Del impuesto al inventario a la reinvención municipal
El debate sobre el impuesto al inventario expone la necesidad de redefinir funciones municipales, eliminar duplicidades y modernizar la gestión pública

En Puerto Rico hay temas que se discuten como si fueran parte del paisaje: la luz, el agua, y el Impuesto al Inventario. Ese viejo conocido que muchos defienden como si fuera el oxígeno de los municipios, y otros acusan de ser el culpable de que en la isla se pague más por todo, desde el arroz hasta el aire acondicionado.
Los alcaldes advierten que, si se elimina, colapsarán servicios esenciales: recogido de basura, mantenimiento de parques, seguridad, rescates, emergencias médicas, transporte colectivo, hasta programas de juventud y apoyo a familias. Y claro, nadie quiere ver su pueblo lleno de basura o sin paramédicos. Pero el dilema es otro: ¿vamos a seguir sosteniendo un sistema que hace agua por todos lados, solo porque es el que conocemos?
Porque la verdad es que el modelo municipal que tenemos ya no da pie con bola. Tenemos 78 municipios, todos con oficinas de compras, recursos humanos, contabilidad, y hasta “relaciones públicas” aunque no haya ni presupuesto para las luces del estadio. Y mientras tanto, el Gobierno Central hace muchas de las mismas cosas, pero con menos eficiencia y más papeleo.
La duplicidad es tanta, que si se cobrara por redundancia, tendríamos superávit.
Por eso, antes de hablar de eliminar el impuesto, hay que hablar de redefinir funciones. No se trata de borrar municipios del mapa —eso sería un atentado contra nuestra historia y cultura— sino de decidir qué hace quién. Si hay agencias del gobierno que ofrecen los mismos servicios que los municipios, ¿por qué no eliminar esas agencias y pasar esos fondos a los pueblos? Ese dinero estaría mucho mejor invertido en quien conoce el barrio, la comunidad y la gente de frente.
Pero, ojo, esto no puede ser carta blanca. Si los municipios reciben más recursos, también deben tener más responsabilidad y consecuencias. No puede ser que mientras el país hace malabares fiscales, algunos insistan en el eterno “baile, botella y baraja”. Si hay alcaldes que botan el dinero en fiestas, contratos fantasmas o excesos administrativos, debe haber garras legales que los sancionen. El pueblo no puede seguir pagando la irresponsabilidad de unos pocos.
Es hora de una conversación adulta. Ni el Impuesto al Inventario puede ser el salvavidas eterno, ni la eliminación de municipios la solución mágica.
El camino es otro: reorganizar, simplificar y modernizar. Apostar por alianzas regionales, digitalizar servicios, y compartir recursos. Porque seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes —como decía Einstein— no es política pública: es comedia repetida.
Puerto Rico no necesita más estructuras, necesita mejores resultados. Y eso empieza cuando dejamos de defender lo que nos cuesta caro, solo porque lleva mucho tiempo ahí.