Gobernadora propone eliminar IVU en alimentos preparados, restaurantes lo apoyan
Restaurantes, la Cámara de Comercio liderada por cabilderos no registrados y el PPD apoyan la exención del impuesto solo en alimentos preparados por 3 meses
Por Redacción InDiario|Política|
La propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón para eliminar temporalmente el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los alimentos preparados durante noviembre y diciembre recibió el respaldo de ASORE, la Cámara de Comercio liderada actualmente por cabilderos y del Partido Popular Democrático (PPD), aunque su implementación permanece condicionada a la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
La mandataria anunció este viernes que sometió al organismo fiscal una solicitud para suspender el cobro del impuesto en restaurantes y establecimientos de comida, como parte de una serie de medidas dirigidas a mitigar el impacto del aumento en los costos de electricidad.
"Hoy estoy sometiendo a la Junta de Supervisión Fiscal una medida para que evalúe y valide una exención temporera sobre el impuesto de ventas y uso, IVU, sobre alimentos preparados en restaurantes y establecimientos de comida durante los meses de noviembre y diciembre", expresó González Colón.
La gobernadora explicó que, de recibir el aval de la Junta, la exención podría implementarse mediante una determinación administrativa del secretario de Hacienda.
Por el momento, el impuesto continúa vigente y su suspensión dependerá de la evaluación fiscal correspondiente.
Restaurantes reclaman acción inmediata
La presidenta de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Sonia Navarro, respaldó la iniciativa y solicitó a la Junta Fiscal que atienda la propuesta con urgencia.
Navarro recordó que su organización lleva reclamando la eliminación del IVU en alimentos preparados desde febrero, cuando comenzaron a agravarse las dificultades relacionadas con los servicios de agua y electricidad.
La portavoz del sector gastronómico sostuvo que la exención representaría un alivio directo para los consumidores y podría contribuir a estimular la actividad económica de los restaurantes, particularmente los pequeños y medianos establecimientos.
Asimismo, señaló que los alimentos preparados forman parte de las necesidades cotidianas de numerosas familias y que la discusión sobre el impuesto debe considerar tanto su impacto fiscal como sus consecuencias económicas y sociales.
Cámara de Comercio también respalda la medida
El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, el cabildero ligado a Pablo José Hernández, José "Che" Aparicio, también expresó su respaldo a la propuesta gubernamental.
Aparicio indicó que los comerciantes enfrentan crecientes dificultades para mantener sus operaciones debido al aumento en los costos de electricidad y otros gastos operacionales.
"La Cámara de Comercio de Puerto Rico apoya esta iniciativa que busca amortiguar las incesantes cargas operacionales que enfrentan nuestros comercios en medio de la emergencia económica que vivimos", manifestó.
El dirigente empresarial destacó que las medidas de alivio económico pueden contribuir a estimular el consumo, preservar empleos y mantener la actividad comercial.
PPD pide ampliar las medidas de alivio
Por su parte, el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, reconoció que la gobernadora acogiera una de las propuestas que su delegación había promovido durante los pasados meses.
"Finalmente, la Gobernadora acogió una de las medidas que llevamos meses proponiendo desde la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes: suspender temporalmente el IVU en los alimentos preparados", expresó Ferrer Santiago.
Sin embargo, advirtió que la suspensión del impuesto no debe ser la única respuesta gubernamental al encarecimiento del costo de vida.
El legislador exhortó al Ejecutivo a considerar otras dos iniciativas impulsadas por la delegación popular: suspender temporalmente los arbitrios sobre la gasolina y el diésel, y establecer un incentivo contributivo reembolsable dirigido a trabajadores y contribuyentes de clase media.
Ferrer Santiago informó que el jueves solicitó una reunión con el director ejecutivo de la Junta Fiscal, Robert Mujica Jr., para discutir estas alternativas y examinar mecanismos que permitan implementarlas de manera fiscalmente responsable.
Junta Fiscal evaluará la propuesta
En declaraciones escritas, Mujica confirmó que el organismo recibió las propuestas de la gobernadora luego de su anuncio público y que procederá a evaluarlas.
La Junta reconoció que los elevados costos de electricidad afectan directamente a las familias y los negocios, pero reiteró que cualquier iniciativa debe ser compatible con la estabilidad fiscal de Puerto Rico.
La propuesta surge luego de que el Negociado de Energía autorizara un incremento neto de aproximadamente 5.28 centavos por kilovatio hora para el trimestre de octubre a diciembre.
Como resultado, un consumidor residencial no subsidiado que utiliza 800 kilovatios hora mensuales enfrentaría una factura estimada de $270.86, en comparación con los $228.59 del trimestre anterior.
Otras iniciativas para enfrentar los costos energéticos
Además de la propuesta relacionada con el IVU, González Colón anunció la presentación de dos medidas legislativas para establecer en Puerto Rico el programa Commercial Property Assessed Clean Energy (C-PACE).
El mecanismo permitiría financiar instalaciones de placas solares, sistemas de almacenamiento de energía y estaciones de carga para vehículos eléctricos en propiedades comerciales, sin requerir un desembolso inicial.
La administración también identificó $3 millones mediante el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para beneficiar a unas 1,000 pequeñas y medianas empresas con iniciativas de apoyo energético.
Asimismo, anunció recursos para programas de eficiencia energética residencial y asistencia a familias con dificultades para pagar sus facturas eléctricas.
Mientras tanto, la posible suspensión del IVU durante noviembre y diciembre queda en manos de la Junta de Supervisión Fiscal, cuyo aval será determinante para que los consumidores puedan beneficiarse de la exención anunciada por La Fortaleza.




