Opinión: La trampa legislativa de Gregorio Matías: Cuando la “plugola” se usa como cortina de humo

Con 27 votos a favor y solo la legisladora popular Marially González Huertas en contra, el Senado de Puerto Rico aprobó una resolución investigativa sometida por el senador Gregorio Matías que, en teoría, busca acabar con la “plugola” en los medios de comunicación.

Suena bien. Suena a transparencia. Pero si uno raspa la superficie del discurso populista, se encuentra con otra cosa: un intento burdo de mezclar el ejercicio legítimo del periodismo con lo que, según la acusación federal contra Sixto George, hicieron figuras públicas que no son periodistas cuando supuestamente recibieron pagos para manipular la opinión pública.

Aquí no se trata de defender a nadie que haya cobrado bajo la mesa para promover o atacar figuras políticas, ni de negar que en Puerto Rico hay comunicadores que juegan a ser relacionistas públicos sin decirlo. Pero sí se trata de levantar bandera cuando un político usa la Asamblea Legislativa para embarrar el trabajo periodístico responsable y meterlo en el mismo saco de los esquemas de manipulación política que han sido objeto de investigaciones federales.

El caso de United States v. Sixto Díaz Colón, citado en la resolución, no trata sobre periodismo corrupto. Es un caso de políticos y asesores con agendas ocultas, de transacciones secretas para comprar narrativas favorables y de un exfuncionario que hizo lo correcto: ir al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) para consentir a ser equipado con dispositivos de grabación para detener las acciones de un productor ante el público y un "gangster" tras bambalinas que vendía sus supuestas influencias para tergiversar la verdad a través de terceros. En palabras más simples, hacía todo lo contrario en el periodismo.

Sin embargo, Matías y sus aliados insisten en impulsar la idea de que hay que “investigar” la “plugola” en los medios, una movida que tiene menos que ver con buscar la verdad y más con generar desconfianza sobre la prensa que fiscaliza su gestión.

El lenguaje de la resolución es revelador. Se cita a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), se mencionan las normas contra la “payola” y la “plugola” en estaciones de radio y televisión, pero se omite convenientemente un detalle clave: esas regulaciones ya existen y son aplicadas por las autoridades federales. No hay un vacío legal. No hay una necesidad urgente de legislación local. Entonces, ¿para qué la resolución?

Aquí entra en juego la estrategia política. La táctica no es nueva: sembrar sospecha sobre la prensa, debilitar su credibilidad y, eventualmente, justificar regulaciones más estrictas que limiten su independencia. Es un libreto que hemos visto en otros contextos donde el poder le teme a la fiscalización.

Y no nos equivoquemos. El blanco de este esfuerzo no son los creadores de contenido que venden menciones disfrazadas de opinión. Es el periodismo que incomoda. Es la prensa que expone la corrupción, que investiga a los que manejan fondos públicos, que destapa irregularidades en la gestión gubernamental.

Al equiparar el periodismo con la “plugola”, Matías está jugando un juego peligroso. No solo intenta colocar una sombra de duda sobre toda la prensa, sino que además le da municiones a los sectores que quieren deslegitimar el trabajo de los periodistas serios.

Es importante entender lo que está en juego. Si permitimos que este tipo de discurso se normalice, el próximo paso será ver propuestas más agresivas para regular contenidos, imponer requisitos arbitrarios o hasta sancionar a quienes cuestionen al poder.

El periodismo responsable no es lo mismo que la propaganda disfrazada. La “plugola” es un problema real, pero usarla como excusa para atacar a la prensa es un acto de manipulación política. Y si Gregorio Matías cree que nadie se dará cuenta de su jugada, subestima la inteligencia del país.