La polémica sobre las farmacias Walgreens y el Plan Vital
Los consumidores puertorriqueños deben poder elegir en qué farmacias adquirir sus medicamentos, ejerciendo su libertad individual, escribe Jorge L. Rodríguez
En semanas recientes, surgió una controversia en torno a la posibilidad de impedir que las farmacias Walgreens vendan medicamentos financiados por el Plan de Salud del Gobierno, conocido como Plan Vital. Algunos proveedores farmacéuticos de Puerto Rico han instado al Gobierno a adoptar medidas proteccionistas para excluir a Walgreens de dicho plan. Más allá de las posibles implicaciones legales de esas demandas, es pertinente analizar esta situación desde la perspectiva de la libertad económica y el libre mercado, así como su relevancia para el bienestar de la sociedad.
El desarrollo de una sociedad depende de la inversión privada y el emprendimiento, los cuales solo prosperan en un entorno que garantice un retorno económico adecuado. Dicho retorno se logra mediante un mercado libre que fomente la competitividad, la más alta calidad, los mejores precios y la innovación en beneficio de los consumidores. Un mercado libre solo es posible cuando se garantiza el buen funcionamiento de sus cuatro pilares fundamentales: las libertades individuales, el Estado de derecho, el derecho de propiedad privada y un gobierno limitado.
Los consumidores puertorriqueños deben poder elegir en qué farmacias adquirir sus medicamentos, ejerciendo su libertad individual. El Gobierno no debería interferir en las decisiones de las personas ni dictar a cuáles farmacias pueden ir y a cuáles no. Está demostrado que los mercados funcionan de manera más eficiente y efectiva cuando las decisiones las toman cientos de miles de personas, de forma libre y voluntaria, según sus propias circunstancias, necesidades y preferencias.
Por otro lado, en un Estado de derecho, es imprescindible que las leyes se apliquen de manera uniforme para todos, promoviendo un ambiente confiable para la toma de decisiones. Este marco permite la construcción y el desarrollo de mercados donde los proveedores de productos y servicios, para mantenerse relevantes y atractivos, se ven obligados a ser competitivos e innovadores, y a ofrecer la mayor calidad al mejor precio. De esta manera, se benefician los consumidores y se establecen las bases para un desarrollo sostenible.
Como señaló el premio Nobel de Economía Friedrich A. Hayek, el rol del Gobierno debe limitarse a «crear las condiciones en que la competencia actuará con toda la eficacia posible». No le corresponde al Gobierno determinar las empresas ganadoras y perdedoras en el mercado; esa decisión corresponde a los consumidores, actuando libremente según sus circunstancias y necesidades. Puerto Rico debe aspirar a un entorno donde las empresas que no sean competitivas y no brinden los mejores precios, servicios y calidad posibles enfrenten las consecuencias.
El proteccionismo y la discriminación afectan negativamente a la sociedad ya que generan distorsiones que trastocan la asignación eficiente de los recursos para satisfacer las necesidades del mercado. La evidencia ha demostrado que el proteccionismo perjudica el crecimiento económico, elimina empleos, aumenta los costos, reduce la calidad, impide la prosperidad y disminuye los estándares de vida. En resumidas cuentas, el proteccionismo beneficia a unos pocos proveedores a costa de todos los consumidores.
La participación de Walgreens en el mercado de Estados Unidos puede aportar eficiencias e innovación al mercado de Puerto Rico. Discriminar contra Walgreens con el argumento de que podría perjudicar a las farmacias locales subestima la capacidad de los empresarios farmacéuticos puertorriqueños para competir. Las pequeñas, medianas y grandes empresas locales no solo tienen el potencial de ser competitivas e innovadoras, sino también de expandirse e insertarse en el mercado internacional mediante la exportación de sus productos y servicios.
No tiene sentido alguno que el Gobierno excluya del Plan Vital a un proveedor que puede aportar competitividad e innovación, generando a su vez eficiencias significativas. El simple hecho de que Puerto Rico sea una isla y tenga una escala de mercado geográficamente limitante debería ser razón suficiente para tratar de atraer proveedores de Estados Unidos y otros países. Más aún, cuando el Gobierno interviene en el mercado abriéndole puertas a unos y cerrándolas a otros, se crean condiciones propicias para la corrupción.
Excluir a un proveedor de bienes y servicios, como en este caso dentro del mercado de la salud, y utilizar el monopolio de la violencia del Estado para impedir su participación en el Plan Vital constituye una extralimitación gubernamental impropia, que atenta contra el buen funcionamiento del libre mercado. Este tipo de intervención indebida perjudica la libertad económica, desalienta la inversión privada y el emprendimiento, y deteriora el clima de negocios en Puerto Rico. Si hoy la discriminación y la exclusión son contra Walgreens, ¿quién será el próximo perjudicado, en qué industria y con qué justificación?
El Instituto de Libertad Económica para Puerto Rico, una institución sin fines de lucro (1101.01 (a)(2)(B), 501(c)(3)), no partidista fundada en 2019, que nace del deseo genuino de encontrar una nueva forma para que los residentes de Puerto Rico salgan adelante.