Javy Hernández exige respuestas por $362 millones

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, volvió a reclamar explicaciones a la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ante los problemas registrados tras la implantación de Íntegra PR, mientras permanecen pendientes unos $362.1 millones en obligaciones correspondientes al año fiscal 2026.

Hernández Ortiz sostuvo que los atrasos reportados en pagos a empleados, contratistas y suplidores requieren que el Ejecutivo presente un plan concreto para normalizar las operaciones del nuevo sistema Enterprise Resource Planning (ERP).

“Hace más de un mes levantamos la bandera. Advertimos que empleados, suplidores y contratistas del gobierno estatal estaban teniendo problemas para cobrar y presentamos información que demostraba serias deficiencias en el proceso de implantación. Esto no apareció ayer”, expresó el senador.

La delegación popular había denunciado desde el 24 de agosto dificultades relacionadas con la transición a Íntegra PR y reclamado explicaciones sobre los atrasos.

Según información relacionada con una extensión concedida por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), permanecen pendientes aproximadamente $362.1 millones en obligaciones correspondientes al año fiscal 2026. La Junta extendió hasta el 31 de octubre el periodo para completar el procesamiento y pago de esas obligaciones.

La cifra, sin embargo, no representa necesariamente en su totalidad deuda exclusivamente con suplidores ni significa que cada obligación pendiente responda directamente a una falla de Íntegra PR. La extensión está relacionada con obligaciones comprometidas al cierre del pasado año fiscal cuyo procesamiento coincidió con la transición al nuevo sistema financiero.

“Detrás de esos números hay suplidores que tienen nómina, pequeños comerciantes que tienen que pagar sus cuentas y trabajadores que prestaron servicios y esperan por el dinero que se les adeuda. Y no saben cuándo van a cobrar”, sostuvo Hernández Ortiz.

Señala impacto más allá del sistema tecnológico

El portavoz popular destacó particularmente los atrasos denunciados por contratistas del Negociado de la Policía de Puerto Rico que ofrecen servicios relacionados con víctimas de violencia doméstica y delitos sexuales.

“Cuando denunciamos las fallas de Íntegra PR no estábamos hablando simplemente de computadoras o de un problema tecnológico. Advertíamos sobre las consecuencias que una implantación deficiente podía tener sobre los servicios que recibe la gente”, indicó.

Los problemas con el ERP han trascendido durante las últimas semanas. La propia gobernadora reconoció recientemente que durante una implantación de esta magnitud han surgido situaciones que requieren ajustes y aseguró que su administración trabaja para resolver los inconvenientes durante este semestre.

La administración también ha informado que Íntegra PR opera en decenas de agencias y ha procesado miles de millones de dólares en desembolsos desde su lanzamiento.

Proyecto ronda los $100 millones

Íntegra PR comenzó su primera fase en julio como parte del esfuerzo para sustituir y centralizar sistemas financieros utilizados por el gobierno. El proyecto llevaba más de una década en desarrollo y su implantación ha requerido cerca de $100 millones desde 2015.

Al anunciarse el sistema, el Ejecutivo destacó que permitiría estandarizar procesos financieros y de compras, mejorar la visibilidad de las transacciones gubernamentales y fortalecer los controles presupuestarios.

Hernández Ortiz entiende que precisamente esa inversión obliga al gobierno a ofrecer explicaciones detalladas sobre los problemas experimentados durante la transición.

“Íntegra PR fue presentado como una herramienta para modernizar las finanzas del gobierno. Precisamente porque se han invertido cerca de $100 millones en su desarrollo e implantación, Puerto Rico tiene derecho a conocer qué falló, quién tenía la responsabilidad de anticiparlo y cuánto está costando corregirlo”, expresó.

El senador reclamó que la administración publique un informe con el monto pendiente por agencia, la cantidad de suplidores y empleados afectados, la antigüedad de las obligaciones y un calendario para completar los pagos.

También anticipó que solicitará información sobre los costos de implantación de Íntegra PR, los contratos relacionados con su implementación y adiestramiento, así como las medidas correctivas adoptadas desde que comenzaron a identificarse dificultades.

Mientras tanto, el plazo autorizado por la Junta Fiscal coloca el 31 de octubre como una fecha clave para completar el procesamiento de las obligaciones pendientes del año fiscal 2026.