Legislatura impulsa petición de estadidad para Puerto Rico

La discusión sobre el estatus político volvió este jueves al centro de la agenda legislativa con dos medidas que apuntan en una misma dirección política: reclamar al gobierno federal la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión y detener la expedición de los Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña por parte del Departamento de Estado.

Durante su sesión ordinaria del jueves, el Senado aprobó la Resolución Conjunta del Senado 204, una medida de administración presentada por la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP), que además de conmemorar el Semiquincentenario de Estados Unidos solicita al presidente y al Congreso iniciar la admisión de Puerto Rico como estado.

La acción coincide con el trámite de la Resolución Conjunta de la Cámara 348, de la autoría del representante novoprogresista Ángel Morey Noble, que ordenaría al Departamento de Estado dejar de emitir los denominados Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña y derogar el Reglamento 7347, que regula su expedición desde 2007.

Senado vuelve a reclamar la estadidad

La Resolución Conjunta del Senado 204 fue llevada ante el cuerpo legislativo como parte de la agenda de la mayoría novoprogresista y recibió el aval del Senado este jueves.

La medida solicita directamente al presidente de Estados Unidos y al Congreso la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, recordó durante el debate que no se trata de la primera expresión de esta Asamblea Legislativa sobre el asunto.

“La Resolución Conjunta del Senado 204 no constituye la primera expresión legislativa sobre este asunto. La primera fue la Resolución Concurrente del Senado 1, aprobada por este cuerpo el primer día de sesión y posteriormente por la Cámara de Representantes, en febrero”, expresó Rivera Schatz.

La Resolución Concurrente del Senado 1, radicada el 2 de enero de 2025, reclamó al presidente y al Congreso terminar con el actual estatus territorial e iniciar el proceso para admitir a Puerto Rico como estado, utilizando como fundamento el resultado del plebiscito del 5 de noviembre de 2024.

En aquella consulta, la estadidad obtuvo oficialmente 58.61% de los votos válidamente adjudicados a las alternativas, con 620,782 sufragios. La libre asociación recibió 313,259 votos, equivalentes al 29.57%, y la independencia 125,171, para 11.82%, de acuerdo con la certificación final de la Comisión Estatal de Elecciones.

La estadidad, sin embargo, no puede ser concedida unilateralmente por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. La admisión de nuevos estados es una facultad del Congreso de Estados Unidos bajo la Constitución federal, por lo que las resoluciones aprobadas en San Juan funcionan como peticiones políticas al gobierno federal.

Buscan eliminar certificado de ciudadanía puertorriqueña

Paralelamente, la controversia sobre la ciudadanía tomó otro giro con la Resolución Conjunta de la Cámara 348, presentada el pasado 11 de mayo por Morey Noble.

El texto de la medida dispone expresamente ordenar al Departamento de Estado “cesar la expedición de Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña” y derogar el Reglamento Núm. 7347, al sostener que este resulta incompatible con el ordenamiento jurídico vigente en materia de ciudadanía.

El Reglamento 7347 fue aprobado en 2007 bajo el título “Reglamento del Secretario de Estado para regir el Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Certificados de Ciudadanía Puertorriqueña”. Documentos oficiales del Gobierno todavía lo identificaban entre los reglamentos vigentes del Departamento de Estado durante el proceso de transición gubernamental de 2024.

De completarse el trámite legislativo de la Resolución Conjunta 348, el Departamento de Estado dejaría de expedir ese documento y se derogaría el reglamento que estableció el procedimiento administrativo para obtenerlo.

Esto no equivale a retirar la ciudadanía estadounidense a ninguna persona ni afecta los certificados de nacimiento, pasaportes estadounidenses u otros documentos federales de ciudadanía.

Una controversia con antecedentes en el Supremo

La discusión tiene además un trasfondo jurídico que precede por décadas al actual debate político.

En Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, resuelto en 1997, el Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó extensamente el concepto de ciudadanía puertorriqueña y sostuvo que dentro del ordenamiento local existe una ciudadanía de Puerto Rico —identificada constitucionalmente con el Estado Libre Asociado— aunque aclaró que no constituye la ciudadanía nacional de un país o estado independiente.

Años más tarde, el Departamento de Estado promulgó el Reglamento 7347 y comenzó a expedir el certificado que ahora la medida legislativa busca eliminar.

Por ello, derogar el reglamento y cesar la expedición del certificado no necesariamente elimina por sí solo todas las referencias jurídicas al concepto de ciudadanía de Puerto Rico, que aparecen en otras fuentes del ordenamiento puertorriqueño y han sido discutidas por el Tribunal Supremo.

Lo que sí desaparecería, de convertirse la medida en ley, es el mecanismo administrativo mediante el cual el Departamento de Estado certifica esa condición mediante un documento oficial.

Dos medidas y un mismo debate político

Las acciones legislativas colocan nuevamente frente a frente dos conceptos que han acompañado durante décadas el debate de estatus: por un lado, la mayoría del PNP sostiene que la ciudadanía estadounidense y la igualdad política mediante la estadidad deben constituir el eje de la relación futura con Estados Unidos; por otro, sectores autonomistas e independentistas han defendido históricamente la existencia y reconocimiento de una ciudadanía puertorriqueña dentro de distintos modelos políticos.

Rivera Schatz defendió la nueva resolución de admisión como parte de la obligación del movimiento estadista de continuar presionando al Congreso.

“Cada defensor de una opción de estatus hará lo que le corresponda para adelantar su causa”, señaló el presidente senatorial.

La aprobación en Puerto Rico de una resolución reclamando la estadidad no obliga al Congreso a actuar, de la misma manera que eliminar el Certificado de Ciudadanía Puertorriqueña no altera por sí solo el estatus territorial de la isla.

Sin embargo, ambas acciones reflejan una estrategia legislativa más amplia de la mayoría novoprogresista dirigida a fortalecer institucionalmente su reclamo de integración permanente a Estados Unidos mientras elimina del aparato administrativo del Gobierno mecanismos que considera incompatibles con esa visión política.