Entre la prudencia y la claridad: una reflexión necesaria

Entiendo la postura asumida por la gobernadora de Puerto Rico ante el Proyecto del Senado 923. Desde una perspectiva de responsabilidad ejecutiva, su cautela responde al deseo de evitar conflictos jurídicos innecesarios y de sostener coherencia con el marco legal vigente. Esa prudencia, en el ejercicio del poder, es comprensible y merece reconocimiento.

Sin embargo, también es justo señalar que, para muchos ciudadanos de convicciones conservadoras, el debate no gira únicamente en torno a si la ley ya contempla ciertos principios, sino a qué tan clara, expresa y contundente es esa protección. En materia de derechos fundamentales —especialmente cuando hablamos de la vida humana— la claridad no es redundancia; es garantía.

Es cierto que el ordenamiento jurídico de Puerto Rico ya reconoce al nasciturus como ser humano y como persona natural, tanto en el Código Penal como en el Código Civil. También es cierto que leyes recientes tipifican como asesinato en primer grado la muerte del concebido cuando una mujer embarazada es asesinada. Desde el punto de vista técnico, el marco legal existe.

Pero la inquietud conservadora apunta a algo más profundo: la necesidad de definiciones explícitas, inequívocas y armónicas, que no dependan de interpretaciones implícitas ni de lecturas cruzadas entre distintos cuerpos legales. En un contexto cultural y jurídico cambiante, donde conceptos esenciales son constantemente reexaminados, muchos entendemos que nombrar con claridad es una forma de proteger.

Además, una definición más directa y expresa habría contribuido a atemperar aún más nuestro marco legal al lenguaje y espíritu de la legislación federal, que históricamente ha incluido de forma explícita al concebido dentro de sus definiciones de ser humano en contextos específicos. Esa alineación no solo fortalece la coherencia jurídica, sino que reduce ambigüedades futuras.

Dicho esto, el diálogo no debe plantearse como una dicotomía entre prudencia y convicción. Puerto Rico necesita ambas. Necesita gobernantes que actúen con mesura, pero también una ciudadanía que exprese con respeto sus aspiraciones morales y jurídicas. Para muchos conservadores, pedir definiciones más claras no es un gesto ideológico, sino una afirmación de principios que consideran fundamentales para el bien común.

El reto, de cara al futuro, será seguir construyendo consensos donde la ley no solo sea correcta en términos técnicos, sino también clara en su mensaje y firme en la protección de la vida humana