COLUMNA- Legislar no es para cobardes
Rivera Schatz escribe sobre legislar cuando toca decidir, asumir costos y defender principios, aunque incomoden y no todos aplaudan.
Por Thomas Rivera Schatz |Opinión|

Hubo un momento, no anunciado, no ceremonial, en que tocó decidir. No mirar de lado. No postergar. Decidir. El año legislativo 2025 fue ese punto. No uno de evasivas, sino de definiciones. Y cuando llegó la hora de legislar sobre asuntos fundamentales, la Asamblea Legislativa optó por la claridad y la convicción.
Nada de lo que ocurrió fue producto del impulso. Las Leyes Núm. 14, 63, 64, 89, 122, 143, 166 y 183 no aparecieron de la nada ni surgieron para satisfacer titulares. Son la palabra convertida en acción de lo que ofrecimos al pueblo de Puerto Rico durante la pasada campaña electoral quienes aspiramos bajo la insignia del PNP. Desde la Asamblea Legislativa asumimos la tarea de cumplir ese compromiso: proteger los derechos fundamentales, fortalecer la familia como institución social, salvaguardar a la niñez y reafirmar principios y valores que han sostenido a nuestra sociedad por generaciones. Ese compromiso fue presentado al pueblo puertorriqueño y validado por la mayoría de los electores, quienes respaldaron una agenda legislativa definida. En una democracia, eso tiene peso. Y tiene consecuencias.
A partir de ahí, el rumbo quedó trazado. Una visión de Estado con premisas claras y sin ambigüedades. La libertad religiosa no como concesión administrativa, sino como derecho fundamental. La familia no como concepto moldeable, sino como columna vertebral de la sociedad. La niñez no como terreno de disputa, sino como responsabilidad indeclinable del poder público. Y la vida humana, incluso en su etapa más vulnerable, como bien que merece respeto jurídico y moral.
Por eso estas leyes no caminan solas. Se sostienen entre sí. Dialogan. Se refuerzan. No son iniciativas inconexas, sino parte de una política pública coherente que busca armonizar la Constitución, la dignidad humana y el bien común. Esa fue la dirección señalada. Y esa es la dirección que la Asamblea Legislativa ha seguido.
Desde la fe cristiana, este esfuerzo se apoya en principios universales: conciencia, responsabilidad, justicia y mayordomía. Desde el Derecho, reafirma el rol del Estado como garante del orden, protector de los más vulnerables y árbitro prudente cuando los derechos entran en tensión. No se trata de imponer creencias, sino de asumir la responsabilidad de establecer límites. Y en una democracia constitucional, gobernar sin límites no es gobernar.
Leídas en conjunto, estas medidas revelan tres ejes claros. Primero, la protección efectiva de la libertad religiosa y del culto, para que la conciencia individual no sea desplazada por la burocracia ni por presiones ideológicas. Segundo, el reconocimiento del derecho fundamental de los padres a participar en decisiones sensitivas relacionadas con la formación y el bienestar de sus hijos menores. Y tercero, el reconocimiento del concebido no nacido, el nasciturus, como persona jurídica en el Código Civil, afirmando el valor de la vida humana desde su inicio.
Nada de esto estuvo diseñado para evitar controversias. Gobernar con responsabilidad no consiste en complacer corrientes pasajeras ni en legislar para la comodidad política. Consiste en decidir, aun sabiendo que no todos estarán de acuerdo, y en respetar la voluntad de la mayoría por encima del ruido de los más insistentes. Mirar estas leyes desde consignas simplistas es perder de vista su propósito real.
Puerto Rico enfrenta el reto permanente de preservar su libertad sin extraviar su brújula jurídica y moral. Estas leyes afirman que no somos neutrales frente a la violencia contra la vida, la intimidación al culto, la exclusión de los padres del proceso educativo ni la desprotección de los menores. Reafirman que la Constitución no solo protege derechos; también reconoce deberes.
Como corresponde en una democracia, estas leyes serán examinadas en los tribunales. Pero también serán juzgadas por el tiempo. Y en ese tribunal más exigente, no prevalece la comodidad ni el silencio oportuno, sino la capacidad de haber actuado cuando tocaba hacerlo.
San Juan Pablo II lo dijo con claridad: “El futuro de la humanidad se fragua en la familia.” Defender esa verdad desde la ley no es imponer. Es responder. Y responder con responsabilidad, como legislar con convicción, no es para cobardes.

