Tribunal mantiene orden contra jefe del DTOP y ACT en caso de desacato por contrato anulado

La saga para lograr que el jefe de la Autoridad de Carreteras y Transportación dé la cara sobre el millonario contrato adjudicado a una empresa de autobuses sin que esta cumpliera con un crucial requisito de licitación y que se siguió pagando a pesar de que la transacción fue invalidada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico continúa viva.

Y es que el juez superior Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan rechazó hoy, martes, una moción urgente de reconsideración presentada por el también secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y director ejecutivo de ACT, Edwin González Montalvo, en la que buscaba que no se le halle incurso en desacato por no comparecer personalmente al tribunal.

La resolución del togado que declara No ha lugar la moción, se produce en el marco del proceso de desacato civil iniciado contra González Montalvo autorizado vía sentencia final y firme del Tribunal Supremo de Puerto Rico en junio. Esto luego de que el año pasado el máximo foro revisor determinara anular la adjudicación de un contrato mediante un proceso de licitación hecho por la Junta de Subastas de la ACT para contratar guaguas escolares.

En específico, la controversia atendida por el Alto Foro se originó luego de que la empresa Transporte Sonnell impugnara la adjudicación de una subasta por aproximadamente $57 millones a favor de First Transit of Puerto Rico, Inc., para operar y mantener ocho rutas de autobuses que complementan al Tren Urbano. Sonnell fue una de las licitadoras que ofreció proveer el servicio de rutas, pero su propuesta era $10 millones más cara que la enviada por First Transit.

Mediante una sentencia en el caso Transporte Sonnell, LLC v. Junta de Subastas de la Autoridad de Carreteras y Transportación y First Transit PR, Inc., el Supremo anuló la adjudicación al concluir que la empresa no cumplió con los requisitos del pliego de condiciones.

En la sentencia suscrita por la juez asociada Mildred Pabón Charneco, el Tribunal determinó que First Transit presentó estados financieros de su empresa matriz, FirstGroup, PLC., y de otras entidades relacionadas en vez de los suyos para acreditar su capacidad económica, lo que no era aceptable conforme a los pliegos. Ante ello, el Supremo enfatizó que las agencias públicas no pueden considerar los estados financieros de empresas matrices o afiliadas para evaluar la capacidad de una subsidiaria en lugar de la suya en procesos de licitación, y ordenó que la ACT convocara una nueva subasta de así entenderlo procedente.

A pesar de esa sentencia, la ACT continuó pagando miles de dólares a First Transit bajo el contrato invalidado. Por esta razón, en junio de 2025, el Supremo refirió el asunto a la Jueza Administradora de la Región Judicial de San Juan para que se atendiera el asunto mediante un desacato civil.

Como parte de ese proceso en curso en el TPI, el juez Cuevas Ramos emitió una orden aclaratoria requiriendo la comparecencia personal de González para explicar por qué la agencia siguió pagando bajo un contrato anulado. Esa orden fue impugnada por el funcionario mediante una moción urgente de reconsideración cuyo contenido no se ha divulgado públicamente.

Con la resolución de hoy, el tribunal mantiene vigente la orden para que el secretario del DTOP y director ejecutivo de la ACT acuda al tribunal en el marco del procedimiento de desacato civil. Al cierre de este escrito, el funcionario ni su oficina han emitido declaraciones sobre esta controversia.