Economistas reprueban diez años de la Junta Fiscal

A una década de la aprobación de la Ley PROMESA y del establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal, una encuesta realizada por la Asociación de Economistas de Puerto Rico (AEPR) revela una evaluación mayoritariamente desfavorable del organismo federal, particularmente en su contribución al crecimiento económico, la generación de empleos y el desarrollo del país.

El estudio, titulado «A diez años de PROMESA: Evaluación de los economistas sobre el desempeño de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico», encontró que el 60 % de los profesionales encuestados considera que la gestión de la Junta desde su creación en 2016 no ha sido positiva.

La evaluación resulta todavía más crítica cuando se examina su impacto económico. El 76 % de los participantes está en desacuerdo con que las políticas impulsadas o aprobadas por la Junta hayan contribuido al crecimiento económico de Puerto Rico, mientras el 75 % cuestiona su aportación al desarrollo económico a largo plazo.

La investigación contó con la participación de 51 economistas y se realizó entre el 19 de agosto y el 4 de octubre de 2026. Sus resultados fueron divulgados este domingo, 8 de noviembre.

Crecimiento económico y empleos bajo cuestionamiento

Uno de los principales hallazgos del estudio es la percepción de que las políticas de disciplina fiscal no han producido los beneficios económicos esperados tras una década de supervisión federal.

El 73 % de los encuestados considera que las políticas respaldadas por la Junta no han contribuido a mejorar el funcionamiento del mercado laboral puertorriqueño. Asimismo, el 76 % cuestiona sus efectos positivos sobre la creación de empleos, mientras el 71 % entiende que tampoco han favorecido suficientemente el establecimiento de nuevos negocios.

Las respuestas reflejan una distinción entre los esfuerzos dirigidos a controlar las finanzas gubernamentales y la capacidad de esas medidas para estimular la actividad económica y mejorar las condiciones de vida de la población.

El presidente en funciones de la Asociación de Economistas, Julio César Hernández, quien también es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, planteó que los resultados generan interrogantes sobre la efectividad de las políticas económicas aplicadas durante la última década.

Hernández reconoció la importancia de la reestructuración de la deuda pública y la estabilización de las finanzas gubernamentales, pero sostuvo que alcanzar esos objetivos no necesariamente produce aumentos en la productividad, mayores oportunidades económicas o mejoras en el bienestar ciudadano.

El economista enfatizó que la disciplina presupuestaria debe estar acompañada de políticas que promuevan la inversión, fortalezcan el capital humano, mejoren la infraestructura y amplíen la capacidad productiva del país.

Tampoco convence su desempeño en el Gobierno

La evaluación negativa se extiende a distintas áreas de la administración pública, donde los participantes expresaron dudas sobre los resultados de la intervención federal.

El 71 % de los economistas encuestados considera que la Junta no ha contribuido a mejorar la eficiencia administrativa del Gobierno de Puerto Rico, mientras el 69 % cuestiona su aportación a la reducción de la corrupción gubernamental.

De igual manera, el 65 % discrepa de que la supervisión fiscal haya fortalecido la administración del sistema contributivo y el 55 % cuestiona sus efectos sobre la transparencia de las finanzas públicas.

La calidad de la información económica también recibió señalamientos. El 63 % de los participantes entiende que la Junta no ha logrado mejorar la disponibilidad y calidad de las estadísticas económicas producidas por la Junta de Planificación.

Otros resultados indican que el 55 % cuestiona su contribución al fortalecimiento de las estadísticas de empleo y desempleo, mientras el 53 % expresa una evaluación desfavorable sobre las estadísticas relacionadas con el índice de precios.

Estos resultados adquieren relevancia ante la necesidad de contar con información confiable para formular presupuestos, establecer prioridades de inversión y evaluar el desempeño de las políticas públicas.

Recortes a la UPR reciben fuerte rechazo

Otro de los aspectos evaluados fue el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones públicas, particularmente la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Según la encuesta, el 74 % de los economistas participantes considera inadecuada la magnitud de las reducciones en el gasto de la UPR bajo la supervisión de la Junta Fiscal.

La organización destacó que durante el periodo de supervisión se promovió una reducción de aproximadamente 50 % en las aportaciones del Gobierno central al sistema universitario público.

