COLUMNA: Construyendo un Puerto Rico para todas las edades
El autor plantea que "[e]n lugar de anticipar el cambio demográfico más importante de nuestra generación, hemos actuado como si el tiempo no pasara."
En Puerto Rico la población de adultos mayores continua en crecimiento vertiginoso y eso no es ninguna sorpresa. Lo sorprendente es lo poco que hemos hecho para prepararnos. En lugar de anticipar el cambio demográfico más importante de nuestra generación, hemos actuado como si el tiempo no pasara. Por eso resulta notable —y necesario— que se presenten propuestas legislativas que, por fin, colocan el envejecimiento en el centro de la política pública. Recientemente, Thomas Rivera Schatz, presentó —y se aprobaron en el Senado— un paquete de medidas que buscan estructurar respuestas concretas a las realidades de la población de los adultos mayores.
Puerto Rico está envejeciendo rápidamente. Más del 28% de nuestra población ya supera los 60 años. Además, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ha destacado que la población de 65 años o más ha duplicado a la población menor de 15 años en varios municipios, subrayando el acelerado envejecimiento poblacional en la isla. Pero el envejecimiento no es el problema. El problema es que, como sociedad, seguimos tratando este fenómeno como una carga en vez de una oportunidad. Y ahí es donde las medidas legislativas, presentadas por el Presidente del Senado, marcan un giro.
El P. del S. 649 plantea algo tan simple como revolucionario: usar la Ley de Alianzas Público-Privadas, y aprovechar el ordenamiento vigente, para transformar escuelas abandonadas y edificios gubernamentales en desuso en viviendas dignas para adultos mayores. Esta propuesta no solo atiende la necesidad urgente de vivienda apta, sino que también ofrece una solución creativa al problema del deterioro urbano. ¿Hace falta voluntad? Sí. ¿Hace falta vigilancia para que no se convierta en otro contrato cuestionable? También. Pero la iniciativa legislativa es acertada y su estudio es necesario.
Por otro lado, el P. del S. 648 propone establecer una política pública clara para la formación de profesionales en geriatría y gerontología. Con solo 60 geriatras para una población de más de 880,000 personas mayores de 60 años, este proyecto es un acto de sentido común.
¿Cómo pretendemos atender las necesidades de una población que crece exponencialmente si no preparamos a quienes tendrán que cuidarla? Esta medida va más allá de formar médicos: habla de enfermeros, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y hasta nutricionistas. La salud del país comienza con la preparación de su gente.
Además, se añaden propuestas para expandir la política sobre cuidadores informales (P. del S. 652), fomentar el empresarismo intergeneracional (P. del S. 651), y ordenar investigaciones senatoriales sobre el cuido prolongado en Puerto Rico y el mercado laboral en esta población (R. del S. 217 y 218).
En conjunto, estas medidas componen una robusta política pública en beneficio de las personas de edad avanzada en Puerto Rico y reconocen que envejecer no es una tragedia, sino una etapa que merece planificación, dignidad y respeto. Y si el Estado se atreve a mirar con seriedad a su vejez, quizás —por fin— empecemos a construir un Puerto Rico más justo para todos, sin importar la edad.
Henry Rodríguez Gracia es abogado y asesor legislativo. Ha desempeñado funciones en las tres ramas del gobierno, aportando desde la práctica jurídica, el análisis legislativo y la formulación e implementación de política pública.
