COLUMNA: 6, el número de la rehabilitación

La Constitución de Puerto Rico establece en su Carta de Derechos que, respecto a aquella persona convicta de un delito, “la suspensión de los derechos civiles [...] cesará al cumplirse la pena impuesta”. El ya citado documento, en la sección 19 del artículo VI, instaura como política pública el “reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Sin embargo, los efectos de la condena impuesta, no culmina con su excarcelación, pues son sometidos a etiquetas por parte de la sociedad y a encontrase con obstáculos que no le permiten una verdadera reintegración.

El Departmento de Corrección y Rehabilitación (DCR), tiene lo que se conoce como un Plan de Egreso, el cual inicia seis (6) meses antes que la persona encarcelada este próxima a liquidar su sentencia. Hay que reconocer que el Gobierno ha establecido legislación que fortalece dicho Plan, pero hace falta una estrategia interna para que se implemente como debe ser. Entre estas medidas se encuentran: la Ley 61-2019, Ley para facilitar la reintegración a la comunidad de la persona ex confinada, la cual tuve la oportunidad de colaborar y trabajar directamente. Esta medida estableció un mecanismo para que las personas próximas a salir puedan obtener su certificado de nacimiento, una identificación oficial y otros documentos esenciales. Aunque parece algo básico, para muchos que llevan décadas encarcelados, esto representa la llave para comenzar de nuevo en una sociedad que sigue su curso.

El pasado 16 de julio, la Gobernadora, Jenniffer González, firmó la Ley 60-2025, de la autoria del Presidente del Senado, Thómas Rivera Schatz (PS 61). Esta legislación enmienda varios artículos de la Ley 166-2009, Ley de Contratación de Confinados para la Realización de Diversas Tareas como parte del Proceso de Rehabilitación y Reinserción a la Libre Comunidad; a los fines de ampliar sus disposiciones para la contración de confinados en el sector privado antes de completar su sentencia. Así como estas, existen otras leyes, como la Ley 66-2008, para fortalecer la red familiar, órdenes administrativas que buscan conocer los estudios y talentos de la población, entre otras, que por razones que desconocemos no se continuan o no se implementan.

Todas estas acciones son valiosas porque la rehabilitación no empieza ni termina el día de la excarcelación, comienza mucho antes, con preparación social, educativa, emocional y laboral. El Gobierno ha hecho lo propio al legislar conforme a nuestro mandato. El DCR el cual para mi es un mini Gobierno dentro del Gobierno debe fortalecerse, mejorar ese Plan de Egreso a uno ordenado y efectivo. Tiene que: 1) modernizarse, 2) digitalizarse y 3) ser visible a la rendición de cuentas. Debe dejar atrás 4) los procesos manuales, que dificulta el tener estadísticas a tiempos reales, documentos extraviados y procesos que toman días, 5) la falta de conexión entre las mismas oficinas y, 6) eliminar expedientes extensos, en ocasiones inelegibles y polvorientos. Los técnicos sociopenales necesitan acceso inmediato a la información, apoyados por herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial, que ya están disponibles y que pueden facilitar el seguimiento y apoyo efectivo a cada caso.

En el sistema correccional de Puerto Rico, el número seis (6) representa una ventana de oportunidad. Es el número clave que debe marcar el proceso de rehabilitación. Y es también el símbolo de que la rehabilitación debe ser continua, planificada y estratégica. Seis (6) es un número pequeño, pero en rehabilitación es inmenso, el inicio de una verdadera transformación y un segunda oportunidad. El DCR debe mirar adelante y usar el seis (6) como inspiración.