Supremo federal limita poderes judiciales en medio de disputa por ciudadanía al nacer

En una decisión que reconfigura el poder de los tribunales federales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió este viernes que los jueces no pueden emitir órdenes judiciales que bloqueen leyes o políticas del gobierno para todo el país, a menos que todas las personas afectadas estén involucradas en el caso.

La decisión ocurre en el contexto de la controversia legal sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Además, añade un acelerante al repudio a los jueces que sean catalogados como "rogue judges" por el movimiento conservador de la nación.

Este tipo de interdictos, conocidos como "nationwide injunctions", habían sido utilizados por jueces federales para frenar políticas migratorias y sanitarias de administraciones tanto demócratas como republicanas. Ahora, el Supremo en decisión 6-3 limitó su uso al establecer que los remedios judiciales deben beneficiar solo a las partes directamente involucradas.

La decisión surge del caso Trump v. CASA, Inc., en el cual varios grupos demandaron en oposición a la orden presidencial firmada el 15 de febrero que intenta negar la ciudadanía automática a ciertos niños nacidos en territorio estadounidense.

En concreto, la orden "Protecting the Meaning and Value of American Citizenship", mandata al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional no emitir ni aceptar documentación que reconozca la ciudadanía estadounidense si se dan las siguientes condiciones:

● La madre estaba ilegalmente presente en los Estados Unidos y el padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal al momento del nacimiento.

● Si la madre estaba legalmente presente pero de forma temporal y el padre tampoco era ciudadano ni residente permanente.

Tres jueces federales en los estados de Oregon, California y Maryland habían bloqueado la medida para toda la nación, pero el Supremo dictaminó que tal alcance excede el poder concedido por el Congreso.

“La autoridad equitativa conferida a los tribunales no permite emitir órdenes judiciales de carácter nacional que afecten a terceros no demandantes”, afirmó la mayoría del tribunal.

Aunque el Supremo no validó ni anuló la política sobre ciudadanía, su decisión permite que el gobierno federal comience a implementarla con ciertas limitaciones. Los tribunales inferiores deberán ahora restringir sus medidas cautelares a los demandantes específicos de los casos presentados, lo cual deja desprotegidas a miles de personas potencialmente afectadas, a menos que también soliciten un remedio al tribunal.

A pesar de que el foco del fallo fue el asunto procesal sobre cómo y a quién benefician las decisiones judiciales, el tema de fondo permanece latente: ¿puede una orden ejecutiva redefinir el derecho a la ciudadanía establecido en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que data del año 1868. Esa pregunta, clave para el futuro de millones de personas nacidas en Estados Unidos de padres inmigrantes, sigue sin respuesta definitiva.