OPINIÓN: Los funcionarios del Gobierno son tus empleados

En el sistema democrático en que vivimos, los funcionarios del gobierno no son reyes, ni dioses, ni mucho menos dueños de Puerto Rico.

Son empleados. Empleados míos, de ustedes y de todos los que vivimos y trabajamos aquí. Sus salarios, beneficios, dietas, escoltas y privilegios, se pagan con el dinero que mes tras mes el Estado nos descuenta en contribuciones de todo tipo. No hay nada más básico en una democracia que recordarles a quienes ocupan posiciones de poder que, en realidad, su rol es servir y rendir cuentas.

En Puerto Rico, la Constitución reconoce que la soberanía reside en el pueblo. Eso significa que los gobernados no entregamos un cheque en blanco cada cuatro años. Al contrario, el voto es apenas una de las muchas formas de fiscalización.

La jurisprudencia local y federal ha reafirmado que los periodistas somos intermediarios naturales en ese proceso democrático, porque la prensa no trabaja para complacer a los poderosos, sino para hacerles preguntas incómodas en nombre de quienes financian el aparato gubernamental.

Cuando un funcionario se niega a contestar preguntas no solo le falta el respeto al periodista. Está burlándose del pueblo que representa y que paga su sueldo. Pretender que el único momento válido de fiscalización ocurre en las urnas cada cuatrienio es un argumento vacío, diseñado para acallar la crítica, para anestesiar la indignación ciudadana y para trazar una delgada línea hacia el autoritarismo.

Gobiernos que se niegan a responder, que intimidan, que buscan silenciar a los medios, cruzan peligrosamente hacia la dictadura. Una isla donde la rendición de cuentas se esconde bajo la alfombra es un territorio a oscuras, vulnerable a la corrupción, la incompetencia y la mentira.

La historia nos recuerda que los regímenes dictatoriales no comienzan con tanques en las calles, sino con funcionarios que creen que no deben responder preguntas porque no les gustan o porque temen la consecuencia de decir la verdad. Eso solo refleja debilidad y miedo a perder el poder.

He defendido —y seguiré defendiendo— el derecho de los ciudadanos a saber. Particularmente en temas tan sensibles como la protección a la mujer, pues el acceso a información clara, veraz y oportuna puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso resulta inaceptable cualquier intento de menosprecio hacia la prensa.

Lo que la gobernadora Jenniffer González le hizo presencialmente al colega periodista Juan Costa no es un acto aislado. Es un reflejo de una mala práctica sistemática de distintos gobiernos, unos de forma más soslayadas y otros más frontales que, cuando se sienten acorralados por preguntas legítimas, optan por la humillación y el silencio.

Eso es peligroso. Eso hay que combatirlo siempre.

La prensa no busca halagos ni simpatías. Busca respuestas. El pueblo y sus periodistas somos los jefes de los funcionarios del gobierno y, como cualquier patrono, debemos exigirle que rindan cuentas de su trabajo. Porque cuando se esconde la verdad lo que se siembra no es respeto ni liderazgo, es miedo, es arrogancia, es dictadura. Y contra eso, la única respuesta válida es ejercer sin descanso el derecho a preguntar.

Sobre el autor

El licenciado Rafelli González Cotto es un periodista, abogado y profesor puertorriqueño con más de 15 años de experiencia en medios digitales y comunicación pública. Ha fungido como cofundador de medios noticiosos, dirigido estrategias editoriales en prensa digital y liderado diversas iniciativas de índole comunitaria. Como abogado, ha defendido la libertad de expresión en los tribunales y como profesor universitario forma comunicadores en contenidos digitales y narrativa multiplataforma.