Juan Oscar Morales Rodríguez radica medida para regular el cabildeo
El Proyecto del Senado 1190 incluye un periodo de enfriamiento de cuatro años para exfuncionarios y multas de hasta $100,000 por incumplimiento.
Por Redacción InDiario|Política|
El senador por el Distrito de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas, Juan Oscar Morales Rodríguez, radicó el Proyecto del Senado 1190, una medida que busca crear la "Ley para el Establecimiento de un Marco Regulatorio Estricto del Cabildeo en Puerto Rico", con el propósito de fortalecer la transparencia gubernamental, prevenir la corrupción y garantizar que los procesos de toma de decisiones en el Estado respondan al interés público y no a influencias indebidas.
"Con esta legislación, buscamos elevar los estándares éticos de nuestra gestión gubernamental a niveles comparables con las jurisdicciones más estrictas del mundo. El acceso al poder no puede depender de la capacidad económica de unos pocos, sino del bienestar de todos los puertorriqueños. Es momento de cerrar las puertas a la influencia desmedida y asegurar que cada interacción entre el sector privado y el público sea transparente y fiscalizable", expresó Morales Rodríguez.
Uno de los pilares de la medida es la implementación de un periodo de enfriamiento de cuatro años para cualquier persona que haya ocupado cargos en las ramas ejecutiva, legislativa, judicial, municipal o agencias federales en Puerto Rico. La disposición prohíbe a estos exfuncionarios ejercer funciones de cabildeo inmediatamente después de su servicio público, atacando directamente el fenómeno de la "puerta giratoria", donde se utiliza información privilegiada para beneficio privado.
De manera significativa, la prohibición se extiende también a los cónyuges de los exfuncionarios, reconociendo que los vínculos familiares han sido utilizados históricamente como mecanismos indirectos para evadir restricciones éticas.
Quienes incumplan las disposiciones del PS 1190 enfrentarán multas de hasta $100,000, la inhabilitación permanente para ejercer el cabildeo y responsabilidad penal. La medida también transforma el actual Registro de Cabilderos administrado por el Departamento de Justicia, otorgándole mayor fuerza normativa para verificar el cumplimiento de criterios de elegibilidad y requisitos de divulgación previo a cualquier inscripción.
La pieza legislativa toma como referencia marcos regulatorios como el Lobbying Disclosure Act y el Honest Leadership and Open Government Act a nivel federal, así como las leyes de Nueva York y California. A nivel internacional, el proyecto se alinea con los sistemas de Canadá y el Reino Unido, que cuentan con registros públicos obligatorios y amplias facultades de fiscalización.
La exposición de motivos del proyecto subraya que, aunque el cabildeo es una manifestación legítima del derecho de petición al gobierno, su ejercicio sin controles rigurosos puede degenerar en conflictos de interés y corrupción pública, situación que, según el senador, ha erosionado históricamente la confianza ciudadana en la isla.