Además, el 73 % cuestiona que se haya mantenido un balance adecuado entre la reducción del gasto gubernamental y el desarrollo económico, frente a solamente un 2 % que expresó una evaluación favorable sobre ese aspecto.

Los resultados reflejan la preocupación de los participantes por las consecuencias que puede tener la austeridad fiscal sobre instituciones responsables de la educación superior, la investigación científica y la preparación de profesionales.

Reconocen avances limitados en el control del gasto

Pese al predominio de evaluaciones desfavorables, la encuesta también identificó áreas donde las opiniones estuvieron más divididas.

El 44 % de los economistas considera que la supervisión de la Junta ha contribuido a evitar que los gastos del Gobierno excedan sus ingresos, mientras el 32 % discrepa de esa afirmación.

En cuanto al acceso a los mercados financieros, el 33 % entiende que los procesos establecidos bajo PROMESA han acercado a Puerto Rico a recuperar condiciones normales de financiamiento, frente a un 45 % que expresa una opinión contraria.

Estas respuestas reflejan que una parte de los economistas reconoce resultados en materia de control presupuestario, aunque mantiene reservas sobre su alcance y su traducción en mejores indicadores de desarrollo económico.

La distinción resulta importante porque la estabilización de las finanzas públicas y el crecimiento económico constituyen objetivos relacionados, pero no equivalentes.

Mayoría cuestiona que la Junta deba continuar

La encuesta también examinó la permanencia del organismo federal y sus consecuencias para el futuro económico de Puerto Rico.

El 57 % de los economistas participantes está en desacuerdo con que la Junta deba continuar operando hasta que Puerto Rico recupere acceso pleno a los mercados de capital, mientras el 31 % favorece esa condición.

Asimismo, el 63 % cuestiona que su impacto general sobre el futuro económico del país haya sido positivo.

Uno de los resultados más significativos es que el 71 % considera que la Junta no ha creado las condiciones necesarias para reducir el riesgo de que Puerto Rico enfrente nuevamente una situación de insolvencia fiscal.

Esto plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de los mecanismos de supervisión establecidos durante la última década y la capacidad de las instituciones locales para asumir plenamente la administración de las finanzas públicas.

Proponen una transición hacia la autonomía fiscal

Ante estos resultados, la Asociación de Economistas considera necesario que la Junta y el Gobierno de Puerto Rico comiencen a establecer una agenda de transición que permita recuperar progresivamente la autonomía fiscal, sin comprometer la disciplina presupuestaria ni la sostenibilidad de la deuda pública.

Entre las prioridades identificadas figuran fortalecer los sistemas de información financiera, profesionalizar la administración pública, mejorar las estadísticas económicas y establecer una estrategia de desarrollo que fomente la inversión productiva y el fortalecimiento del capital humano.

La organización también plantea la necesidad de reforzar las capacidades institucionales de la Junta de Planificación y establecer mecanismos permanentes de transparencia y rendición de cuentas.

El planteamiento de los economistas no supone abandonar la responsabilidad fiscal, sino integrar ese objetivo con políticas que permitan generar actividad económica y sostener los servicios públicos a largo plazo.

Una década de PROMESA bajo evaluación

La Junta de Supervisión Fiscal fue creada mediante la Ley PROMESA, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016, para atender la crisis de deuda pública de Puerto Rico, supervisar las finanzas gubernamentales y facilitar los procesos de reestructuración de obligaciones.

Durante sus diez años de existencia, el organismo ha intervenido en la elaboración y certificación de planes fiscales, presupuestos gubernamentales y procesos de reestructuración de deuda.

Sin embargo, el estudio de la Asociación de Economistas plantea que el éxito de la supervisión federal no debe medirse únicamente por el control del gasto o la reducción de obligaciones financieras, sino también por su capacidad para mejorar las condiciones económicas del país.

La organización aclaró que los resultados corresponden exclusivamente a las opiniones de los 51 economistas participantes y no constituyen una muestra estadísticamente representativa de todos los profesionales de esta disciplina en Puerto Rico.

Aun con esa limitación, la encuesta incorpora una evaluación profesional al debate sobre el futuro de la Junta y las condiciones necesarias para concluir su mandato.

A diez años de PROMESA, la interrogante que plantea el estudio trasciende la reducción de la deuda pública: ¿cuenta Puerto Rico hoy con una economía más fuerte, instituciones más eficientes y mejores herramientas para evitar una nueva crisis fiscal?