COLUMNA: Viviendo en el pasado
Por Carlos Rivera, exsecretario del Trabajo: ¿Leyes laborales de PR ancladas en el pasado industrial? Efectos en economía y empleo.
La Revolución Industrial ocurrió en el siglo XVIII, entre 1750 y aproximadamente 1915. Durante ese periodo, las condiciones laborales eran inhumanas: trabajaban niños, las jornadas eran de 16 horas, y los entornos eran peligrosos e insalubres, provocando incluso la muerte de muchos trabajadores. No existía ningún tipo de derecho ni protección para los empleados, por lo que se desarrolló una intensa lucha de clases. El patrono era visto como el enemigo, y el trabajador debía luchar para conquistar sus derechos.
Esa lucha generó importantes transformaciones, como la creación del Seguro Social, el seguro por desempleo, planes de retiro, leyes de salud y seguridad como OSHA, y muchas otras protecciones laborales que aún están vigentes.
Con el tiempo, la sociedad se fue modernizando. La educación se volvió más accesible, surgieron becas universitarias, y la forma de trabajar se transformó en tareas más seguras y entornos laborales con beneficios atractivos.
Hoy vivimos en una realidad distinta, tanto para el patrono como para el trabajador. Ya los patronos no representan aquellos enemigos históricos que oprimían al obrero. A su vez, muchos trabajadores actuales no se sienten representados por la estructura laboral vigente. Hoy se valora la flexibilidad más que la rigidez de una jornada de ocho horas. Muchos prefieren almorzar rápido para salir antes, o trabajar más horas por día a cambio de días libres adicionales. Incluso, en ocasiones, el tener más licencias pagadas es menos importante que disponer de tiempo para sí mismos y su calidad de vida.
Desde la perspectiva patronal, el exceso de regulación ha hecho cada vez más difícil administrar un negocio. Las constantes normativas incrementan los costos operacionales, particularmente en servicios de consultoría legal. Medidas como el pago de indemnización por despido —aun en una jurisdicción como Puerto Rico donde hay plazas disponibles, existe un seguro por desempleo y sólo el 44.6 % de la población trabaja— imponen cargas adicionales que desincentivan el crecimiento del sector privado. Además, la tendencia a inclinar la balanza sistemáticamente a favor del trabajador en toda reclamación contra el patrono socava la confianza empresarial y limita las posibilidades reales de éxito.
Es cierto que en los inicios de la Revolución Industrial existía un gran desbalance entre patronos y trabajadores que requería intervención. Sin embargo, las condiciones sociales y económicas de hoy son muy distintas, pero seguimos legislando como si viviéramos en ese pasado.
Continuar replicando un marco legal anclado en condiciones obsoletas no corrige injusticias: las crea. Al perpetuar una visión anticuada del trabajo, fomentamos el decrecimiento económico y empresarial. Y con ello, irónicamente, lo que terminamos asegurando es un futuro sin empleo para los mismos trabajadores que intentamos proteger.
El Lcdo. Carlos J. Rivera Santiago, fungió como Secretario del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico. Su trabajo como secretario fue crucial para la gestión de miles de reclamos de desempleo y subsidios de desempleo, especialmente durante la pandemia, ayudando a estabilizar las operaciones del departamento, detectar fraudes y facilitar la distribución de ayuda a los ciudadanos
