Políticas santuario bajo fuego por caso de abuso en California
DHS asegura que ICE intentó detener en 2023 al hombre ahora buscado por presuntamente abusar sexualmente y embarazar a su hija de 14 años.
Por Redacción InDiario|Policía y Tribunales|
Un estremecedor caso de abuso sexual contra una menor ha reabierto el debate sobre las políticas de “estado santuario” de California, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmara que las autoridades migratorias habían intentado detener años atrás al hombre que ahora es buscado por presuntamente abusar sexualmente de su propia hija y dejarla embarazada.
Sergio Galvez Perez, de 38 años, es buscado por las autoridades del condado de Monterey por múltiples delitos graves, entre ellos incesto, relaciones sexuales ilícitas con una menor, actos lascivos contra una menor, ocultamiento de una menor y negligencia infantil.
La Oficina del Sheriff del Condado de Monterey ha pedido a la ciudadanía que no se acerque al sospechoso y llame al 911 si lo identifica.
Pero la controversia adquirió una dimensión migratoria luego de que DHS confirmara a The Daily Caller que Galvez Perez se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había emitido contra él una orden de detención migratoria en julio de 2023, después de que fuera arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.
Según DHS, aquella solicitud de detención no fue cumplida por las autoridades locales.
El dato ha convertido el caso en un nuevo ejemplo utilizado por la administración del presidente Donald Trump para cuestionar las políticas santuario de California, que limitan la cooperación de las agencias estatales y municipales con las autoridades federales de inmigración.
Había sido deportado anteriormente
El historial migratorio suministrado por DHS revela además que Galvez Perez ya había sido detenido por ICE en Florida en noviembre de 2007 y posteriormente removido de Estados Unidos en enero de 2008.
Años después regresó ilegalmente al país.
DHS indicó que fue encontrado por la Patrulla Fronteriza cerca de San Ysidro, California, después de reingresar ilegalmente en 2016.
La agencia federal también atribuyó al hombre un historial criminal que incluye conducir sin licencia, conducir bajo los efectos del alcohol, abandonar el lugar de un accidente con daños a propiedad, agresión, violencia doméstica y agresión agravada.
El punto que ahora levanta interrogantes es qué habría ocurrido si la solicitud de ICE de 2023 hubiese resultado en su transferencia a custodia federal.
DHS sostiene que las políticas santuario impidieron que eso ocurriera.
Sin embargo, no existe hasta ahora una determinación judicial que establezca que la política santuario de California causó directamente los posteriores delitos que se le imputan a Galvez Perez. Lo que sí está confirmado por DHS es que ICE emitió el detainer en 2023 y que este no fue atendido.
Una menor convertida en víctima de su propio padre
El caso comenzó a estremecer a California después de que un bebé recién nacido fuera encontrado muerto al lado de una carretera rural en el condado de Monterey durante la mañana del 1 de agosto.
Las autoridades identificaron posteriormente a la criatura como “Baby Angelita”.
La investigación llevó a los agentes hasta una adolescente de 14 años y posteriormente hasta Galvez Perez.
Las autoridades sostienen que la menor quedó embarazada cuando tenía apenas 13 años y han confirmado que Galvez Perez es el padre biológico tanto de la adolescente como del bebé fallecido.
La alguacil del condado de Monterey, Tina Nieto, confirmó públicamente esa relación biológica mientras las autoridades intensificaban la búsqueda del sospechoso y de la adolescente.
El recién nacido fue encontrado muerto junto a Struve Road. Según las autoridades, la menor habría dado a luz en las inmediaciones de la carretera antes de abandonar el lugar.
Una autopsia detectó indicios de trauma, aunque las autoridades no han divulgado públicamente una causa específica de muerte.
Inicialmente se informó que existía una orden de arresto por asesinato contra la menor. Sin embargo, la Fiscalía del Condado de Monterey aclaró posteriormente que la adolescente no ha sido acusada formalmente de asesinato por la fiscalía.
El documento existente es una denominada Ramey warrant, una orden expedida por un juez a solicitud de la Policía antes de que los fiscales presenten cargos.
La Fiscalía enfatizó que considera a la adolescente víctima de un crimen grave y que su prioridad incluye localizarla y garantizar su seguridad.
Ese detalle resulta particularmente importante debido a que la joven aparece simultáneamente vinculada a la investigación sobre la muerte de su bebé y como víctima del presunto abuso sexual cometido por su padre.
California limita cooperación con ICE
California adoptó en 2017 la California Values Act, conocida como SB 54, una de las principales leyes santuario de Estados Unidos.
La legislación limita la utilización de recursos policiales estatales y locales para hacer cumplir las leyes federales de inmigración y restringe las circunstancias bajo las cuales las autoridades pueden cooperar con solicitudes de detención o transferencia de ICE.
El Departamento de Justicia de California defiende la política argumentando que separar la función de la Policía local de la aplicación de las leyes migratorias fomenta la confianza de las comunidades inmigrantes y facilita que víctimas y testigos cooperen con las autoridades.
También señala que SB 54 no impide investigar, arrestar o procesar a una persona por delitos criminales y que las autoridades federales continúan teniendo potestad para realizar sus propias operaciones migratorias.
Los críticos responden que esas restricciones pueden permitir que personas que ya están bajo custodia local vuelvan a las calles aun cuando ICE haya solicitado asumir su custodia.
La administración Trump ha convertido precisamente ese argumento en uno de los ejes de su ofensiva contra las jurisdicciones santuario.
Una orden de ICE que ahora pesa sobre el caso
La controversia de Galvez Perez gira particularmente alrededor del episodio de 2023.
ICE había identificado al individuo, sabía que había regresado ilegalmente al país después de una deportación anterior y solicitó asumir su custodia después de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.
La transferencia no ocurrió.
Tres años después, el mismo hombre es buscado por unas acusaciones considerablemente más graves relacionadas con el presunto abuso sexual de su propia hija y haberla dejado embarazada.
El caso no demuestra por sí solo que una transferencia a ICE hubiera impedido necesariamente los hechos posteriores. Pero sí plantea una pregunta inevitable en el debate sobre las ciudades y estados santuario: ¿qué responsabilidad tienen las políticas que impiden o limitan la cooperación con las autoridades migratorias cuando una persona que pudo haber sido entregada a ICE posteriormente es acusada de delitos violentos?
El Gobierno de California sostiene que la responsabilidad primaria de aplicar las leyes migratorias corresponde al gobierno federal.
La administración Trump sostiene exactamente lo contrario en casos como este: que cuando una jurisdicción tiene bajo custodia a una persona cuya entrega solicita ICE y decide no cooperar, está asumiendo el riesgo de devolverla a la comunidad.
Mientras esa discusión política continúa, la prioridad inmediata de las autoridades del condado de Monterey es otra.
Galvez Perez permanece fugitivo y los investigadores creen que podría estar ocultando a su hija, quien también continúa desaparecida.
Las autoridades consideran posible que ambos permanezcan en California, hayan viajado a otro estado o incluso hayan salido hacia México.
Para los investigadores, se trata primero de localizar a una menor que describen como víctima de un grave abuso y de llevar ante la justicia al hombre acusado de cometerlo.
Para Washington y California, el caso ya se ha convertido además en otra batalla sobre las consecuencias reales de las políticas santuario.
