Empleado bancario es acusado de robar $29 mil a adulto mayor
Justicia alega que utilizó su acceso al banco para realizar 24 pagos no autorizados a una tarjeta vinculada a su esposa.
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Lo que debía ser acceso para manejar y proteger las cuentas de los clientes presuntamente terminó convirtiéndose en la herramienta para desviar $29,806 de un adulto mayor de 71 años.
El Departamento de Justicia radicó cargos contra Gadiel J. Rosario Alvarado, de 38 años y residente de Bayamón, un exempleado de Banco Popular de Puerto Rico, acusado de aprovechar el acceso que tenía como parte de sus funciones para retirar dinero de la cuenta bancaria del perjudicado.
La investigación apunta a que el supuesto esquema se extendió durante aproximadamente nueve meses, entre septiembre de 2024 y junio de 2025.
Según las autoridades, durante ese periodo Rosario Alvarado habría utilizado su acceso como empleado para efectuar transacciones sin autorización del cliente y dirigir el dinero al pago de una tarjeta de crédito.
Pero el detalle del supuesto esquema va más allá: las autoridades sostienen que se realizaron 24 pagos por un total de $29,806 a una tarjeta de crédito perteneciente a la esposa del imputado.
El propio banco detectó las transacciones
La presunta irregularidad salió a relucir luego de una investigación interna de la institución financiera.
Una vez el banco determinó que las operaciones no habían sido autorizadas por el cliente, restituyó la totalidad del dinero al adulto mayor y asumió la pérdida económica. Los hallazgos fueron posteriormente referidos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude contra Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas de la Policía de Puerto Rico.
La investigación criminal estuvo a cargo de la agente Kariana Lasalde.
El caso coloca nuevamente sobre la mesa una modalidad particularmente delicada del abuso financiero contra los adultos mayores: aquella en la que quien presuntamente se aprovecha de la víctima no necesariamente es un familiar o cuidador, sino una persona con acceso institucional a su información y a sus recursos económicos.
Tres cargos criminales
La fiscal María Teresa Carro Lahongrais, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, presentó tres cargos contra Rosario Alvarado.
Estos corresponden a fraude, maltrato a personas de edad avanzada y apropiación ilegal agravada, bajo los artículos 202(b), 127-A y 182 del Código Penal de Puerto Rico.
El juez Rafael Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $30,000.
El imputado prestó la fianza y permanecerá en libertad sujeto a supervisión mientras continúa el proceso judicial. Otros informes señalan que fue colocado bajo el Programa de Supervisión Electrónica.
La vista preliminar fue señalada para el 17 de septiembre.
Justicia: no se trata únicamente del dinero
La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, advirtió que este tipo de conducta tiene consecuencias que van más allá de la pérdida económica.
“Los adultos mayores tienen derecho a manejar sus bienes y recursos económicos con seguridad y sin temor a que alguien se aproveche de su información o del acceso que pueda tener a esta”, expresó la funcionaria.
Gómez Torres sostuvo además que estos esquemas afectan el patrimonio de las víctimas, pero también su tranquilidad y la confianza que depositan en las instituciones encargadas de manejar su dinero.
El caso resulta particularmente sensible porque el supuesto acceso a los fondos no habría ocurrido desde afuera del sistema bancario, sino precisamente desde la posición de confianza que ocupaba el acusado dentro de una institución financiera.
Rosario Alvarado enfrenta ahora la continuación del proceso criminal. Como en todo caso penal, las acusaciones constituyen alegaciones y el imputado se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
