COLUMNA: El deber del Estado y los que se hacen los locos

Cuando el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, impuso multas a una empresa privada que organizó torneos de voleibol infantil en el Centro de Convenciones de Puerto Rico Pedro Rosselló sin cumplir con los reglamentos establecidos por el Estado, no solo estaba aplicando la ley.

Estaba ejerciendo algo más profundo: la responsabilidad moral y constitucional que tiene el gobierno de proteger a nuestros menores.

Pero como suele ocurrir en esta isla donde a veces se defiende más la libre empresa que la niñez, de inmediato surgieron voces de indignación. Que si el gobierno se mete demasiado. Que si son trabas para el deporte. Que si se afecta la industria. En resumen, que se prefiere la “libertad de empresa” por encima del bienestar de los niños.

El problema con esta narrativa es que parte de una premisa peligrosa, la cual sugiere que los niños son propiedad de los adultos, del mercado o de quien les pueda ofrecer una oportunidad “competitiva”. Pero los menores no son mercancía. Son sujetos de derecho. Y el Estado —nos guste o no— es el único ente legitimado para garantizar esos derechos cuando los demás fallan.

La intervención del DRD no fue ni arbitraria ni absurda. Al contrario. Se trataba de una empresa privada utilizando una instalación pública, financiada por todos, para celebrar eventos con menores sin cumplir con requisitos básicos como seguros, licencias y protocolos de seguridad. ¿A quién responde entonces el secretario? ¿A la comodidad del empresario o a la vida, la salud y la dignidad de los niños?

Hay quienes han construido una especie de caricatura donde el Estado siempre es el malo y la empresa privada siempre es la salvadora. Pero en una isla como la nuestra, donde las desigualdades sociales están al tope, dejar la niñez al arbitrio de quien pueda pagar es, sencillamente, irresponsable.

Decir que el DRD no debe intervenir en estos espacios porque “entorpece” la iniciativa privada es no entender cómo funciona el principio de parens patriae. Es negarse a ver que el Estado tiene no solo la facultad, sino el deber de velar por los intereses de quienes no pueden defenderse por sí mismos. Y eso incluye decirle que no a un organizador privado.

La ironía es aún mayor, pues se trata de un torneo de menores en una instalación que, aunque administrada por una corporación pública, sigue siendo patrimonio del pueblo de Puerto Rico. No se puede permitir que ese espacio sirva como escenario para la evasión de la política pública. El cumplimiento no es opcional. No es un favor. Es parte del mínimo civilizatorio que debe regir cuando se trabaja con niñez.

El debate no debería girar en torno a si el gobierno debe o no meterse en el deporte infantil. La verdadera pregunta es por qué hay tantos dispuestos a mirar para el lado cuando los derechos de los niños están en juego. El secretario Vázquez Muñiz no hizo otra cosa que lo correcto.

Que se molesten los que quieran. Pero si en algo debe ser firme el Gobierno, es en defender a los que aún no pueden votar, ni organizar cabilderos, ni pagar publicidad. Es velar por el mejor bienestar de nuestros menores.

Porque el día que normalicemos la negligencia disfrazada de “libertad empresarial”, ese día habremos renunciado a nuestra responsabilidad como pueblo.

El licenciado Rafelli González Cotto es un periodista, abogado y profesor puertorriqueño con más de 15 años de experiencia en medios digitales y comunicación pública. Ha fungido como cofundador de medios noticiosos, dirigido estrategias editoriales en prensa digital y liderado diversas iniciativas de índole comunitaria. Como abogado, ha defendido la libertad de expresión en los tribunales y como profesor universitario forma comunicadores en contenidos digitales y narrativa multiplataforma.