Excartera del USPS en Puerto Rico culpable por retraso de papeletas electorales
Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a otros tres empleados del correo postal de Estados Unidos
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Un jurado federal en San Juan declaró culpable a María De Lourdes Martínez-Garriga, ex cartero del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), por retrasar y no entregar ilegalmente papeletas de votación adelantada durante la Elección Especial de 2022 en el Distrito de San Juan. La decisión se produjo el pasado 5 de febrero de 2025.
Martínez-Garriga, de 34 años, trabajaba en la Oficina Postal de la 65 de Infantería en San Juan y, según pruebas presentadas en el juicio, retuvo cuatro sobres de correo certificado con papeletas entre el 5 y el 15 de agosto de 2022. Cuatro de los votantes afectados testificaron que nunca recibieron los documentos, a pesar de haberlos solicitado a la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.
“Nuestra democracia depende del derecho de los votantes a emitir su voto y que sea contado. Si los votantes no reciben sus boletas, no pueden ejercer su derecho fundamental al voto”, sostuvo fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas sobre la gravedad del caso.
Por su parte, Tammy Hull, inspectora general del USPS, afirmó que “colocar el correo en manos del Servicio Postal es un acto de confianza pública que todos los empleados deben respetar. La Sra. Martínez violó esa confianza al retrasar la entrega del correo electoral”.
El FBI también resaltó el resultado del caso a través de Joseph González, agente especial a cargo en San Juan y designado Comisionado de la Policía de Puerto Rico estatal, quen afirmó que “cualquier intento de interferir con el correo electoral es una violación de la confianza pública y una amenaza a la democracia”.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a otros tres empleados del USPS en Puerto Rico, acusados de retrasar la entrega de 40 piezas de correo electoral en las mismas elecciones. Los imputados, Christian Benny Díaz-Nieves, Jonathan David Javier-Pinango y Michael Negrón-Cabrera, esperan juicio y podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son declarados culpables.
La Oficina del Inspector General del Servicio Postal de los EE.UU. (USPS-OIG) y el FBI lideran la investigación. La fiscal federal adjunta Michele Colón y la fiscal especial Tania Salas-De Jesús están a cargo de la acusación.