Contraloría refiere a Justicia presuntas irregularidades en el CRIM
Investigación de la Contralora apunta a pagos justificados con información falsa
Por Francisco Rodríguez-Burns|Noticias|
La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) refirió al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental una serie de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en procesos de compra y desembolsos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), incluyendo el uso de documentos con información falsa para justificar pagos con fondos públicos.
La información fue dada a conocer por el contralor auxiliar del Área Legal de la OCPR, Rafael Vázquez, al divulgar los resultados de una investigación realizada por la División de Investigaciones Especiales de la agencia.
La pesquisa abarcó el período entre el 17 de febrero y el 18 de julio de 2023 y surgió tras una querella relacionada con la tramitación de una compra y el desembolso correspondiente dentro del CRIM.
Según el informe, la investigación incluyó entrevistas, recopilación y análisis de prueba documental y testifical, revisión de sistemas internos y validación externa de información suministrada por funcionarios y suplidores. La OCPR concluyó que se identificaron actuaciones administrativas en incumplimiento con la ley y reglamentación aplicable que culminaron en la aprobación y pago de una orden de compra respaldada por documentos con información falsa e incorrecta.
El principal hallazgo está relacionado con una orden de compra de $1,000 para alimentos destinados originalmente a una reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del CRIM pautada para el 23 de febrero de 2023. Tras la cancelación del encuentro, funcionarios habrían intentado justificar el desembolso alegando que los alimentos fueron utilizados en un supuesto “Adiestramiento de Propiedad Mueble para el Colegio de CPA”.
“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció. El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada. Asimismo, empleados del CRIM que aparecían en listas de asistencia certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos”, dijo Vázquez.
El funcionario agregó que la investigación reveló que, como parte del expediente justificante del desembolso, se utilizó un correo electrónico solicitando alterar la cuenta presupuestaria originalmente utilizada para la compra, una certificación firmada por un funcionario afirmando información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.
La OCPR también determinó que la compra fue gestionada utilizando una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado, situación que —según el informe— podría propiciar pagos a precios inflados y limitar la transparencia en el uso de fondos públicos.
El informe concluye que las situaciones detectadas reflejan deficiencias significativas en el
cumplimiento de la ley y una marcada ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos dentro del CRIM.
Asimismo, advierte que la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa, evidencian falta de ética en el desempeño de funcionarios y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.
Ante los hallazgos, la OCPR remitió un referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para evaluación y acción correspondiente. Además, recomendó a la Junta de Gobierno del CRIM fortalecer sus procesos de compra, desembolso y supervisión para evitar situaciones similares.
“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, dijo Vázquez.
