Cataño acusa a Contralora de publicar informe pese a pleito judicial
Municipio alega que la OCPR ignoró una orden del tribunal y divulgó informe sin darle oportunidad de responder
Por Redacción InDiario|Política|
La controversia por el informe de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico sobre el Municipio de Cataño sumó este sábado un nuevo capítulo, luego de que el ayuntamiento denunciara que la agencia publicó el documento mientras existía un proceso judicial activo ante el Tribunal de Primera Instancia.
La reacción municipal surge después de que, más temprano, el representante Ramón Torres reclamara al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental actuar ante los señalamientos contenidos en el informe de la Contralora, que apuntan a presunto uso indebido de recursos públicos y propiedad municipal.
Ahora, el Municipio de Cataño sostiene que la publicación del informe no solo fue prematura, sino que, a su juicio, representó un desafío al proceso judicial en curso.
Según declaraciones escritas enviadas por el municipio, la controversia estaba ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso de mandamus, presentado luego de que la Oficina de la Contralorapresuntamente se negara a permitir una revisión limitada y confidencial del borrador del informe antes de su divulgación pública.
El municipio indicó que el tribunal había emitido una orden de mostrar causa, mediante la cual ordenó a la Oficina de la Contralora comparecer dentro de cinco días para explicar por qué no debía concederse el remedio solicitado por el ayuntamiento. Ese remedio, según Cataño, buscaba detener la divulgación del informe mientras el tribunal evaluaba los planteamientos presentados.
“La actuación de la OCPR representa un desafío directo al proceso judicial y a la autoridad del Tribunal”, sostuvo el municipio en sus declaraciones.
La administración municipal alegó que la Oficina de la Contralora tenía conocimiento de la demanda, de la orden emitida y de la controversia activa, pero aun así procedió a publicar el informe.
“No se trató de un acto administrativo ordinario. Se trató de una actuación deliberada que tuvo el efecto práctico de derrotar el remedio solicitado”, añadió el municipio.
El planteamiento del ayuntamiento no se limita al momento de la publicación. Cataño también alegó que, previo a la divulgación del informe, había levantado cuestionamientos sobre la objetividad, parcialidad y conducta de uno de los auditores que participó en la investigación.
Según el municipio, esos señalamientos estuvieron apoyados por declaraciones juradas relacionadas con actuaciones que, a su entender, eran incompatibles con un proceso imparcial y objetivo.
La declaración municipal sostiene además que la propia Oficina de la Contralora reconoció haber realizado una investigación interna y que de ese proceso surgieron recomendaciones y acciones correctivas. Sin embargo, Cataño cuestionó que no se informara públicamente cuáles fueron las irregularidades identificadas, qué conducta fue validada, qué medidas correctivas se adoptaron ni cómo se protegió la integridad del proceso investigativo.
El municipio argumentó que la secuencia de eventos resulta “alarmante”, al plantear que primero surgieron cuestionamientos sobre parcialidad investigativa, luego la OCPR reconoció acciones correctivas, más tarde negó acceso al borrador del informe y finalmente publicó el documento aun cuando el tribunal había asumido jurisdicción sobre el asunto.
En sus declaraciones, Cataño rechazó que su reclamo esté dirigido a evitar fiscalización pública.
“La controversia nunca ha girado en torno a evitar fiscalización ni ocultar información pública”, afirmó el municipio.
La administración municipal insistió en que toda investigación gubernamental debe realizarse con objetividad, transparencia y respeto al debido proceso, particularmente cuando se trata de señalamientos que pueden afectar institucionalmente a un municipio, funcionarios públicos y la confianza ciudadana.
El Municipio de Cataño calificó el informe como “viciado, incompleto y deficiente”, y alegó que fue producto de una investigación carente de transparencia y de elementos esenciales del proceso. Además, sostuvo que la publicación limitó su derecho a responder a los hallazgos antes de que fueran divulgados públicamente.
El ayuntamiento anticipó que continuará ejerciendo los remedios disponibles en derecho para atender la actuación de la Oficina de la Contralora, proteger sus garantías procesales y defender la integridad institucional del municipio.
Con esta reacción, la controversia queda planteada en dos frentes: por un lado, el reclamo legislativo de que Justicia y Ética investiguen los hallazgos del informe; por el otro, la defensa del municipio, que ahora sostiene que la publicación del documento ocurrió en medio de una disputa judicial que aún no había sido resuelta.
