Evalúan devolver autonomía a la Oficina de Permisos

La Comisión de Gobierno del Senado, presidida por Ángel Toledo, celebró una vista sobre el Proyecto del Senado 968, que busca reconfigurar la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como una instrumentalidad pública con autonomía operacional y fiscal, separada del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El DDEC se opuso a la medida. Su asesor legal, Luis Méndez, argumentó que el proyecto "distrae de una reforma de permisos verdaderamente transformativa" y que separar la OGPe intensificaría los problemas estructurales que la administración busca eliminar. Méndez sostuvo que la consolidación de la OGPe bajo el DDEC, establecida por la Ley 141-2018, fue un reconocimiento legislativo de que los procesos de permisos son un instrumento de la política de desarrollo económico.

A preguntas de Toledo sobre el presupuesto, Méndez indicó que la OGPe genera alrededor de $30 millones y puede cubrir sus esfuerzos programáticos con sus propios ingresos, aunque eso no incluye los gastos de apoyo operacional que recibe del DDEC. Se comprometió a entregar el detalle presupuestario más adelante.

Toledo señaló que existe "un poco de desarticulación" en cuanto a dónde termina la función del DDEC y dónde comienza la de la OGPe. "Aparentemente, en la articulación de las dos agencias hay un poco de confusión, por falta de una mejor palabra, entre qué le toca a una, qué le toca a la otra", expresó el presidente de la Comisión, aclarando que no se refería a conflictos entre los jefes de ambas entidades.

El autor de la medida, el senador Wilmer Reyes, preguntó quién decide cómo se gasta el dinero en la OGPe. Méndez explicó que bajo la Ley 161-2009, enmendada por la Ley 141-2018, la OGPe fue subordinada administrativa y operacionalmente al DDEC, pero conservó su capacidad operacional técnica. "La OGPe administra su dinero, pero tiene unas funciones de back office que le provee el DDEC, que sí contempla una subordinación en el tema de finanzas y de contratación", dijo.

Cuando Reyes preguntó por qué no darle independencia a la OGPe, Méndez respondió que un Task Force de Permisos de la administración ya reconoció que el problema principal del sistema es estructural, con decenas de leyes, reglamentos y agencias involucradas en la otorgación de permisos, y que añadir otra estructura complicaría el panorama. Reyes replicó que la medida no busca crear otra agencia.

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) también expresó reservas. Carmen Guillén, representante de la agencia, indicó que crear una entidad con autonomía operacional y fiscal conlleva riesgo de duplicidad de funciones y es contrario al Plan Fiscal certificado, que promueve la consolidación de funciones administrativas. Guillén sugirió que el problema requiere un análisis más granular, evaluando por regiones cuáles permisos están más atrasados y por qué.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AFFAF) señaló que no existe un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que cuantifique el impacto fiscal del proyecto, lo que limita la información disponible para estimar costos de transición y necesidades presupuestarias.

La OGPe, que se excusó de la audiencia, presentó ponencia escrita. Su secretario auxiliar, Norberto Almodóvar, sostuvo que la adscripción al DDEC fue diseñada como una acción de coordinación administrativa que no alteró la autonomía decisional ni la especialización técnica de la oficina en la gestión de permisos.

El Colegio de Ingenieros y Agrónomos fue la única entidad en apoyar la medida. Su presidente, el agrimensor Carlos Fournier, indicó que el proyecto "representa un ajuste administrativo prudente y consistente con la evolución histórica del sistema de permisos".