EXCLUSIVA: Evalúan reclutar más de 2,000 presos para proyectos de reconstrucción en Puerto Rico

Un innovador plan para reclutar a más de 2,500 reclusos de mínima seguridad para realizar trabajos relacionados a la reconstrucción de Puerto Rico se cocina en el interior del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR), según documentos oficiales y fuentes de InDiario que hablaron bajo anonimato.

Este esfuerzo, el cual ocurre entre personas que no favorecen la gestión de la secretaria actual, Ana Escobar Pabón, y que conocen el funcionamiento del DCR, buscaría atender la escasez de mano de obra entrenada, lo cual ha detenido proyectos clave en la isla tras el paso de varios desastres naturales como Irma y María en 2017 y que pone en riesgo los fondos federales que ya fueron asignados.

Aunque la gobernadora electa, Jenniffer González Colón, advino en conocimiento de este plan fuera de las vistas de transición, emitió una reacción a través de su equipo de prensa, circunscribiéndose al trabajo que realizan los diez miembros del Comité de Transición Entrante.

"El Comité de Transición Entrante, está recopilando la información provista en las vistas para redactar un informe a la gobernadora electa. Una vez se le entregue, la gobernadora, sus asesores y los eventuales miembros del gabinete que sean nombrados, lo evaluarán y decidirán que hacer con la información provista", se limitó a contestar la comisionada residente.

"La reconstrucción de Puerto Rico y la mano de obra que se necesita están en las prisiones. La gente que se necesita para levantar a Puerto Rico está ahí", dijo una de las fuentes consultadas, quien lleva años trabajando con brindarle oportunidades de crecimiento laboral a esta comunidad desde el sector privado.

Este problema, el cual ha sido el tema constante que casi todos los jefes de agencia han abordado en las vistas de transición, no cuenta con una solución efectiva a más de siete años del paso de los devastadores ciclones. Esto a pesar de que múltiples ideas se han barajado en La Fortaleza en colaboración con el sector privado, quienes arguyen que es tarea difícil conseguir mano de obra adiestrada.

La iniciativa más reciente para atender esta problemática fue la de traer sobre 70,000 inmigrantes venezolanos del estado de Nueva York, plan que fue revelado en primicia por InDiario y que posteriormente fue retirado de la consideración del gobierno de Pedro Pierluisi Urrutia, tras levantarse preocupaciones sobre temas de seguridad nacional.

Aunque no se dispone de una cifra exacta de proyectos detenidos o no iniciados específicamente por falta de trabajadores de la construcción, diversos informes y declaraciones de autoridades locales indican que la falta de personal ha afectado el progreso de múltiples iniciativas.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, la Asociación de Alcaldes denunció que algunas subastas para proyectos de reconstrucción se declararon desiertas debido a la escasez de contratistas cualificados, lo que ha retrasado la ejecución de obras esenciales en los municipios.

Además, el gobernador Pierluisi Urrutia ha reconocido en diferentes escenarios que la falta de mano de obra es un desafío continuo que afecta el ritmo de la reconstrucción en la isla.

¿Qué se sabe de este plan?

De acuerdo con las fuentes y los documentos examinados, la propuesta contempla el uso de tecnología avanzada, monitoreo electrónico y programas de capacitación laboral existentes que son subvencionados con fondos federales de la Administración de Desarrollo Económico, el Departamento del Trabajo y fondos ya otorgados a diferentes agencias locales que podrían ser destinados para preparar a los reclusos en áreas críticas del sector de la construcción bajo rigurosos requisitos de elegibilidad.

La iniciativa contempla fuertes medidas de supervisión, que incluirían drones y unidades especiales de vigilancia presencial por parte del DCR para minimizar el riesgo de fuga y el peligro que pudiera representar para la comunidad.

Según dos fuentes con conocimiento directo de las discusiones, las brigadas de trabajo se formarían en las instituciones penales de Bayamón, Arecibo, Guayama, Ponce y otras en las cárceles fuera de las regiones Norte y Sur. Además, un grupo selecto de reos tendrían a cargo el mantenimiento de los planteles del sistema público de enseñanza en horarios que no conflijan con el calendario escolar.

Esta propuesta se inspira en programas similares implementados en estados como California, Washington, Virginia y Texas, donde los sistemas penitenciarios han adoptado modelos de aprendizaje para reclusos, lo cual ha logrado reducciones significativas en la tasa de reingreso por conducta delictiva, la cual excede el 60% en Puerto Rico de acuerdo con uno de los informantes con acceso a las estadísticas más recientes tanto del Perfil del Confinado del 2020 como del nuevo informe que actualmente se está preparando y que debe arrojar el mismo porcentaje.

Este medio también supo que la Asociación de Carpinteros de Estados Unidos, entidad que ya ha adiestrado confinados en la Isla, también sería consultada para que puedan llevar a cabo parte de los adiestramientos a la comunidad penal elegible. Diversas asociaciones que agrupan trabajadores en el sector de la construcción formarían parte de las discusiones, particularmente en lo que respecta a la remuneración que los presos recibirían y la realidad del mercado actual.

¿Qué programas hay disponibles hoy?

Al día de hoy, el programa Good Jobs Challenge, el cual es financiado por el Plan de Rescate Americano impulsado por el presidente Joe Biden, busca entrenar y colocar trabajadores en empleos de calidad mientras impulsa el crecimiento económico de los estados y territorios de Estados Unidos.

En Puerto Rico, el programa ha tenido un impacto significativo. A través de una inversión de $11,380,401, UnidosUS, en colaboración con el One Stop Career Center of Puerto Rico, implementó el programa "Avanzando 2 Good Jobs". Este programa se centra en capacitar a las personas en las industrias de construcción y aeroespacial, con roles como instaladores de tuberías, electricistas y mecánicos de aeronaves. Dicha inversión pretende apoyar la recuperación económica de Puerto Rico tras múltiples desastres naturales y la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el portal de la agencia estadounidense, el programa promueve sistemas regionales de capacitación laboral para crear asociaciones sectoriales que entrenen y coloquen a trabajadores en empleos de calidad. Estos trabajos, alineados con los Principios de Buenas Prácticas Laborales de los Departamentos de Trabajo y Comercio, buscan acelerar el crecimiento económico local y reconstruir economías resilientes mientras fomentan la movilidad y seguridad económica de los trabajadores.

El programa también destaca por su misión de eliminar barreras sistémicas a través de servicios de apoyo, además de ofrecer oportunidades de capacitación remunerada.

Otra ayuda federal que pudiera estar disponible para el plan de insertar convictos en los trabajos de reconstrucción provienen de los fondos bajo la Ley Workforce Investment Opportunity Act (WOIA) acreditado por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos que desde 2018 maneja el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para ofrecer educación técnica en oficios como carpintería, albañilería y terminaciones en concreto.

Los participantes reciben formación práctica bajo la supervisión de mentores experimentados y educación técnica complementaria. Al completar el programa, obtienen credenciales reconocidas a nivel nacional que certifican sus competencias y los posicionan para ingresar al mercado laboral con habilidades de alta demanda.

Surge del récord periodístico que en julio de 2023, el DDEC anunció la asignación de $357,623 por parte del Departamento del Trabajo federal como subvención para el programa de Fórmula de Expansión de Aprendizaje Estatal. Se desconoce el resultado de esta iniciativa.