirmó.

En otras palabras, la fuente alegó que parte de la narrativa que se esparce como pólvora en las redes sociales aduce a motivaciones económicas, cuando en realidad, según su testimonio, se trata de una decisión técnica y de seguridad, sustentada en precedentes de maniobras exitosas y en evidencia federal.

Esta disputa también ocurre a pesar de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos ya había concluido en su informe más reciente que la flota de remolcadores locales cumple con los requisitos de seguridad para las operaciones previstas en la Bahía de San Juan. Pese a ello, un grupo de prácticos insiste en exigir remolcadores de 80 toneladas de bollard pull —equipo que no está disponible en Puerto Rico ni fácilmente en el mercado estadounidense—, lo que ha detenido la entrada del combustible que es aproximadamente 50% más barato que el díesel, según manifestó un informante.

Las fuentes consultadas explicaron que esta dilación ha forzado a depender del diésel como principal fuente de generación y que, de continuar el tranque, la factura de luz podría duplicarse para los abonados. Esto pondría en mayor precariedad los servicios esenciales como hospitales, centros de diálisis, la cadena de suplido alimentos, entre otras necesidades indispensables en el diario vivir de los puertorriqueños.

Otro de los señalamientos que expusieron las fuentes apunta a que existen prácticos experimentados en Puerto Rico con historial comprobado en este tipo de maniobras, pero la mayoría se ha mostrado renuente a realizarlas, lo cual ha creado un tranque interno que agrava la crisis.

“Hay pilotos con décadas de experiencia que ya han hecho esta operación y están dispuestos a repetirla con los remolcadores locales. El problema es que otros, con menos experiencia, se niegan. Eso no puede seguir frenando al país”, sostuvo una de las fuentes.

Estos señalamientos abren un debate sobre la gobernanza de la Asociación de Practicaje de la Bahía de San Juan, que mantiene una posición contraria a la evidencia técnica federal y que, según voces expertas, ha puesto a la isla en una encrucijada energética.

Mientras se acumulan las pérdidas por el uso de diésel y los apagones afectan a miles de abonados, la fuente recalcó que el tranque no responde a falta de recursos sino a la negativa de un sector de prácticos a aceptar alternativas viables.

El Gobierno dice otra cosa

Sin embargo, la postura oficial del gobierno va en otra dirección. Según publicó El Vocero, el zar de Energía, Josué Colón, advirtió que NFE tendrá que buscar los remolcadores de 80 toneladas y asumir el costo adicional que represente la quema de diésel en lugar de gas natural.

Colón explicó que, mientras dure el pleito judicial, cualquier aumento en el costo de generación se le facturará a NFE, con el fin de que sea devuelto a los clientes.

“Nuestro interés es que se proteja el sistema eléctrico y a los clientes”, manifestó.

Sobre esta controversia, un pleito federal fue presentado por siete de los ocho prácticos de la Bahía de San Juan, quienes alegan que reemplazar los cuatro remolcadores de 80 toneladas por otros de menor potencia compromete la seguridad marítima.

La jueza federal Sylvia L. Carreño Coll denegó ayer la intervención del gobierno para levantar una orden restrictiva temporal que obliga a NFE a utilizar remolcadores de 80 toneladas por los próximos 14 días mientras se resuelve el caso.

Colón aseguró que, de extenderse el proceso, Puerto Rico cuenta con suficiente diésel en reservas para operar, mientras que el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech Fernández, descartó que se trate de una “crisis energética”.

“Puerto Rico no se va a apagar. Vamos a correr en diésel”, afirmó ante los periodistas.

No obstante, reconoció que hasta fin de año la factura de luz aumentará 1.8 centavos por kilovatio-hora (8%), lo que subirá el costo para los clientes residenciales de 25.5 a 27.5 centavos por kWh.