Hablemos de Zonas y Oportunidad

Este 31 de diciembre culmina la designación federal de Zonas de Oportunidad 1.0 que cubre cerca del 98% de Puerto Rico. El andamiaje federal buscaba promover que inversionistas pospusieran la tributación federal en ganancias de capital a cambio de la aportación del capital al desarrollo en áreas desventajadas de la nación. 

Como medida de emergencia por los huracanes Irma y María, Puerto Rico fue excluido inicialmente de la regla general que limitaba a un 25% de tractos censales en cada estado. Con la aprobación del One Big Beautiful Bill, el Congreso estableció que a partir del 1 de enero de 2027 a Puerto Rico le aplicará la misma regla y deberían seleccionarse tractos rurales y no rurales. A consecuencia de estos cambios conocidos como Zonas de Oportunidad 2.0, habría una reducción de los 863 tractos censales habidos originalmente a tan solo 178 tractos censales elegibles.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, junto a la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, en consulta con el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y ciertas agencias federales, se dieron a la ardua tarea de identificar el 25% de tractos censales que serían sugeridos a la Gobernadora, Hon. Jenniffer González Colón, para ponerle en posición de cumplir con el mandato congresional. Para ello, se sostuvieron reuniones con las agencias federales desde el 2025, durante el 2026 se comenzaron a recibir sugerencias y en mayo 2026 se habilitó un enlace oficial para recoger recomendaciones de tractos censales por parte del sector público y privado. El pasado 5 de noviembre de 2026, el Tesoro Federal publicó los tractos censales aprobados para toda la nación, incluyendo los designados por Puerto Rico.

Este logro interdepartamental no debe pasarse por alto, y debe reconocerse además el gran trabajo y diligencia de las abogadas de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico que dirigieron los esfuerzos, logrando que se sometieran a tiempo las designaciones y que el Tesoro Federal las acogiera sin reparos.

Cumplido ya el mandato congresional, corresponde atender el programa de incentivos local de zonas de oportunidad para garantizar la continuidad de las inversiones y desarrollos de proyectos prioritarios. De entrada, debe entenderse que la legislación federal y la limitación del 25% es solo para efectos de las contribuciones sobre ingresos federales, mientras que el programa de incentivos local es bajo Ley 60-2019, cubriendo contribuciones sobre ingresos estatales. Aunque se le llame “Proyectos Prioritarios en Zonas de Oportunidad”, no hay una obligación de mantenerlo atado a los cambios del programa federal, pues el nombre no hace la cosa. 

Recientemente el Presidente del Senado, Hon. Thomas Rivera Schatz, presentó el que precisamente persigue conservar la elegibilidad del 98% de la isla para efectos de los benefici

os estatales a desarrollos en zonas de oportunidad, así como fomentar el desarrollo de viviendas que sean asequibles para la clase media y jóvenes profesionales. Considerando que los beneficios del programa federal sirven únicamente para ganancias de capital a efectos de las contribuciones federales, mientras que ha sido el programa de incentivos estatal el real propulsor de los desarrollos en Puerto Rico, el P.S. 1514 mantendría la disponibilidad de incentivos locales al 98% de áreas en Puerto Rico del que sí se puede beneficiar todo desarrollador de proyectos prioritarios residente de Puerto Rico. Al ser una mera continuidad de lo que ha existido bajo Ley 60 desde el 2019, no cabe hablar del impacto en recaudos como excusa. Quedaría en manos del ejecutivo designar cuáles áreas y tipos de proyectos serán prioritarios, y establecer los porcentajes de créditos contributivos correspondientes según la región y la aportación de cada proyecto a las zonas desventajadas. 

Ernesto J. Zayas García es abogado notario y agrónomo, especialista en derecho contributivo y agrario. Fue director de la Oficina de Incentivos para Negocios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) entre 2025 y 2026. Tiene un LL.M. en Tributación de Georgetown University y un Juris Doctor magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde enseña derecho agrario y derecho contributivo municipal. Es autor de Derecho Agrario Puertorriqueño, el primer libro de texto de derecho agrario publicado en Puerto Rico.