La oportunidad perdida de La Fortaleza

En la política, todo comunica. No solo las decisiones que se toman, sino la forma en que se anuncian.

La salida de Francisco Domenech e Itza García representaba una oportunidad para que La Fortaleza recuperara el control de una crisis que durante semanas ha dominado la conversación pública, dado paso a investigaciones oficiales y generado serios cuestionamientos sobre la administración de Jenniffer González.

Sin embargo, el mensaje terminó proyectando algo muy distinto.

Lo que se presentó no fue un ejercicio de rendición de cuentas, mucho menos un intento por restablecer la confianza pública. Fue una despedida en la que el énfasis recayó sobre la lealtad, la capacidad y la aparente integridad de los funcionarios salientes.

Desde una perspectiva de comunicación estratégica y manejo de crisis, fue un error fundamental ceder el protagonismo a las personas cuya salida debía permitirle al gobierno  recuperar su credibilidad. Con ello, se desplazó lo que debió ser el propósito principal del mensaje: proteger la credibilidad y la integridad de la institución y explicar con claridad las razones detrás de las decisiones tomadas.

Aunque una investigación no equivale a culpabilidad y toda persona merece el debido proceso, el estándar para preservar la confianza en una institución pública no debe ser el mismo que se utiliza para determinar responsabilidad legal.

No se tenía que emitir un juicio sobre los funcionarios. Lo que se debía hacer era explicar por qué la permanencia en los cargos ya no era compatible con el mejor funcionamiento de la administración y cómo se garantizaría la continuidad de los trabajos mientras los procesos investigativos continúan su curso.

La respuesta institucional era sencilla: separación inmediata de funciones, designación de sustitutos, cooperación absoluta con las autoridades y un mensaje centrado en la institución, no en las personas.

En cambio, la estrategia dejó más preguntas que respuestas. Si ambos funcionarios conservaban plenamente la confianza de la gobernadora, ¿por qué era necesaria su salida? Si su salida era indispensable para proteger al gobierno, ¿por qué permanecerán varias semanas adicionales en sus funciones? Cuando un mensaje contiene contradicciones de esa naturaleza, pierde su capacidad para cerrar una crisis y abre espacio a nuevas interpretaciones.

Quienes ejercemos en el campo de las relaciones públicas sabemos que la primera regla del manejo de crisis es proteger la institución. No porque los funcionarios no merezcan un trato justo, sino porque la legitimidad del gobierno depende de que la ciudadanía tenga la certeza de que las decisiones responden exclusivamente al interés público y no a relaciones personales o consideraciones políticas.

Mi análisis no surge desde la distancia. Durante la controversia que dio paso a esta crisis me desempeñé como director de Prensa y Comunicaciones del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Haber vivido de cerca esos acontecimientos reforzó una convicción que trasciende cualquier administración: la comunicación institucional debe servir primero a la institución y nunca convertirse en un instrumento para proteger personas o intereses particulares.

La estrategia de comunicación utilizada por La Fortaleza produjo el efecto contrario. En lugar de reforzar la autoridad institucional, fortaleció la narrativa que se ha venido construyendo durante semanas. Mientras los funcionarios abandonan el gobierno con un mensaje de reconocimiento, respaldo y reivindicación, el gobierno y su primera mandataria conservan el peso de la crisis, las investigaciones y las preguntas que el anuncio dejó sin responder.

Con esto queda claro que el mayor daño de una crisis no proviene del hecho que la origina, sino de la forma en que se decide enfrentarla. La comunicación puede ser la herramienta que permita contener una crisis o el factor que termine profundizándola.